Por: Redacción

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) asume la obligatoriedad correspondiente y trabajará fuertemente para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece como “plazo fatal” el 4 de mayo para que los sujetos obligados suministren de información sus portales y la Plataforma Nacional de Transparencia.

El Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, encabezó reunión de trabajo con funcionarios de la administración central, en donde la Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix, expuso detalles del contenido de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Aquí hay una gran confianza por la experiencia y compromiso de los funcionarios en las diferentes áreas, es gente muy competitiva, muy convencida, de lo que hay qué hacer”, dijo Guerra Liera ante los responsables de las áreas de Secretaría General, Administración y Finanzas, Auditoría, Contaduría General, Acceso a la Información Pública, Planeación, Bienes e Inventarios, Informática, Contraloría, Recursos Humanos, Comunicación Social, además de las vicerrectorías.

“Aquí está la mayor parte de las áreas donde se ejerce, se administra, proyecta, informa y se estructura lo que es año con año el manejo financiero de la Universidad (…) creo que quienes están al frente de las áreas saben lo que hay qué hacer, se está trabajando en ello, espero que el día 4 de mayo podamos ser de las instituciones o sujetos obligados que estemos cumpliendo con lo que hoy se nos está reiterando”, dijo.

El dirigente universitario llamó a los funcionarios a trabajar fuertemente e intentar garantizar cumplir con lo establecido en la Ley lo que permitirá que la estructura, el análisis y exposición de la información de la Universidad sea lo más adecuada posible.

Indicó que aparte de ser una obligación cumplir con esta Ley permitirá seguir demostrando a la sociedad que unos de los aspectos que le preocupa a la institución y en el que trabaja diariamente, es el aspecto de la información.

“La Universidad maneja recursos públicos, derivados de impuestos, con un componente federal, con un competente estatal (…) creo que de conformar nosotros esta otra parte también podremos decir que somos una de las instituciones que cumple con lo que la Ley impone y que estamos al nivel de las mejores instituciones en el país en cuanto a la información y la transparencia de los mismos”, consideró.

“La autonomía no implica el aspecto financiero, dependemos de otra instancia y de recursos que se nos proporcionan y que año con año las instituciones estamos argumentando los indicadores académicos, la cobertura, la equidad y también el manejo transparente de recursos públicos y esto nos permitirá validarnos en este mecanismo”, expuso.

Por lo anterior solicitó a la titular de la CEAIP otra reunión antes del 4 de mayo con la finalidad de que estén presentes los representantes de los sindicatos de la UAS, los cuales ahora son sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En su exposición, la titular de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Rosy Lizárraga, además de dar un contexto de la Ley de Transparencia y Acceso a l información Pública detalló quienes son los sujetos obligados a cumplir con ella, así como las obligaciones que éstos tienen, la integración de Comités de Transparencia en cada dependencia y sus facultades, las obligaciones comunes y específicas y las medidas de apremio y sanciones que se aplicarán a quien incumpla con la ley.

“La CEAIPES somos el órgano de autoridad de esta ley, el organismo ciudadano encargado de que se cumpla con todas las solicitudes de información de los ciudadanos en las 251 dependencias públicas como sujetos obligados de la ley y que la información que debe estar en línea se cumpla cabalmente”, dijo.

Entre las novedades que la Ley de Trasparencia contempla, Lizárraga Félix citó que ahora hay un mayor número de sujetos obligados, se suman los sindicatos, los fondos y los fideicomiso; de 155 dependencias públicas obligadas ahora son 251; la CEAIPES tiene ahora la facultad sancionadora y el ciudadano tiene la ventaja de que si se inconforma por la respuesta de solicitud de información puede acudir al INAI lo que le da garantía de mayor certeza jurídica al ciudadano.