Por: Oswaldo Rojas

En el segundo día de las Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, que organizan las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, legisladores y especialistas advirtieron que las mujeres son las principales víctimas de un marco jurídico que criminaliza la posesión y consumo de esta droga.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Héctor David Flores Ávalos opinó que el Estado mexicano no ha enfrentado este problema de manera eficiente: basta revisar el Presupuesto de Egresos para darse cuenta de la enorme cantidad de recursos que se destinan a la seguridad pública, incluyendo la parte de reclusorios, señaló.

Consideró fundamental revisar la situación del sistema penitenciario en un contexto integral y “con toda puntualidad”, a efecto de encontrar una respuesta que sea satisfactoria para todos los sectores de la sociedad.

Reconoció que existe una sobrecarga en los reclusorios, por ello, consideró necesario reforzar la parte de la prevención y de la procuración y administración de justicia, además de generar un programa eficiente de rehabilitación social.

Ana Pecova, de la organización Equis Justicia para las Mujeres, advirtió que en la última década el número de encarceladas por delitos contra la salud o relacionados con las drogas ha aumentado de manera alarmante en más de 100 por ciento, comparada con una tasa de crecimiento de 40 por ciento en el caso de los varones.

“Este aumento tan dramático –agregó– nos sugiere que hay cada vez más mujeres que se están involucrando en este tipo de ilícitos”, principalmente en el transporte de mariguana, por eso es importante analizar las condiciones que las llevan a involucrarse en estas actividades.

Dijo que el 98 por ciento de mujeres que forman parte de los cárteles mexicanos no tienen antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos y prácticamente ninguna ha portado armas al momento de su detención, son mayoritariamente pobres, con nivel básico de estudios, a menudo tienen problemas de salud mental o cuentan con historias de vida marcadas por la violencia.

Ana Pecova destacó que casi siempre ellas ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva: se involucran como cultivadoras, recolectoras, vendedoras o introductoras de estupefacientes en centros penitenciarios. “Representan una mano de obra fácilmente reemplazable en las redes criminales y su encarcelamiento no afecta de manera significativa la dinámica del narcotráfico”.

En este contexto, dijo, se requiere eliminar el carácter oficioso de la prisión preventiva en los delitos contra la salud, pues más de 50 por ciento de las personas en reclusión aún están esperando una sentencia; así como establecer medidas alternativas al encarcelamiento y la supresión de la pena mínima como una figura obligatoria.

Tania Ramírez, de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que las mujeres son procesadas por posesión, que contempla una sanción de entre 10 meses a tres años de cárcel, pero al final son sentenciadas por el transporte de drogas, que tiene una pena de 15 a 25 años de prisión.

Enfatizó que utilizar las cárceles para controlar los delitos relacionados con los estupefacientes representa un serio riesgo para la salud de los internos, toda vez que carecen de servicios básicos y tienen problemas de sobrepoblación.

Por ello, “creemos necesario que haya una reflexión sobre la proporcionalidad de las penas y la racionalidad de la política de drogas”.

A su vez, Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), manifestó la necesidad de descriminalizar y despenalizar la posesión de drogas en cualquier cantidad e instrumentar algunas salidas menos “grandilocuentes” y más prácticas de política criminal.

Refirió que en la legislación se debe priorizar y focalizar los objetivos como el combate a la delincuencia organizada y dejar de criminalizar al pequeño consumidor, además de establecer tratamientos de rehabilitación para farmacodependientes y adictos.

Destacó que en junio próximo entrará en vigor la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, la cual permitirá al Ministerio Público ponderar el ejercicio de la acción penal si se trata de un delito que no tiene pena privativa de la libertad para la persona que posea alguna cantidad de marihuana.

El diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales, quien fue moderador de la mesa de análisis, reiteró que el régimen actual penaliza y criminaliza a los consumidores de marihuana, pues una alta cantidad de personas son puestas a disposición del Ministerio Publico por la portación de este estupefaciente, especialmente las mujeres.