Por: Redacción/

La emergencia sanitaria evidenció el impacto de la brecha digital en la población, por ello resulta fundamental analizar diversas vías para llevar la justicia abierta a las regiones del país donde resulta difícil acceder a las tecnologías de la información, afirmó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Oscar Guerra Ford.

“Hay información que no está llegando tanto en materia de salud y en aquellos lugares donde no hay un problema tan fuerte de la pandemia, pero hay un problema de actividad económica impresionante y no saben a qué apoyos pueden acceder o de qué forma pueden acceder a los microcréditos”, apuntó.

Durante el Congreso virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco de COVID19, Guerra Ford subrayó que ante la situación de emergencia que se vive en el país las instituciones deben redoblar esfuerzos para contribuir, desde su esfera de competencia, a que el país salga adelante lo más pronto posible.

Al moderar la mesa “Justicia abierta y rendición de cuentas ante la crisis de salud”, Guerra Ford destacó la importancia de que instituciones como el INAI y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contribuyan a un debate nacional donde escuchar opiniones calificadas sobre el papel que pueden tener diversos instrumentos como la justicia abierta para que los Estados rindan cuentas y transparenten su actividad.

“Las instituciones del Estado mexicano, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguen trabajando, adaptándose a las circunstancias, tomando las medidas que las autoridades han recomendado a la ciudadanía, pero sin dejar de llevar a cabo sus funciones y competencias”, enfatizó.

El Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Enrique Figueroa Ávila, apuntó que las medidas de distanciamiento social no deben justificar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas del TEPJF. “La presente contingencia sanitaria en modo alguno puede justificar que el quehacer institucional quede al margen o fuera del escrutinio de la ciudadanía, ni que la política de justicia abierta deba detenerse, por el contrario, la situación actual debe de aprovecharse para empujar con mayor proactividad el cumplimiento de la política de justicia abierta y las obligaciones y rendición de cuentas con nuevos mecanismos, principalmente los construidos por las TICs”.

La Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del ITEI, destacó que, desde hace varios años, los órganos garantes de transparencia han sumado esfuerzos con la sociedad civil y con las propias entidades gubernamentales para promover y consolidar el escrutinio ciudadano sobre las actividades públicas. “La pandemia, ha sido un detonador de la reflexión en torno a los temas que necesitan la atención urgente y prioritaria en nuestro país y ha sido un catalizador para impulsar la transformación digital en el servicio público”.

El Investigador del CIDE, José Antonio Caballero Juárez, resaltó que debe considerarse una política de transparencia para dar a conocer la información sobre los criterios que determinen los casos urgentes que deben atenderse durante las situaciones de emergencia. “La rendición de cuentas aquí es muy clara ¿Se está garantizando el acceso a la justicia durante la pandemia? ¿Estos criterios de urgencias realmente son los suficientemente flexibles para atender las necesidades existentes?”.

El Jefe de la Unidad Académica de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, Alfonso Herrera García, indicó que la rendición de cuentas no solo se trata de que los tribunales se encarguen de transparentar cómo se utilizan los recursos y cómo se implementan medidas para enfrentar un fenómeno como la contingencia sanitaria. Sino que, además, tienen la obligación de ejercer de manera efectiva la forma en que se comunica una decisión judicial. “La rendición de cuentas no se cumple de manera adecuada en el deber que existe para los tribunales, si estos conceptos, y estas informaciones, y estas baterías no son precisas, adecuadas y se encuentran en efecto al alcance de la ciudadanía”.

Finalmente, el profesor e investigador del CIDE, Guillermo Cejudo Ramírez, indicó que las condiciones extraordinarias, durante la pandemia, si bien obligan a una adaptación a una respuesta, a una creatividad, para atenderlas, no suplen la operación rutinaria en los hogares, en los trabajos, en las empresas, en las instituciones y en los procesos de rendición de cuentas. “Las instituciones que son destinatarias de procesos de rendición de cuentas, como el INAI y los tribunales, tienen que contar, de ahora en adelante, con una capacidad de responder con los mecanismos e instrumentos con los que ya cuentan en los momentos extraordinarios”.