Por: Redacción/

La Comisión de Pueblos Indígenas aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto es definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio e implementación de sus derechos, así como su desarrollo integral y sostenible.

El documento, que abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, busca fortalecer sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.

Con el nuevo ordenamiento se crea al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual deberá ser una instancia coadyuvante en el ejercicio de sus derechos, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal (APF), no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, y con sede en la Ciudad de México.

El dictamen precisa que para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y comunidades originarios como sujetos de derecho público, serán los actores principales del ejercicio de sus facultades y su desarrollo. “El Estado no será más una instancia tuteladora o asistencialista, sino garante del ejercicio pleno de sus derechos”.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la instancia legislativa, aseguró que con esta ley se salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas. Reconoció la sensibilidad, madurez, disposición y apertura de los grupos parlamentarios para que el nuevo gobierno pueda responder a las necesidades de los pueblos nativos y se cumpla la deuda histórica que se tiene con ellos.

Dijo que la idea es tener lista la nueva norma para el 1 de diciembre, por lo que destacó la urgencia de aprobar el dictamen en la Comisión, para llevarlo al Pleno de la Cámara de Diputados el próximo jueves y, posteriormente, enviarlo al Senado.

Destacó que es un logro muy importante por avanzar en los trabajos de análisis de la iniciativa de ley que presentó el diputado Fortunato Rivera Castillo (Morena) el pasado 2 de octubre.

Para su enriquecimiento se realizaron 10 foros Regionales de Diálogo y Consulta sobre la Propuesta de Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los que participaron etnias de Guerrero, Morelia, Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México, para dar sus puntos de vista y presentar sus demandas.

Se indica que siete de cada 10 personas que hablan una lengua autóctona sufren pobreza y, ocho de cada diez tienen ingresos inferiores a la “Línea de Bienestar”, es decir, no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades elementales. Por ello, considera que el nuevo gobierno federal debe emprender políticas públicas que cambien su calidad de vida, articulando acciones transversales y multidimensionales.

Al hacer uso de la palabra, el futuro titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, expresó su agradecimiento por esta histórica decisión, que es un hito en México, porque crea un nuevo organismo “para atender a los pueblos autóctonos, a los habitantes más olvidados y marginados”.

Estimó que el instituto debe ser un instrumento al servicio de las comunidades originarias. “Esa es la esperanza que se cristaliza con la aprobación de esta iniciativa”, expresó, y aseguró que el nuevo gobierno de la República está dispuesto a poner todo su empeño en atenderlos.