Por: Redacción/

La educación en México enfrenta el reto de establecer una combinación entre un control administrativo de carácter central y una contraloría social en cada escuela, ya que aún está pendiente la tarea de distribuir correctamente atribuciones en los ámbitos nacional, estatal, local e individual, señaló la doctora Claudia Santizo Rodall, profesora-investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en la mesa temática sobre educación efectuada durante el Foro Federalismo Mexicano: El Problema No Resuelto. Retos y Propuestas hizo especial énfasis en la gestión de la educación básica, la cual se caracteriza por su segregación organizacional con estructuras o actores adicionales, como los consejos escolares de participación social que precisan ser readministrados.

En la actividad organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la académica del Departamento de Estudios Institucionales sostuvo que el arreglo federal favorece las centralizaciones del diseño de las políticas a tal grado que los niveles subnacionales, locales y las escuelas están excluidos.

Aquella distribución de responsabilidades en el sistema educativo nacional la ubicó en dos tipos de organizaciones extremas que impiden una correcta comunicación o retroalimentación: la centralización por las facultades de decisión asignadas a una autoridad central y la descentralización entendida como la capacidad de toma de decisiones en el ámbito local.

En la charla coordinada por el doctor Javier Rojas, investigador del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE, la especialista en administración pública indicó que la repartición de los recursos presenta varias fallas por la manera como están etiquetados, “por ejemplo, en el control básico se observa el desconocimiento del número de plazas en cada estado”.

Un primer paso para mejorar la educación en el país se vincula con la trasformación de la Ley General de Servicio Docente y debería establecerse que las evaluaciones a los profesores no sean punitivas y desligarlas de la permanencia de la persona en su puesto, cuyas condicionantes deberían ser otras, como el número de faltas o no cumplir con sus objetivos de trabajo y con los alumnos.

“Más bien el producto de la evaluación tendría que ser la capacitación, pues tenemos docentes con 20 años de servicio que requieren adquirir nuevas habilidades. Al mismo tiempo, las normales deben tener nuevos programas de estudio con la finalidad de que dichas evaluaciones obtengan resultados positivos en el futuro”, apuntó.

En ningún lado existen mecanismos que promuevan el conocimiento de buenas prácticas entre escuelas o que compartan recursos humanos, materiales y financieros, pues depende más de esfuerzos estatales que existan casos de éxito y de la organización de foros regionales, pero deben impulsarse acciones menos costosas.

Las escuelas elaboran diagnósticos de la situación del aprendizaje de los alumnos, de las necesidades de capacitación de sus docentes así como de orientación de los padres, sin embargo, no cuentan con las herramientas para solicitar a los sistemas educativos estatales el tipo de ayuda que requieren, lo cual impide la realización de acciones concretas, explicó la doctora por la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

La doctora Margarita Zorrilla Fierro, quien fuera consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, manifestó que es urgente contar con una voluntad política ilustrada para combatir el abatimiento de las iniciativas locales.

La especialista en educación puntualizó que también deben promoverse mayores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, además de reconocer la relación entre federalismo y democracia,

El doctor Marco Fernández, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), advirtió que es prioritario solventar esta problemática histórica, ya que “tenemos por lo menos 50 años con lo mismo, si no lo tomamos en serio nos seguirá costando socialmente de manera mayúscula a todos”.

La educación no está sirviendo para combatir la corrupción y la pobreza para impulsar el ascenso social o disminuir las desigualdades “ni está generando las capacidades necesarias para que los jóvenes tengan oportunidades exitosas laborales en su futuro, en resumen, no está sirviendo para construir una ciudadanía democrática que tanta falta le hace a México”, sentenció.

Juan Alfonso Mejía, director de Mexicanos Primero, refirió que en realidad existen 32 sistemas educativos diferentes y “la responsabilidad de garantizar el derecho a aprender de los niños recae en las gubernaturas estatales, porque así lo señala el marco normativo, así que tal y como está la legislación es un error, ya que no contempla un sistema educativo nacional”.

Si se habla de la autonomía y soberanía del Estado, entonces “deberíamos dar marcha adelante sobre todo en lo financiero, porque ninguna entidad debería esperar a que la federación se decida”, en ese sentido resaltó la labor hecha en Sonora y la Ciudad de México, así como del Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública.

Los expertos concluyeron que son necesarias acciones concretas para abrir una posible agenda de cambio con el objetivo de modernizar la educación en México, comenzando con transformaciones significativas en el nivel básico, ya que se trata de un asunto de primera importancia, dado que el presupuesto federal destinado a aquel rubro es el más grande.