Por Mara Martínez
Foto: Mugs/Mara Martìnez
Todas las víctimas viven en un desamparo, porque a pesar de los procesos que se realizan, los crímenes no se investigan, no se les da la cobertura necesaria, se violan los derechos de las víctimas, y el gobierno hace un gran gasto en seguridad pero nunca se sanciona a los culpables, no busca la verdad de los hechos, afirmaron especialistas e investigadores del Colegio de México (Colmex), al presentar un informe sobre las investigaciones realizadas en torno a la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, en 2010, y otros actos en contra de personas que buscaban llegar a Estados Unidos.
Durante un acto realizado en el Museo Memoria y Tolerancia se llevó acabo la presentación del informe realizado por el Colegio de México titulado “En el Desamparo”, el cuál tuvo como objetivo informar sobre las masacres ocurridas en “San Fernando, Tamaulipas” y en “Allende, Coahuila” en contra de migrantes.
El presidium fue encabezado por el escritor Juan Villoro, Sergio Aguayo Coordinador del proyecto, Silvia Giorguli presidenta del Colegio de México, Jaime Rochín presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), , Jacobo Dayán académico e investigador del proyecto y Javier Sicilia, periodista, escritor y activista.
En la conferencia de prensa se habló sobre los graves problemas de violencia que vive nuestro país, así como las diferentes desapariciones que se registran día a día, particularmente por integrantes del Cártel de Los Zetas en los estados de Tamaulipas y Coahuila.
Mariclaire Acosta, perteneciente al consejo de asesores en la investigación de los casos de Allende y San Fernando, dijo a través de un video que la investigación realizada es un parteaguas para los derechos humanos en México, ya que pretende recuperar la verdad de los hechos, ocurridos en Tamaulipas y Coahuila, entre 2010 y 2011.
Recalcó lo desafortunado que es la desconfianza del pueblo mexicano hacia las instituciones del país, ya que las declaraciones de los sobrevivientes de esas matanzas, no son pruebas suficientes para castigar a los responsables de las atrocidades.
Los académicos y activistas denunciaron que la PGR decidió no colaborar con dicha investigación, al igual que el Estado de Tamaulipas.
Foto por: Mugs / Mara Martínez
Jacobo Dayan informó que las autoridades estatales involucradas en estos casos conocían de la violencia que utilizaban funcionarios en contra de los migrantes y no actuaron.
Sostuvo que la PGR “no resuelve los casos, a las víctimas se les niega el acceso a la información. En la búsqueda de pistas pasan meses y años sin llegar a nada. Se desconoce el número de víctimas de San Fernando. La comisión educativa del proceso a víctimas no cuenta con expedientes completos, existe un clara falta de cooperación entre las procuradurías para que la CNDH haga su trabajo”.
El académico mencionó que “hay una clara barrera de comunicación, el INAI non cumple con el proceso de decir la verdad, en resumen lo que mas se ve es la ausencia, los vacíos y el desamparo que se le da a todas las víctimas”.
Javier Sicilia señaló la importancia de colaborar en conjunto con el gobierno, pues lo único que buscan es cooperar para prevenir más desapariciones, sin embargo hizo mención que las autoridades no hacen nada en el corredor Cuautla-Iguala, y la consecuencia fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Espera que su participación en la investigación con el Colegio de México no les afecte más adelante, puesto que después de poner en evidencia al gobierno encontrando diversas fosas en Tetelcingo, las autoridades lo han apretado económicamente.
Señaló lo importante que es trabajar con las universidades para que estas salgan y generen trabajo para apoyar el tema de inseguridad.
Juan Villoro puso como ejemplo el libro “Los huérfanos del narco” de Javier Valdez Cárdenas, este es un claro ejemplo del descontento de las víctimas, que al exigir justicia se encuentran con la respuesta del gobierno: “No hay nadie que se encargue de su caso” , por lo que muchas víctimas se dan la tarea de buscar los cuerpos de sus desaparecidos.
El gobierno aparte de no dar el apoyo a la víctimas las criminaliza diciéndoles que lo sucedido se lo han ganado.
Señalaron que en el proceso de la investigación se llevó a cabo un análisis de hechos con los datos proporcionados por las autoridades, un análisis que pudo ser hecho por ellos mismos y que no hicieron.
Lo sucedido en Coahuila se quedó en el olvido, no fue hasta tres años después que se levantó un reporte de los sucedido, en otros estados no hay información de los desaparecidos y las autoridades, y si es que llegan a tener la información, se cruzan de brazos.
Sergio Aguayo Coordinador de la investigación declaró que aunque se hizo una investigación no se tuvo el tiempo suficiente para entrevistar a todas las víctimas, cree necesario entender el papel de la sociedad, dentro y fuera del Estado. Hizo mención sobre las atrocidades cometidas también hacia los policías y bomberos municipales, pues muchos de estos no decidieron participar en la investigación ya que al ser participe de esto se hacia merecedores de maltratos por parte del grupo delictivo denominado como “Los Zetas” .
Señaló que en Allende, existen 11 policías en activo, los cuales son sobornados con un total de 61 mil pesos, equivalente al salario de un diputado. El programa espera ser aceptado por las víctimas de estos sucesos para así poder implementarlo.
“Nada ni nadie puede regresarle a una madre el hijo que perdió, es imposible pero si se puede, si otros países lo han logrado nosotros también podemos”
Foto por: Mugs / Mara Martínez
Al finalizar la sesión Jaime Rochín presidente de la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio las gracias a Rubén Moreira gobernador del Estado de Coahuila por haber sido el primero en apoyar el proyecto y brindar el acceso a la investigación de esta misma. Señaló que es importante construir la paz desde la tierra de las fosas profundas de San Fernando para buscar la verdad.
Momentos antes de dar por terminada la conferencia, padres de los desaparecidos se levantaron a reclamar por haberle dado las gracias al gobernador de Coahuila, pues con ellos ese apoyo que el agradece ha sido todo lo contrario. Reclamaron el abuso de poder por parte de las autoridades del Estado por evitarles el acceso a la información.
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