Por: Redacción/

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresó preocupación ante el aumento en los asesinatos y las amenazas contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en la región de la costa del Pacífico de Colombia. En la mayoría de los casos, las víctimas son de comunidades indígenas y afrocolombianas.

Al menos 78 líderes comunitarios han sido asesinados en lo que lleva del año y muchos más amenazados según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Siete de ellos desde el 17 de octubre, en una serie que comenzó con la muerte de Jose Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en la ciudad de Tumaco.

“Algunas de las personas que han sufrido estos ataques estaban bajo medidas de protección de las autoridades. De lo que se trata es de hacer que estas medidas funcionen en la práctica y que haya una presencia más importante del Estado”, aseguró William Spindler, portavoz de ACNUR.

Cortés era líder de un consejo comunitario en una zona afectada por el desplazamiento masivo y el confinamiento a causa de la violencia de grupos armados.

“Muchas veces que las comunidades no pueden salir y cultivar sus productos, o ir al mercado o ir a pescar, u otras actividades para asegurar su subsistencia, entonces son situaciones muy difíciles en las que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de estas personas”, asegura Spindler.

La implementación del Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC, que se anunció hace un año, ha representado muchos desafíos para las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados y actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la minería ilegal.

El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC ha convertido muchas áreas en territorios disputados entre grupos criminales nuevos y existentes. Las demoras y los problemas relacionados con la aplicación local de los principales objetivos del Acuerdo de Paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o el desarrollo local, han aumentado la incertidumbre en un entorno en el que la presencia del Estado sigue siendo débil.

Alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas en 2017 y muchas más han estado viviendo confinadas en la zona del Pacífico colombiano. Entre el 7 y el 12 de noviembre, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (departamento de Nariño). Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor porque la gente tiene miedo de denunciar los abusos, reveló ACNUR.