Por: Redacción/

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, impulsa una serie de iniciativas para “cerrar la llamada puerta giratoria” en el sistema de justicia, sellar las fisuras legales que permitan la impunidad y dotar de herramientas a los gobiernos federal y locales para combatir los problemas de inseguridad.

Uno de esos proyectos, apuntó, es una reforma al artículo 19 de la Constitución Política para considerar a la extorsión como delito grave, pues este ilícito ha sido una de las maneras por las que se ha extendido la delincuencia organizada en diversos lugares de país y una forma por la cual se ha manifestado la corrupción.

“Básicamente ha ocurrido un traslado de grupos de la delincuencia organizada hacia este tipo de delitos, de los cuales son víctimas muchos empresarios y comerciantes establecidos. Esto golpea a la economía”, advirtió el senador en conferencia de prensa.

En la iniciativa se expone que la extorsión es el segundo mayor delito cometido en México, sólo por debajo del robo en la calle o en transporte público. En 2017, se agrega, se estimaron 6.6 millones de casos, lo que representa una tasa de siete mil 719 extorsiones por cada 100 mil habitantes.

Martí Batres insistió en que es necesario incorporar en la Carta Magna delitos graves como la extorsión porque sin un soporte constitucional se permite que “salgan libres los delincuentes” por medio de amparos y otras herramientas jurídicas.

“Es muy importante que dotemos de herramientas a los gobiernos federal y locales, para ir cerrando la llamada puerta giratoria. Porque actualmente detienen a un delincuente y sale de la cárcel rápidamente”.

Este mecanismo, agregó, consta de muchos factores: tiempos cortos en los que se tienen que acreditar ciertos elementos por parte de los órganos de procuración de justicia; características de los delitos que permiten salir bajo fianza y una serie de cuestiones adicionales que hacen que los delincuentes estén afuera en la calles.

En 2012, en la Ciudad de México había 42 mil internos en las cárceles, ahora hay aproximadamente 25 mil. No quiere decir que necesariamente los presos se readaptaron socialmente, “lo que quiere decir es que cambiaron las reglas, las normas y eso ha dificultado que personas que comenten ilícitos se encuentres detenidas”.

La iniciativa, asentó, es un perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia penal. “Que no haya fisuras en la ley que permitan la impunidad, ése es el objetivo”. Hay que hacer los ajustes que sean necesarios para que, sin desaparecer el sistema penal acusatorio, sí tengamos los instrumentos necesarios para que se puedan castigar los delitos.

El senador Martí Batres también adelantó que presentará una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución Política, a fin de que se faculte al Congreso para legislar en materia de cuerpos de reserva. El propósito es organizar, armar y disciplinar a sus elementos, así como asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria.