Por: Redacción

A partir de la necesidad que encuentran algunas personas que, para sobrevivir, sanar o simplemente como auxilio a su discapacidad, requieren elementos adicionales que, por sus características específicas, necesitan de un suministro eléctrico más allá del convencional, la diputada Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF, Beatriz Olivares exhortó al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que genere un programa para exentar de pago por suministro de electricidad a las personas con algún tipo de discapacidad cuyos aparatos de asistencia requieran de este servicio para funcionar.

 La legisladora señaló que también se deberán efectuar mesas de trabajo para que esta propuesta se aplique también para quienes tengan una enfermedad que requiera el uso de aparatos médicos y “pueda revisarse en una  mesa de trabajo con la CFE sobre cómo medir y así disminuir el costo”.
Afirmó que a la fecha no se cuenta en el país con una política social que subsane esta necesidad y de la cual el Estado se haga cargo, “no venimos a solicitar una dádiva ni una componenda adicional o un elemento de cooptación, lo que solicitamos es estricta justicia para aquellas personas que se encuentran en una situación de franca desventaja”.
Añadió que se requiere que la CFE genere un convenio, o un programa específico, en todo el país para que las personas con discapacidad que requieren de elementos, aparatos adicionales o auxiliares que necesiten de electricidad para su funcionamiento, cuenten con una exención o una tarifa preferencial.
“Quienes sabemos lo que cuesta, tanto en número como en horas empleadas, el tratamiento de alguna persona con discapacidad, entendemos perfectamente que lo anterior no es para sacar ventaja en lo absoluto, reiteró, es plena justicia para aquellas personas con este tipo de desventaja y para la economía de sus familias”, expresó.
“El caso de las personas con discapacidad es un asunto complejo, en virtud al cúmulo de discapacidades y las condiciones específicas de cada una de las personas en esta condición. Esto, lejos de desalentarnos para cumplir con sus necesidades primarias, debe de generar conciencia y trabajo puntual”, mencionó.
Precisó que en México se han realizado diferentes esfuerzos para determinar el número de personas con discapacidad y sus características: a través de los intentos de medición efectuados, entre otros, en las boletas censales de la primera mitad de siglo (en los censos de 1895, 1900, 1910, 1921, 1930 y 1940); en la Encuesta Nacional de Inválidos 1982, de la Secretaría de Salud (SSA); en el Conteo de Población y Vivienda 1995; y en el Registro Nacional de Menores con Discapacidad 1995 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sin embargo, resaltó que a pesar de estos avances se reconocen ciertas limitaciones en la información disponible, y alguna falta de homogeneidad en los criterios para clasificar y captar a esta población.
Por eso, enfatizó que para la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes es necesario saber el número de los destinatarios, así como sus características específicas, con el objeto de generar indicadores que nos permitan medir, evaluar y, en su caso, modificar la política pública concreta.

Finalmente, dijo que en el caso de las personas con discapacidad es harto complejo, en virtud al cúmulo de discapacidades y las condiciones específicas de cada una de las personas en esta condición, sin embargo, “lejos de desalentarnos para cumplir con sus necesidades primarias, debe de generar conciencia y trabajo puntual”.