Por: Redacción

La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), aprobó reformas para que durante los procesos penales en donde sea partícipe la población indígena, no sólo el imputado, sino también la víctima u ofendido, tengan derecho a contar con un intérprete.

La propuesta que modifica los artículos 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, tiene como fin crear condiciones jurídicas que garanticen a la población indígena el acceso a la jurisdicción del Estado, como lo señala el artículo 2 de la Constitución.

Precisa que en el código se establecerá que no sólo el imputado, sino también víctimas y ofendidos tengan derecho a ser asistidos por un intérprete, además de que las tres figuras podrán nombrar al traductor de su confianza.

Las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales de la Federación, Estados y Ciudad de México, contarán con peritos expertos en dialectos originarios, acreditados y registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quienes intervendrán durante todo el proceso.

Mientras, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, indicará que el INALI estará a cargo de la capacitación, acreditación e inscripción al Padrón Nacional de intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas, de las personas que soliciten las procuradurías, fiscalías y Poderes de la Federación.

La reforma llevará una adenda de la Comisión de Justicia, para que Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales de la Federación, puedan contar con los traductores, quienes a petición del MP o el órgano jurisdiccional, intervendrán durante todo el proceso.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (PRD) propuso incluir el concepto de “certificación”, en la reforma al artículo 10, a fin de garantizar traductores mejor calificados, productos de un filtro, ya que “actualmente el INALI sólo capacita a jóvenes que cuentan con nivel educativo de media superior, pero carecen del nivel profesional, por lo que deberán ser preparados no sólo en el ámbito lingüístico, sino jurisdiccional”.

“Necesitan tener conocimientos amplios del léxico y terminología jurídica, además del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, externó.

De Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz aclaró que lo que se busca es ampliar los derechos que el mismo código establece, pero buscando que trasciendan a las víctimas y/o ofendidos.

Señaló que el derecho a elegir a una persona de confianza, no debe entenderse como que el Estado excluya su responsabilidad y obligación de proporcionar a la víctima y al ofendido este derecho.