Por. Redacción/

Zeid Ra’ad Al Hussein instó a poner fin inmediatamente a las ejecuciones y urgió a las autoridades bengalíes a procesar ante la justicia a los responsables de tan grave violación de las garantías fundamentales.

Nueva política de tolerancia cero
El 15 de mayo pasado, el Gobierno de Bangladesh anunció una política de tolerancia cero para hacer frente al creciente consumo de drogas, especialmente metanfetaminas, que afecta al país. Desde entonces, además de las ejecuciones presuntamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, han sido arrestados 13.000 consumidores de drogas.

Ante el clamor suscitado por las ejecuciones, la respuesta del Gobierno fue asegurar que ninguno de los muertos era inocente, aunque aceptó que se pueden cometer errores en las ofensivas antinarcóticos.

“Esas declaraciones son peligrosas y muestran un menosprecio total del Estado de derecho. Todas las personas tienen derecho a la vida. La gente no pierde sus derechos humanos por usar o vender drogas. La presunción de inocencia y el derecho al debido proceso deben estar al frente de cualquier iniciativa contra el delito”, puntualizó el Alto Comisionado.

Agregó que no debe haber impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en nombre del combate a las drogas.

Los barrios marginales son el principal blanco de las redadas
Los operativos de la política antinarcóticos, que se llevan a cabo principalmente en barrios marginales, han sembrado entre los adictos de las comunidades más vulnerables el temor de ser arrestados o ejecutados si acuden a los servicios de salud.

Zeid consideró alentadora la promesa del Ministerio de Justicia bengalí de investigar los hechos y sancionar a sus autores y subrayó la importancia de que las pesquisas sean independientes, transparentes e imparciales.

“Es indudable que el tráfico y la venta ilegal de narcóticos conlleva un gran sufrimiento para los individuos y las comunidades, pero las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y la estigmatización de los consumidores de drogas no son la respuesta al problema”, afirmó.

En este sentido, el Alto Comisionado insistió en la necesidad de que Bangladesh ajuste su política nacional contra las drogas a los principios marcados por las leyes internacionales de derechos humanos y por las convenciones internacionales antinarcóticos.

Finalmente, Zeid encomió el apoyo que Bangladesh ha dado a los refugiados rohinyás y pidió al Gobierno del país mantener esa línea respetuosa con los derechos humanos en todos los terrenos, incluido el de la lucha contra las drogas.