Por: Redacción/

La Cámara de Diputados avaló, con cambios, la minuta del Senado de la República que reforma la Constitución Política, para establecer que el Presidente de la República podrá ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

Tras dos horas y media de discusión, el Pleno la aprobó por mayoría calificada (dos terceras partes del quórum), en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones, a las 16:00 horas.

El documento –que reforma los artículos 108 y 111 de la Carta Magna– fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional.

Los delitos referidos son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

El Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

La discusión inició a las 13:35 horas con la fundamentación del dictamen, en tribuna, a cargo de la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señaló que la minuta se modificó porque “los integrantes de esta Comisión advirtieron una discordancia entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo”.

Destacó que la iniciativa del presidente de la República busca eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación, y no así la minuta del Senado.

Refirió que, actualmente, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero.

Finalmente, comentó que es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.

Al término de la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diversos diputados para fijar la postura de sus bancadas. Participaron Claudia Reyes Montiel (PRD), Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM), Iván Pérez Negrón Ruiz (PES), Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), Gerardo Fernández Noroña (PT), Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI), Marcos Aguilar Vega (PAN) y Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena).

Después, diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Ricardo Villareal (PAN), Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), María Ester Alonso Morales (PRI), María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), Carmen Julia Prudencio González (MC) y Pablo Gómez Álvarez (Morena).

En contra habló el diputado del PT, Emilio Manzanilla Téllez.