• “Vital, investigarlas, que tengan validez para las autoridades, y salvaguardar la secrecía e integridad de las víctimas”, aseguró el diputado Roberto Hernández.

Por: Redacción/

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) planteó reformar la fracción III del artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, con el fin de que el Ministerio Público de la Federación pueda recibir denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios electrónicos, e incluso por medio de denuncias anónimas.

El documento enviado a la Comisión de Justicia, precisa que a pesar de que la fracción II del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla la denuncia anónima, es conveniente armonizar tal precepto en la Ley de la Fiscalía General de la República.

Además, detalla que el artículo 41 fracción II de la Ley de la Fiscalía General de la Republica, da facultades a las personas agentes de la Policía Federal Ministerial de constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, pero dicha ley no regula dentro de su texto la denuncia anónima, porque solo se limitan a constatar la información, pero no el accionar del proceso administrativo de la Fiscalía General.

Por ello, sugiere que las denuncias anónimas sean investigadas y tengan la misma validez para las autoridades y se salvaguarde la secrecía de las víctimas y con ello su integridad.

Menciona que las conductas antijurídicas son un problema social complejo, “en México de cada 100 delitos que se cometen solo 6.4 se denuncian”. Uno de los motivos más significativos dentro de esta omisión por las víctimas se debe a la incompleta legislación de la denuncia anónima y el miedo a las represalias por parte de la delincuencia.

Relata que al hacer una denuncia o querella con los documentos de identidad que exige la ley, con el fin de respaldar el procedimiento, se teme recibir actos de intimidación y represalias en su contra, a tal grado de afectar la vida diaria del individuo.

La denuncia anónima, subraya, trae consigo proteger la integridad, dignidad, vida o empleo de la víctima y así no quede vulnerable ante más actos ilícitos y de las células delincuenciales organizadas.

“Si dicha práctica llegara a nivel nacional, los afectados y/o testigos tendrán la seguridad y confianza de cooperar con las autoridades correspondientes, generando información y elementos que permitan identificar, investigar y perseguir el delito, sobre todo los de alto impacto”, afirma.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito (Envipe, 2020), en el país hubo 30.27 millones de delitos declarados por la población mayor de 18 años en nuestro país. De esa suma, 92.4 por ciento de los delitos no fueron denunciados y constituyen lo que las y los expertos denominan como la cifra negra.

Expone que las entidades federativas como la Ciudad de México han llevado a cabo en sus ordenamientos esta medida, a fin de proteger a los denunciantes de delitos de alto impacto; sin embargo, la regulación que permite la denuncia anónima solo tiene su ámbito de aplicación a nivel local o estatal, por lo que, se propone que también pueda ser considerada en el ámbito federal.