Por: Redacción

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados dictaminó a favor una iniciativa de la Diputada Maricela Contreras Julián, para que la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres trabajen conjuntamente acciones preventivas contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres migrantes.

La iniciativa suscrita por las diputadas Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género; Laura Nereida Plascencia Pacheco, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Mercedes del Carmen Guillén, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Lía Limón García, Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, también plantea elaborar un modelo de atención de cualquier tipo y modalidades de la violencia contra las mujeres migrantes que considere la condición para proporcionarle servicios en los términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Con la aprobación de este dictamen estaremos atendiendo la realidad en México, la que nos muestra a mujeres migrantes, buscando mejores condiciones de vida en Estados Unidos y que en su tránsito por nuestro país son víctimas de violencia física y sexual, abusos, intimidaciones, violación a sus derechos, a tratos denigrantes en el terreno laboral que se agravan por su condición migrante; carecen de garantías legales y derechos que le son reconocidos internacionalmente”, señaló la Diputada Contreras Julián.

Un estudio realizado por la organización Sin Fronteras, I.A.P., denominado Violencia y Mujeres Migrantes en México, daba cuenta que 46 por ciento de este sector habían sufrido algún tipo de violencia y 23 por ciento de ellas manifestaron que los principales agresores habían sido los oficiales de aduana, seguidos por agentes de la Policía Federal Preventiva, de los cuerpos policíacos judiciales y municipales, y de elementos de las fuerzas armadas.

El proyecto de dictamen modificaría el artículo 30 de la Ley de Migración para “Promover acciones de prevención contra cualquier tipo de modalidad de violencia contra mujeres migrantes y elaborar modelos de atención que consideren esta condición en los servicios que se proporcionen en los términos que establece en la Ley de Asistencia Social y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

En ese sentido, Amnistía Internacional ya ha afirmado que, a pesar de que los estados tienen el derecho a ejercer su autoridad sobre sus fronteras, también deben respetar las obligaciones jurídicas internacionales que han contraído de manera voluntaria, incluida la protección de los derechos de las personas migrantes.

La CNDH se basa en datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que señalan que cada día cruzan 450 mujeres de México hacia ese país; este flujo se intensificó en 2004 y 2005 hasta llegar a 340 mil mujeres en esos dos años. Se refiere además que han aumentado las agresiones sexuales a mujeres, muchas veces quienes perpetran dichas agresiones, extorsiones y abusos hacia las mujeres migrantes indocumentadas son los servidores públicos federales, estatales y municipales.

“La migración es un fenómeno en el que han se incrementado los esfuerzos para visibilizar su rostro de mujer, niñas y adolescentes; lo cual debe implicar un cambio de paradigma de quienes podemos desde el ámbito legislativo generar procesos para transformar realidades y considerar el respeto a la dignidad, seguridad y derechos humanos de las personas migrantes, considerando los diferentes aspectos que afectan de manera distinta a mujeres y hombres”, concluyó.