Por: Redacción/

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto para adicionar el artículo 113 BIS al Código Fiscal de la Federación, a fin de inhibir la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, e incrementar la pena de prisión de tres a seis años y no de tres meses a seis años, a quien expida o enajene dichos comprobantes.

Asimismo, se modifica la fracción III del artículo 113 para castigar a quien adquiera esas facturas con cárcel de tres meses a seis años

Se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

El documento, que será sometido al Pleno de la Cámara de Diputados, refiere que en los últimos años aumentó el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas y que se han utilizado para obtener un beneficio ilegal.

Agrega que la evasión de impuestos reduce el potencial de recaudación y el contribuyente que incurra en ese tipo de prácticas debe ser sujeto a sanciones.

Indica que el Servicio de Administración Tributaria considera que la principal causa de la caída de la recaudación son las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) como: incrementar indebidamente las deducciones; solicitar devoluciones de IVA por esas operaciones; facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación, y lavado de dinero.

Además de que la compra-venta de facturas genera una competencia desleal, precisa el dictamen, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes cumplidos. Por ello, y dada la gravedad de la evasión fiscal se requieren acciones de defensa en favor de los contribuyentes.

Plantea que la reducción de la evasión de impuestos fortalecerá los ingresos públicos, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos y generará un impacto positivo en el bienestar de los países.

Manifestó su voto a favor del dictamen el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), y afirmó que con este dictamen se consolida la decisión de combatir la corrupción, la impunidad y se establecen condiciones óptimas para tener un sistema recaudatorio eficaz y evitar que se siga deteriorando el entorno económico nacional.

Dijo que a partir de esta reforma se empezarán a cerrar caminos utilizados para promover la evasión fiscal, pues es un mecanismo de control que evitará operaciones simuladas. “Hay mayores penas y sanciones, pero necesitamos ir más allá”. Hizo un llamado al SAT para que los mecanismos preventivos se consoliden para eliminar esta práctica nociva.

Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez enfatizó que esta reforma desarrolla una propuesta de combate a la evasión fiscal muy importante y proporciona herramientas jurídicas de gran importancia para el Ejecutivo a efecto de que se combata este “huachicoleo a nivel fiscal”.

Estimó que el monto de la evasión fiscal es del orden de hasta 500 mil millones de pesos, “un boquete muy grande en las finanzas públicas”. Dijo que con estas sanciones no se elimina completamente ni se combate en todos los frentes este delito, pero contribuye a detenerlo. “Queremos proponer medidas más eficaces de mayor envergadura y otro tipo de sanciones, no solo punitivas, para combatir esta práctica”.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) dijo que el dictamen es un avance, subrayó, pero debemos hacer el compromiso de trabajar en una iniciativa de ley construida por todos los grupos parlamentarios en unidad para luchar contra la corrupción. Resaltó la importancia de diferenciar las sanciones de tres meses a seis años de cárcel para quien compre esos comprobantes y, de tres años a seis años, para quien las venda y se pronunció por terminar con el negocio de las factureras “que ha enriquecido a mucha gente sin trabajar, solo dañando al país”.

Precisó que es un delito que abarca parte importante de la corrupción en el país, que daña las arcas públicas, limita el crecimiento, el desarrollo, la educación, la salud de la población “y sí debemos tomar cartas en el asunto”.