Por: Redacción/

Tras cuatro horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, un dictamen de reforma constitucional para evitar que los servidores públicos –particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales– tengan una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

El documento señala, en su régimen transitorio, que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen –que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política– fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

A las 14:50 horas, el Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones.

Posteriormente, a las 15:35 horas, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

Inmediatamente, procedió a votar una modificación al artículo Segundo Transitorio con 377 votos a favor, cuatro en contra y 43 abstenciones, la cual fue presentada por el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN).

Finalmente, aprobó incorporar un artículo Cuarto Transitorio, con 357 votos a favor, 62 en contra y una abstención, que fue propuesto por el diputado Jorge Eugenio Russo Salido (MC)

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), el pasado 6 de febrero; la diputada María Chávez Pérez (Morena), el pasado 14 de agosto, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ese mismo día.

En el artículo 116 –que ordena a los entes públicos estatales incluir en sus proyectos de presupuesto sus tabuladores de percepciones– se incluye a las personas de derecho público y a los órganos autónomos como sujetos que deben cumplir con lo establecido en este precepto.

En el artículo 127 se agregan a las personas de derecho público y a los órganos con autonomía –estatales y federales– dentro del grupo de entes públicos, cuyos servidores deben sujetarse al mandato de que no pueden ganar más que el Ejecutivo federal.

El artículo Segundo Transitorio señala que las remuneraciones de las personas contempladas en el primer párrafo del artículo 127 de la Constitución “que sean superiores al límite máximo establecido en el presente decreto deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto y siempre que se haya dado cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo emitida por el Pleno de la SCJN en la Acción de inconstitucionalidad 105/2008 y su acumulada 108/2018”.

El precepto Cuarto Transitorio estipula que el Congreso de la Unión deberá realizar reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

“En dicha reforma se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, lo anterior a efecto de que emita una opinión fundada y motivada a la Cámara de Diputados”.

La discusión inició a las 11:50 horas, con la fundamentación del dictamen, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez (Morena), que fue la instancia que elaboró el documento.

Tras ello, la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) presentó una moción suspensiva que fue rechazada por el Pleno.

La legisladora Carrillo Martínez señaló que las remuneraciones que perciben algunos servidores públicos son altas respecto de los tabuladores generales vigentes en el sector público y las que reciben sus pares en otros países.

Asimismo, dijo, no se ajustan a la reforma constitucional de 2009 que establece que ningún servidor público pueda tener un ingreso mayor que el del titular del poder Ejecutivo.

En ese sentido, subrayó que la nueva reforma tiene el objetivo de fortalecer los principios constitucionales y modificar su ley secundaria, y se presenta bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto.

Al término de la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas, y después diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.

A favor lo hicieron Alejandro Viedma Velázquez (Morena), María Chávez Pérez (Morena), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Ruth Salinas Reyes (MC) y Guadalupe Ramos Sotelo (Morena).

En contra, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Gloria Romero León (PAN), Claudia Pastor Badilla (PRI), Dulce María Sauri Riancho (PRI) y Jorge Arturo Espadas Galván (PAN).