Por: Redacción

Las comisiones del Senado avalaron en lo general la Ley Nacional de Ejecución Penal que abre la puerta a la libertad anticipada, de manera inmediata, para las personas condenadas por portación de hasta cinco kilogramos de marihuana, pero sólo si la droga se utilizó para fines personales y no de comercio o suministro, además de que no haya mediado ningún tipo de violencia durante la comisión del delito.

Este beneficio de libertad inmediata procederá para las personas condenadas por el delito de robo simple y cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos (5,843 pesos) y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia.

Los senadores de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron la ley en lo general y decidieron que las reservas se discutirán directamente en el Pleno de la Cámara.

El dictamen precisa que a partir de la entrada en vigor de la ley podrán acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas sentenciadas con penas privativas de la libertad por la comisión de ambos delitos siempre y cuando cumplan con el mecanismo para ello.

Los procuradores o fiscales generales de la Federación, de las entidades federativas, en su ámbito de competencia respectivo, podrán solicitar de oficio, ante la autoridad competente, la aplicación de la libertad anticipada.

“Asimismo, las autoridades judiciales y administrativas competentes otorgarán de inmediato el beneficio de libertad anticipada a los sentenciados, de manera oficiosa o a solicitud de la persona a quien aplique dicho beneficio”.

Esta ley también terminará con todas las normas sobre ejecución penal a nivel local, será de aplicación para todo el país y fijará las reglas a seguir de todos los presos, las sanciones a las que se someterán por faltas disciplinarias graves, la protección a los derechos humanos de los internos y las reglas para no vulnerar los derechos de los visitantes.

Contiene un capítulo específico para proteger los derechos de los niños que viven con sus madres internas y enfatiza que los menores en ningún momento se podrán ver como reclusos.

La senadora Angélica de la Peña destacó que la ley “buscar entender que de las 254,000 personas que están privadas de la libertad, más de 200,000 necesitan condiciones para su reinserción social y que puedan recuperar su vida”.

Mientras que Cristina Díaz afirmó que las reglas serán iguales en los 418 centros penitenciarios, los cuales se dividen en 11 centros que dependen del Gobierno federal, 306 centros que dependen de los Gobiernos estatales, 10 centros que dependen del Gobierno de la Ciudad de México y 91 centros que dependen de los Gobiernos municipales.