• Piden que se sancione a los servidores públicos que agredieron verbal y físicamente a integrantes de la caravana.

Por: Redacción/

La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen para solicitar a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración un informe sobre la actuación de las autoridades involucradas en el operativo implementado ante una caravana de migrantes, en la carretera Tapachula-Arriaga, en el perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán, Chiapas.

En el documento aprobado por este órgano legislativo, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, se destaca que se llevó a cabo un operativo de control y verificación migratoria debido al avance de un grupo de personas migrantes, entre las cuales se encontraban niños, adolescentes y adultos, los cuales sufrieron agresiones por parte de integrantes de éstas dos instituciones.

Luego de los acontecimientos de contención de la caravana, fueron suspendidos de sus funciones dos agentes federales de Migración, adscritos en el estado de Chiapas, por actuación indebida en el operativo.

Las y los senadores cuestionaron que hasta la fecha no se ha emitido un pronunciamiento oficial del Instituto Nacional de Migración sobre la participación de sus miembros en la agresión en contra de personas integrantes de la llamada “caravana migrante”.

“Es inaceptable el nivel de violencia que ejercen determinados servidores públicos”, por lo que es inaceptable éste tipo de violencia cuando “supuestamente, están capacitados para actuar con respeto a los derechos y a las libertades de las personas”, se asienta en el documento.

En ese sentido, las y los senadores consideraron que se necesita una investigación más profunda para que se confirmen responsabilidades por acción u omisión de las autoridades que participaron en dichos actos, así como una investigación llevada a cabo por parte de la Guardia Nacional para sancionar a los miembros que resulten responsables.

Además, exhortan a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración para que rindan informes, investiguen y sancionen a los servidores públicos que agredieron verbal y físicamente a personas integrantes de la caravana.