Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Migración para sancionar con la inhabilitación al servidor público del Instituto Nacional de Migración que dolosamente haga uso indebido o proporcione a terceras personas documentación migratoria y por violar derechos humanos de migrantes.

El dictamen, avalado con 416 votos y remitido al Senado de la República, modifica los artículos 109 y 140 de dicha ley, establece que quienes ingresen a una estación migratoria también tendrán los derechos que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.

Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES), explicó que actualmente dicha norma sólo considera sancionar con su destitución al servidor público que filtre información de la condición migratoria de las personas o viole sus derechos humanos.

La reforma busca no solamente destituir a quien violente este precepto, también inhabilitarlo sin detrimento de las otras disposiciones legales aplicables a la materia.

Destacó la importancia del dictamen y que el castigo sea congruente con lo que ya establecen disposiciones de mayor jerarquía en materia de sanciones.

“Hoy estamos armonizando no solamente sancionar al servidor público que infrinja la norma en este concepto, sino también inhabilitarlo”, recalcó.

La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM), promovente de la reforma, refirió que, acorde con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada año transitan aproximadamente 500 mil migrantes indocumentados en el territorio nacional, provenientes mayormente de países centroamericanos; de ahí la relevancia del dictamen que incide en la protección de sus derechos humanos.

Actualmente la ley precisa que cuando se violen los derechos humanos de los migrantes, únicamente se sancionará con la destitución del servidor público, lo cual es insuficiente pues la gravedad de esas faltas es mayor, ya que atentan directamente contra la dignidad del ser humano al violar sus derechos humanos, algo inadmisible para cualquier sociedad”.

Estimó que es responsabilidad del gobierno mexicano, representado por los agentes estatales, respetar los derechos humanos de personas que transitan en calidad de migrantes a lo largo del territorio nacional, conforme lo dispone la Ley de Migración.