Por: Redacción

La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social), aprobó tres dictámenes que reforman la Ley de Migración. Uno de ellos, faculta al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a promover acciones para prevenir y atender cualquier tipo o modalidad de violencia contra mujeres migrantes.

El documento, que reforma el artículo 30 de la Ley, plantea coordinar esas acciones con el Instituto Nacional de Migración (INM); no obstante, precisa, “no se trata de nuevas atribuciones específicas al Inmujeres, sino ampliar la protección de esta población migrante y sus hijos, en situación de violencia”.

Argumenta que la política migratoria de México ha dado pasos importantes para incorporar la perspectiva de género, de manera transversal, y armonizar la legislación a criterios internacionales, con el objetivo de reducir la criminalización y generar condiciones para reducir la violencia que se ejerce contra las mujeres migrantes.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, actualmente 94.5 millones o casi la mitad de todos los migrantes internacionales son mujeres, y son más numerosas que los varones en los países desarrollados.

Conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cada día cruzan 450 mujeres de México hacia ese país; este flujo se intensificó en 2004 y 2005 hasta llegar a 340 mil mujeres en esos dos años. Además, han aumentado las agresiones sexuales a mujeres.

Personas migrantes deben gozar de los derechos humanos

Otro dictamen, que avaló la comisión, reforma el artículo 66 de la Ley de Migración, con la intención de incluir la prescripción de que las personas migrantes gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

El documento indica que el principio de la universalidad de los derechos humanos es piedra angular del derecho internacional. Este principio es destacado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales. Todos los Estados han ratificado al menos uno, y -el 80 por ciento cuatro o más- de los principales tratados de derechos humanos.

Armonizar disposiciones sobre Unidad de Medida y Actualización

El tercer dictamen, modifica los artículos 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158 y 159 de la mencionada Ley, para armonizarla con las disposiciones relativas a sanciones económicas expresadas en “días de salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización-UMA”, a fin de evitar confusiones y dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.

Recuerda que el salario mínimo ya no será utilizado como unidad de medida o referencia para el pago de obligaciones, multas y sanciones, previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

El documento precisa que la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a éste.

De esta forma se logra que el salario salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia.

Agilizar revisiones en aeropuertos

De igual modo, la comisión acordó exhortar a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que revisen y, en su caso, hagan las adecuaciones necesarias a los protocolos y procedimientos del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Administración General de Adunas, respecto a las revisiones que llevan a cabo a personas y equipajes provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales, con el fin de agilizarlas.

El dictamen, con punto de acuerdo, refiere que de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob, entre enero y noviembre de 2016 ingresaron a México 14 millones 455 mil extranjeros en alguno de los aeropuertos internacionales del país; de ellos, un millón 794 mil, 14 por ciento del total, provenían de América Central y del Sur.

Menciona que hay una marcada diferencia en el trato que reciben los pasajeros de vuelos de Centro y Sudamérica, en comparación con aquellos que arriban de otras regiones del mundo. El equipaje y los propios viajeros enfrentan exhaustivas revisiones de seguridad que pueden prolongarse horas; incluso, se han documentado casos de personas que han sido sometidas a entrevistas en filtros de seguridad adicionales, en lugares apartados e incomunicados.

Las vejaciones a los paseantes originarios de Centro y Sudamérica han producido, incluso, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que se documentan actos de arbitrariedad consistentes en insultos, retenciones e incluso deportaciones ilegales, cometidos por personal del Instituto Nacional de Migración.