Por: Redacción/

En México, toda la población está expuesta a algún tipo de riesgo: sismos, inestabilidad de laderas, inundaciones o tsunamis… y aunque los niveles de riesgo siguen en aumento, así como los daños y pérdidas por desastres, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República le ha dado importancia al tema, que está completamente ausente en sus agendas, señalaron expertos en la UNAM.

Por ello, un grupo de especialistas, en el que participan integrantes de la Universidad Nacional, presentaron el documento “El futuro de la gestión integral del riesgo de desastres en México: una visión de política pública desde la academia”, que será presentado a los candidatos a la Presidencia, así como al resto de los aspirantes a un cargo de elección popular.

En nuestro país, la política pública en materia de gestión integral de riesgo de desastres (GIRD) es prácticamente inexistente. Los fenómenos que han afectado al país en los últimos años son indicativos de la carencia de una visión integral en la materia, que sea capaz de concebir la vulnerabilidad en un sentido amplio, en donde se privilegie la salvaguarda de la vida humana, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y su desarrollo.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre 2000 y 2014 las pérdidas al respecto se estimaron en dos mil 147 millones de dólares.

Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IGg), recordó que México está expuesto a fenómenos naturales de todo tipo, y no gestionar de manera integral el riesgo nos lleva a aumentar la vulnerabilidad de la población.

Tras leer el documento en rueda de medios, Irasema Alcántara Ayala, investigadora y exdirectora del IGg, explicó que en nuestro país la falta de una política de ordenamiento territorial está directamente asociada a la construcción del riesgo de desastres. Predomina la ocupación improvisada para asentamientos humanos, y el desarrollo de actividades productivas, que han generado altos niveles de informalidad en el crecimiento de las ciudades.

La experta recordó que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. “La construcción social del riesgo implica que la transformación de los fenómenos físicos o naturales en amenazas, resulta de la actividad humana”.

El documento recoge 30 recomendaciones generales (divididas en tres líneas temáticas) dirigidas a los candidatos con la finalidad de sensibilizarlos acerca de la importancia del tema.

Entre ellas se encuentran: impulsar una revisión y evaluación crítica del Sistema Nacional de Protección Civil y la institucionalidad existente en los tres órdenes de gobierno, para determinar su rol y funcionalidad, su eficacia y pertinencia, además de priorizar la prevención sobre la atención.

Asimismo, cambiar el enfoque de protección civil por una perspectiva de gestión integral del riesgo de desastre con una orientación de seguridad humana; garantizar la implementación de políticas de ordenamiento territorial a escala nacional, estatal, municipal y local; integrar los planes actuales de atención de emergencias (DN-III, Marina y México) y utilizar un protocolo único de coordinación y actuación.

De igual modo, continuó la universitaria, implementar la política pública vinculada a la normatividad existente en materia de GIRD y garantizar la rendición de cuentas a partir de la creación de una fiscalía de ordenamiento territorial que se encargue, entre otros aspectos, de aplicar la observancia de los planes de desarrollo urbano, y de publicar sin censura los Atlas de Riesgos.

Sergio Puente Aguilar, de El Colegio de México, dijo que las políticas públicas en torno a este tema se deben plantear no para la contingencia, como se hace actualmente, sino para el mediano y largo plazos. “Hay que pasar de una cultura de la emergencia a una de prevención y de corresponsabilidad social”.

Se deben minimizar los efectos negativos (en vidas y bienes) de los fenómenos naturales y sociales a los que estamos expuestos. “Es lo que llamamos una vulnerabilidad institucional; tenemos un marco normativo más o menos consistente, pero un déficit en su implementación”.

Puente expuso que de 2004 a 2014 se han invertido 231 mil millones de pesos en atención a desastres y emergencias, y sólo dos mil 100 millones de pesos en prevención.

También hay que duplicar los esfuerzos de vinculación de la ciencia con las políticas públicas, y que las autoridades que tienen la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastre se vean respaldadas por la evidencia científica, abundó Alcántara.

Los nueve firmantes del documento provienen de diferentes instituciones como la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.