Por: Redacción

La Segunda Comisión aprobó un punto de acuerdo del senador panista Salvador López Brito para exhortar a las dependencias del Gobierno federal a que refuercen las acciones para garantizar el trabajo que desempeña el personal de salud, en especial en zonas que presentan problemática de inseguridad.

En el dictamen también se lamentó el homicidio del doctor Miguel Ángel Camacho Zamudio, director de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Mazatlán, Sinaloa, y se exhortó a las autoridades de la entidad a llevar a cabo una investigación para esclarecer el caso, dar con los responsables y que éstos respondan ante la justicia.

De acuerdo con el texto, la violencia y los crímenes en contra de médicos, enfermeras y residentes va en aumento en el país, ya que entre 2013 y lo que va de 2017 ha habido 7 asesinatos de pasantes de medicina y residentes, así como 19 asesinatos de médicos, enfermeros o especialistas.

“En ese mismo periodo se han sumado 9 casos de agresiones contra el personal del sector, desde golpes hasta intento de homicidio; 2 médicos desaparecidos, 3 centros de salud y 25 médicos asaltados y casi 71 profesionales amenazados”, se precisó.

Se indicó que datos de la Comisión de Seguridad de la Federación de Colegios Médicos de México refieren que al menos 10 por ciento de los integrantes del gremio afirmó haber sido víctima de secuestro exprés y a 7 por ciento se le exigió́ el pago de una cuota por parte del crimen organizado.
En el dictamen se resaltó que ha habido manifestaciones de personal de salud en distintas entidades federativas que demandan garantías para poder desempeñar su trabajo.

“Se han efectuado diversas movilizaciones, como la efectuada el 27 de mayo en Mazatlán, donde personal de salud repudió el asesinato del doctor Camacho Zamudio”, se remarcó.

En otro apartado del orden del día, la Segunda Comisión autorizó un punto de acuerdo de la senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama para solicitar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de los gobiernos locales que fortalezcan las acciones de prevención y atención de las enfermedades relacionadas con la salud mental, con énfasis en la depresión, y que remitan un informe a la Comisión Permanente sobre dichas medidas.