Por: Redacción/ 

El diputado del GPPRD Omar Ortega Álvarez, propuso un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a remitir un informe sobre los avances en torno a las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), respecto al presunto desvío de recursos públicos por más de 7 mil millones de pesos entre 2013 y 2015, hechos que involucrarían a diversas dependencias del gobierno federal así como a universidades públicas estatales.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, el legislador expuso que en 2016, fue publicada en distintos medios periodísticos una investigación que señalaba el desvío de 7 mil 670 millones de pesos ejecutado por 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país, entre 2013 y 2014, como parte de la llamada, por ellos mismos, la “Estafa maestra”.

La investigación explica la operación de corrupción que se ejecutó desde el gobierno federal para triangular recursos por medio de varias universidades públicas quienes a su vez contrataba a otras empresas.

Durante la revisión de 186 empresas relacionadas con estas operaciones, 128 se encuentran en estatus de “empresas fantasmas” y, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones en su artículo 1°, están impedidas para recibir recursos públicos.

El legislador perredista dijo que en la cadena de corrupción, se utilizaron además prestanombres que en la mayoría de los casos desconocían completamente formar parte de empresas que habían resultado ganadoras de concesiones millonarias.

Aunado a lo descrito –agregó-, el pasado 7 de diciembre del presente año, se volvió a hacer una denuncia mediática en la que se señaló que durante el año 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) desvió más de 219 millones de pesos en la elaboración de proyectos, de acuerdo a los señalamientos realizados por la ASF cuya denuncia fue presentada el 31 de octubre.

Al igual que el esquema de desvío triangulado de recursos a través las universidades y empresas privadas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fue contratada por la Sagarpa para realizar diferentes proyectos para el fortalecimiento y desarrollo del campo a través de 5 convocatorias publicadas entre enero y octubre de 2016; sin embargo, los 36 beneficiarios ganadores de las licitaciones firmaron la secesión de derechos y la entrega de recursos públicos a la Universidad Autónoma de Zacatecas sin ningún proceso que garantizara la correcta aplicación de éstos recursos.

Del monto total de dinero recibido (219 millones de pesos), 128 millones de pesos fueron entregados a 16 proveedores que a cambio entregaron facturas por diversos conceptos relacionados con la supuesta ejecución de los proyectos, mientras que otros 76 millones se distribuyeron entre 624 personas contratadas por honorarios las cuales, en su mayoría no contaban con perfiles calificados.

La situación descrita nos plantea –comentó el legislador perredista- un serio problema y habla de un presunto caso de peculado y lavado de dinero. Los supuestos recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, serían resultado de actividades ilícitas y se sumaría un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación debe ser de la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dependencia a cargo en ese entonces de José Antonio Meade.

El caso ha sido competencia de la PGR para conducir las investigaciones necesarias con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras instituciones; sin embargo, no se ha presentado a la ciudadanía ningún avance de este caso de interés público.

De igual forma, ante un contexto coyuntural como el que se vive en México, donde los niveles de impunidad posicionan al país en el segundo lugar de los países con mayor índice de impunidad, y el lastre de la corrupción permea a los más altos niveles de la administración pública federal, urgen cuentas claras y transparentes. Es lamentable que las instituciones encargadas de vigilar y dar certeza a los procedimientos y aplicaciones de los recursos federales etiquetados predestinados a programas sociales en su mayoría, sean objeto del señalamiento público por sus acciones y omisión en este caso denominada la “Estafa Maestra”, puntualizó.

CSGPPRD/MRH

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