Por: Redacción

Con la finalidad de armonizar la normatividad secundaria, como la Ley Electoral de la Ciudad de México, se vigilará que se garanticen la tipificación de la Violencia Política de Género, el principio de Igualdad Sustantiva y el reconocimiento pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, a fin de lograr la igualdad sustantiva de género.

Así lo manifestó la diputada Elizabeth Mateos Hernández, vocera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al ratificar su compromiso para que este derecho se establezca en el paquete de reformas que se presentaron en el inicio del actual periodo ordinario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Indicó que los legisladores de la fracción perredista entregaron una iniciativa en la que ya se contemplan estos principios en las leyes Procesal, Orgánica del Tribunal Electoral, Orgánica del Instituto Electoral, todas de la Ciudad de México, el Código Penal y la Ley de Participación Ciudadana locales.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables de la ALDF indicó que en el apartado de Delitos Electorales, se homologarán con la legislación federal las sanciones por conductas de violencia política y su derivación cuando se hace en razón de género; bajo este orden de ideas, se buscará castigar penalmente la persecución o el acoso, antes y durante las campañas políticas.

“Para generar un cambio es preciso contrarrestar acciones en perjuicio de las mujeres, como las expresiones de acoso político, discriminación y violencia contra precandidatas y candidatas; simulación de elecciones primarias para eludir la cuota, sustituciones arbitrarias o presión para que renuncien a favor de sus suplentes”, dijo.

Respecto de las leyes orgánicas de la Administración Pública Local y de las Alcaldías, Mateos Hernández resaltó que blindarán el principio de paridad de género al establecer como una responsabilidad de los titulares de órganos administrativos, dependencias y organismos autónomos, que 50 por ciento  de los cargos públicos catalogados de altos mandos o directivos sean ocupados por mujeres.

En caso de incumplir con esta obligación en igualdad de condiciones y salarios, la legisladora se pronunció por impulsar la aplicación de sanciones administrativas o penales contra funcionarios que se opongan al crecimiento profesional de este sector de la población.