Por: Redacción

Las autoridades no acaban de entender el delito de trata de personas ni le dan prioridad, ya que prácticamente no se le persigue y socialmente continúa invisibilizado

Esto lo señaló el maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana, en la ceremonia de clausura de la quinta edición del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos, impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. y la Dirección de Educación Continua de la IBERO.

En la ceremonia de graduación, realizada en la Sala Digna Ochoa de la CDHDF, el Rector subrayó que la trata en México es un negocio en el que están implicados el poder político, el económico y el crimen organizado, de modo que las redes de trata conjugan la complicidad de esas tres esferas.

Aunque anualmente el rubro de explotación sexual y pornográfica en México representa 10 mil millones de pesos para los cárteles, el gobierno sólo los persigue por el delito de tráfico de drogas y no por el de trata de personas, subrayó.

Así, según datos de la Procuraduría General de la República, 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores de edad, el equivalente a la mitad de la población de Puebla, son obligadas a entrar en alguna de las 47 redes de trata que existen en el país, añadió el Rector, quien describió a este grave problema como “un río de sufrimiento” para sus víctimas.

Por ello recomendó revisar las facultades de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres (Fevimtra), pues sólo tiene competencia en materia federal y en casos donde no intervenga el crimen organizado, lo que deja fuera de su jurisdicción a 90 por ciento de los delitos de trata en el país.

La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, señaló como un orgullo que el organismo que dirige haya sido la sede de este esfuerzo que tuvo como objetivo contribuir a la generación de propuestas para la erradicación de la trata de personas.

En la ceremonia de clausura del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos participaron la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF; el licenciado Miguel Ortega Vela y la maestra Elba Flores Núñez, director ejecutivo y coordinadora académica del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., y el doctor Enrique Beascoechea Aranda, director adjunto de Educación Continua de la IBERO.