• AI mencionó que pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales no pueden ser catalogadas como acciones violentas, ya que están protegidas por el derecho a la libre reunión y libertad de expresión.

Por: Oscar Nogueda/

La organización Amnistía Internacional (AI) indicó que las autoridades mexicanas responden con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, abusos físico, verbal y con violencia sexual ante las manifestaciones de mujeres en contra de la violencia de género.

En el informe México: La Era de las Mujeres, AI subrayó el aumento en la estigmatización de protestas de mujeres por parte de las autoridades mexicanas y de los medios de comunicación, lo cual propicia un ambiente hostil para la reunión de mujeres, deslegitima la defensa de los derechos y propicia la violencia contra las participantes de  estas marchas.

“El estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, se basa en y refuerza estereotipos de género contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres. Además, el hecho de intentar justificar las violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres con base en la conducta de las propias mujeres constituye, en sí mismo, un estereotipo que las discrimina por atreverse a protestar”, mencionó AI.

De acuerdo al derecho internacional, solo se puede considerar como hechos violentos dentro de una manifestación aquellas acciones que cometan lesiones, muerte o daños graves a bienes. Por ello, AI mencionó que pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales no pueden ser catalogadas como acciones violentas, ya que están protegidas por el derecho a la libre reunión y libertad de expresión.

“Las autoridades del Estado podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública y privada, no deben tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de forma pacífica. Incluso, si un grupo de quienes participan en una protesta, utilizan la violencia, las autoridades tienen la obligación de asegurarse que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar haciéndolo, sin que puedan utilizar los actos violentos como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos”, indicó la organización.

La organización documentó el uso de excesivo de la fuerza, de armas de fuego, detención de mujeres por participar en estas protestas, así como por la suposición de “querer realizar un delito” y de tácticas de contención de las manifestantes por parte de los cuerpos policiales del país.

Un caso de estas acciones fue la detención “preventiva” de tres mujeres que pretendían acudir a la marcha del 10 de septiembre del 2020 en Culiacán, Sinaloa. Los policías municipales justificó la detención debido a que sospechaban que las mujeres iban a pintar el palacio municipal. Además, un juez les impuso una multa por “escandalizar la vía pública”, sin embargo, el juzgador no dio a conocer la acción que consideraba como un escándalo.

“En León, Guanajuato, Amnistía Internacional pudo establecer que la policía municipal detuvo ilegal y arbitrariamente al menos a nueve de las 23 personas detenidas tras la manifestación del 22 de agosto de 2020. Estas personas, en su mayoría mujeres, no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la policía no se identificaron frente a las personas detenidas, no les indicaron los motivos de la detención, e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención”, externó AI.

La organización identificó el uso de violencia física, amenazas   y abuso verbal contra las mujeres detenidas durante las protestas sociales. Además, las mujeres detenidas manifestaron su preocupación de ser víctimas de desaparición forzada debido a la nula identificación de los policías, la incomunicación, traslados por rutas desconocidas y la falta de presentación ante un juez.

Aunado a ello, AI recibió información  casos de violencia sexual contra mujeres detenidas en estos eventos por parte de los cuerpos policiales. Estas acciones incluían amenazas de ser sometidas a violencia sexual, comentarios de índole sexual, acoso sexual y omisión de tomar medidas frente al acoso sexual ejercido por otros detenidos, así como exámenes médicos realizados en presencia de personal distinto al de salud sin consentimiento de las manifestantes.

“Se recibió información de la ocurrencia de al menos cuatro casos de tocamientos sexuales contra manifestantes: dos adolescentes en León, Guanajuato, y una adolescente y otra mujer, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En Cancún, Quintana Roo, una mujer denunció ser víctima de violación sexual, mientras que se recibió información de otra mujer detenida que habría sufrido el mismo tipo de violencia sexual”, dijo AI.

La ONG puntualizó que la violencia de género es  utilizada por las autoridades para desalentar el ejercicio a la reunión pacífica y como un mecanismo aleccionador  de las mujeres que participan en protestas sociales.

Por lo anterior, AI puntualizó que existe una situación de riesgo para las manifestantes en contra de la violencia de género en México, por lo que las autoridades deben garantizar los derechos humanos de las asistentes durante las protestas sociales.