Por: Redacción/

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe dar a conocer los oficios que le remitió el Gobierno del Estado de Quintana Roo, entre 2014 y 2018, para solventar las observaciones derivadas de la auditoría 13-A-23000-14-0890, por los recursos ejercidos a través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) de la cuenta pública 2013, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez manifestó que el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) está destinado a las zonas con mayor rezago social y pobreza extrema en las entidades federativas, aunque en los últimos años, sus recursos no siempre se han utilizado para mejorar la vida de las comunidades más vulnerables, toda vez que posibles actos de negligencia y corrupción han empañado las administraciones estatales responsables de ejercerlos.

“Diversos gobernadores mexicanos han sido señalados por actos de corrupción. Uno de los casos más graves es el de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Durante su gestión en 2013, cuando se ejerció el Fondo al que hace referencia, su administración fue acusada de posibles actos de corrupción y el presunto desvío de 900 millones de pesos”, apuntó.

Salas Suárez manifestó que la Auditoría Superior de la Federación ha desempeñado una función muy importante para denunciar posibles actos de corrupción y hacer pública información como ésta, reafirmaría su compromiso con el combate a este lastre.

iones del gobierno de Quintana Roo, colaborar a identificar posibles actos de corrupción y permitir que los más de 471 mil quintanarroenses en situación de pobreza de acuerdo con el CONEVAL tengan las condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida en el presente y el futuro.

La información pública es un insumo para construir un México más justo, uno que controla la corrupción y combate la pobreza y la desigualdad”, concluyó el comisionado. En respuesta al particular que solicitó la información, el sujeto obligado indicó que ésta se encontraba reservada por cinco años, ya que se trata de oficios relacionados con dos recomendaciones, siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones, que se encuentran en trámite.

Precisó que la difusión de la información podría obstruir actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, además de contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que forman parte del proceso deliberativo. Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la ASF remitió al particular ocho oficios recibidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo para solventar observaciones referentes al FISE 2013, bajo el argumento que las siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria habían concluido y dejaban de ser insumos para el proceso deliberativo.

En el análisis del caso, a cargo del comisionado Joel Salas Suárez, se encontró que no se actualizan las causales de reserva invocadas. Hacer pública la información requerida no da oportunidad a que el ente auditado influya en el resultado de las acciones de verificación realizadas. De igual forma, es evidente que los oficios remitidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo no contienen opiniones o recomendaciones de los servidores públicos de la ASF, quienes están a cargo del proceso deliberativo.

Por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación y le instruyó a entregar al particular la información de su interés, en los términos referidos.