Por: Redacción/
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adiciones al Código Penal Federal, a fin de regular las percepciones de los empleados federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
Para la discusión en lo particular se reservaron los 17 artículos contenidos en cinco capítulos de la minuta, aprobados en sus términos, por 246 votos a favor y 111 en contra, luego de la participación en tribuna de 28 oradores y la presentación de 13 propuestas de modificación. El documento se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Esta ley, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que todo servidor público no puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se adiciona al Título Décimo Libro Segundo “Delitos Cometidos por Servidores Públicos” del Código Penal Federal, un Capítulo V Bis denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos”, en el que se establecen sanciones económicas hasta de 3 mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por 14 años.
El ordenamiento considera remuneración a toda retribución en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra cosa, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
En tanto, define como servidor público a quienes desempeñan una función, empleo, cargo o comisión en los Poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, entes públicos incluidos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia, tribunales administrativos, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, dependencias federales y organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal.
El documento plantea que ningún funcionario puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, siempre que éste cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales.
Asimismo, por el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo, cuando su desempeño exija una preparación, formación o conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, entre ot ros. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las remuneraciones no podrá exceder la mitad de la percepción establecida para el Ejecutivo.
Estipula que las remuneraciones y tabulaciones son públicas, por lo que no puede clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Los ejecutores del gasto público federal y demás entes públicos las darán a conocer en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente.
Se establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá hacer observaciones, iniciar procedimientos para el financiamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas, determinar los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal, promover denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando procedan.
Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control respecto de las conductas de los servidores públicos contrarios a las disposiciones de esta ley para que se inicie procedimiento de responsabilidad.
Cuando la denuncia se refiere a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 Constitucional, podrá presentarse denuncia también ante la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento de juicio político.
Previamente a su aprobación, la Mesa Directiva informó que dicha minuta fue aprobada por el Senado de la República el 8 de noviembre de 2011 por unanimidad de 95 votos, y remitida a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política.
La minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones y se venció su plazo para ser dictaminada el 23 de mayo de 2013. Sin embargo, en la LXIII Legislatura se autorizó prórroga a la minuta en cuestión hasta el 29 de abril de 2016, toda vez que el plazo para que este proyecto fuera dictaminado ha precluido.
En términos del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en reunión celebrada el pasado lunes 3 de septiembre, solicitaron a la Mesa Directiva que con fundamento en el artículo 184 del mismo ordenamiento, acordara la presentación de esta minuta ante el Pleno en sus términos por vencimiento de plazo, conforme a lo dispuesto por el artículo 95, numeral 2, fracción II del Reglamento.
Por ello, en el orden del día de este jueves se incluyó el apartado correspondiente a la discusión y votación de esta minuta.
Antes, se desechó la moción suspensiva de la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI), quien expresó estar a favor de regular las remuneraciones de los funcionarios; sin embargo, consideró que el documento que se propone aprobar no tiene actualizado el marco jurídico en siete años. “No cometamos el error de aprobar esta propuesta con las notorias inconsistencias para que otros nos corrijan la plana”.
Durante los posicionamientos, el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, enfatizó que no se trata sólo del salario máximo del Presidente. Es acabar con los elevadísimos sueldos ilegales y abusivos porque se ha convertido a México en un país de privilegios, y “si en algo habremos de concluir después de la histórica jornada del primero de julio es en convertir a México en un país sin privilegios, en un país de iguales y respeto a la ciudadanía donde el pueblo pueda ejercer con su voto la soberanía verdadera a través de los Poderes”.
Subrayó que harán valer la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos, porque ésta ha sido violada durante nueve años y se han puesto sueldos muy por encima de los topes.
“Hemos venido aquí a hacer algo que dijimos durante toda la campaña. Vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones en todos los tonos, hemos venido a cumplir aquí, hoy”, afirmó.
Recalcó que se les acusa de legislar a la carrera, rápido y mal, por lo que cuestionó ¿por qué no dijeron eso hace siete años? Y agregó: “hemos esperado todo el tiempo, tenemos casi nueve años en omisión legislativa, pueden señores y señoras explicarnos esto. El PAN, PRI y PRD son responsables de esta omisión legislativa y por eso tienen que dar cuentas a la nación”.
Por el PAN, Laura Angélica Rojas Hernández dijo que votarán a favor de la minuta en lo general, pero agregó que presentaría reservas, porque su texto está totalmente desactualizado en relación a una diversidad de reformas que han sucedido en los últimos 7 años; anunció que a la brevedad propondrán una iniciativa al respecto.
“Lamentamos que siendo esta la primera ley que la Legislatura votará, el resultado será un texto anacrónico, con claros y evidentes errores en la forma e insuficiente en el fondo, ni siquiera propone los mecanismos ni los criterios técnicos por los cuales se fijarán los salarios. Es esta la Cuarta Transformación, de eso se va a tratar, de legislar rápido y mal, pues vaya cambio, el pueblo necesita leyes que le sirvan para ejercer los derechos”, afirmó.
Aseveró que el PAN está a favor de topar el salario de los servidores públicos; muestra de ello, dij, es su voto a favor de esta minuta en el Senado de la República. Recordó que la primera iniciativa en la materia no fue presentada por la izquierda, sino por el entonces diputado Felipe Calderón, en 2002.
El PAN, añadió, no olvida que este es uno de los temas más sensibles para la sociedad, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios de los distintos órdenes del gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en comparación con el salario de una familia promedio, por lo que la atención del mismo se convierte en un asunto de justicia social, transparencia y equidad.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) se manifestó a favor de una legislación que regule las remuneraciones de los servidores públicos; sin embargo, pidió que se haga bien. “Votaremos a favor del proyecto, pero no de la forma de una minuta salida del invierno legislativo; no compartimos que se apruebe sin cambios”.
Añadió que el documento genera incertidumbre jurídica y plantea problemas de aplicación. Las razones: obsolescencia legislativa y falta de armonización. La ausencia de consideración sobre regímenes especiales, apuntó, provoca choque presupuestario y genera conflicto constitucional.
Manifestó que, de 2011 a la fecha, el marco constitucional ha tenido grandes reformas que han fortalecido al Estado mexicano, generando una nueva estructura administrativa, como la creación de nuevos órganos autónomos y de nuevas figuras. “Aprobarla en sus términos, implicaría no incorporar un mecanismo de vinculación con el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción ni con la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, ni su armonización con la desindexación del salario mínimo”, advirtió.
Estimó que se requieren disposiciones transitorias que permitan operar la ley en coordinación con el nuevo Presupuesto de Egresos y lograr su aplicación efectiva. Consideró fundamental actualizar la minuta. “En lo particular, presentaremos reservas para que sea la norma que esperan las y los mexicanos y no un ejercicio demagógico o de simulación”.
Ernesto Vargas Contreras, diputado del PES, precisó que esta minuta tiene su fundamento en un reclamo de los ciudadanos, en relación con los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y los funcionarios públicos. “No es una petición, sino un grito de justicia, de desesperación y un reclamo justo”, expresó.
Preguntó a sus homólogos si no les duelen los 50 millones de pobres que hay en el país. “Muchos mexicanos no saben lo que significa comer tres veces al día; cinco de cada 10 niños se alimentan una vez al día. El pueblo se muere de hambre aquí cruzando la calle y en toda la nación”.
Se debe tener una legislación que obligue a los Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales a cumplir reglas y principios de austeridad, con el fin de edificar una sociedad más igualitaria y justa, puntualizó.
Aclaró que la reducción en los sueldos de los servidores públicos no se deriva de una imposición ni es una revancha política. “Es la exigencia de una nación que cada día tiene más pobres, mientras existen funcionarios públicos obesos y desconectados de la realidad. Necesitamos un cambio, nuestro voto es a favor de la familias mexicanas”, añadió.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que es fundamental ajustar los salarios y “ganar y vivir como lo quería Juárez, en la honrosa medianía”. Afirmó que el presupuesto público debe ser austero e invertir ese dinero en programas que beneficien a la gente y a los más pobres.
Se requiere, dijo, dar señales claras y hechos de que realmente se busca combatir la desigualdad en México. “A la gente le molesta que se regatee la baja de salarios de los altos funcionarios o se eliminen los lujos y las casas blancas, porque ofrecen desigualdad, que es tan grande en el país”.
Llamó a no ignorar la desigualdad, por lo que pidió a las fuerzas políticas de esta Cámara, a los miembros de los otros Poderes, de los organismos y demás dependencias, “a no aplicar una política de regateo, de anteponer su interés u ambición”.
Es fundamental, precisó, cerrar las brechas entre unos mexicanos que ganan como reyes y otros que sólo reciben recursos para sobrevivir. Hizo votos para abrir nuevas oportunidades legítimas y concluir negocios al amparo del poder público o ganancias a costa del dinero del pueblo.
A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla afirmó tener “un firme compromiso con el combate al derroche”, ya que hacen falta recursos para programas urgentes y atender múltiples prioridades. “No es justo que gran parte de los recursos públicos se vayan a privilegios salariales”.
Sostuvo que en términos generales, la minuta es positiva porque busca ordenar las remuneraciones de servidores públicos; sin embargo, tiene deficiencias, incluso hay excesos, y “debemos tener cuidado en discutir un tema tan importante, porque podemos dar paso a la judialización de esta reforma”.
La Constitución señala, desde hace años, que no debe haber remuneraciones por arriba del sueldo del Presidente; no obstante, cada año se aprueban presupuestos que permiten las partidas para que esos sueldos se sigan pagando en contra de dicho texto, aseguró.
También, por muchos años, se ha utilizado el Presupuesto de Egresos de la Federación como espacio para la simulación y otorgar privilegios discrecionales de toda la naturaleza, para garantizar ingresos muy por arriba de los tabuladores regulares. Expresó su preocupación por caer en demagogia y en un discurso de simulación en materia de austeridad, que no se distinga entre poner orden en las finanzas públicas y votar un decreto de forma pulcra y cuidadosa.
Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez sostuvo que se está generando un problema en la administración pública con la solicitud de separaciones voluntarias, renuncias, amenazas de amparo y jubilaciones adelantadas ante la expectativa de reducir los sueldos a altos funcionarios. Destacó que “no se cuida con responsabilidad una iniciativa que atiende una demanda popular y social, y que solo provoca la división del pueblo malo contra el bueno”.
Lo que hay en el fondo es que se quiere cerrar el círculo entre la aplicación constitucional, la ley reglamentaria y establecer las percepciones, para evitar que en la judialización que viene se genere el problema político, porque cumplir las promesas se les está complicando y no quieren entender que esto se hace con pulcritud política y procesal.
“Se pretende resolver las inconsistencias de la minuta mediante acuerdos en lo oscuro, reservas, cartas compromiso y, desde luego, será una ley con enormes inconsistencias en el proceso. La prisa en las labores legislativas significan desaseo, que conlleva serios riesgos a la legalidad. No solo es desaseo en las formas, en alguna palabra que hay que corregir, sino en el fondo”, afirmó.
Refirió que hay un vacío, porque es una minuta de hace casi siete años, desfasada y hay que actualizarla. “¿Qué hacer con ella?, Sigue viva, no se ha dictaminado, no se elimina y hay que resolverlo”. Indicó que la promesa de campaña que se quiere cumplir, la comparten: evitar los abusos de las remuneraciones públicas. Pero aseguró que el PRD ha presentado siete iniciativas para tratar este tema.
El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) afirmó que “hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía, sobre lo que debería de percibir un funcionario público. Bienvenida la reforma. Debemos de apoyarla, para reducir el sueldo como un mecanismo para que el funcionario público este más a la altura de lo que la gente aspira”.
No obstante, señaló que “no queremos ser omisos sobre las posibles consecuencias de establecer estos máximos de remuneraciones. Pudiera provocar el riesgo, de que salgan de la administración pública federal servidores altamente técnicos. “Preparémonos para esta realidad”.
Se tiene en la administración pública federal muchos funcionarios que no son políticos, que participan por su enorme conocimiento técnico de los temas, como Telecomunicaciones, energía, económicos e instituciones como el SAT, hay directores generales que están sin duda, por abajo de lo que percibe en este momento el presidente, que está en el rango de 207 mil pesos, pero que tenían sueldos de 150, 170, 180 mil pesos.
“Habrá consecuencias en espacios que no son netamente políticos, que requieren una formación altamente académica y técnica, donde habrá que encontrar y convencer a funcionarios mexicanos para que participen”, destacó.
En la discusión de la minuta, la diputada Julieta Macías Rábago (MC) manifestó su postura en contra señalando que la misma tiene errores de fondo y está completamente fuera de contexto. “El procedimiento legislativo es violatorio, no paso a discusión para hacer las adecuaciones necesarias pues carece de fundamentos actuales y además viola preceptos establecidos en la constitución”.
Aprobar esta ley implica también violar la autonomía de instituciones como la UNAM o la UAM quienes sin análisis y discusión se verían sujetos a estas normas, cuando particularmente estas instituciones se caracterizan por contar con servidores públicos de carrera, profesores de méritos que han dedicado su vida a la enseñanza y se podrían ver afectados directamente.
En el fondo esta ley no debe estar diseñada para afectar a los millones de servidores públicos que hoy trabajan en el gobierno federal. Diversas estimaciones afirman que hay cerca de 5 millones de trabajadores al servicio del estado que no son quienes han acaudalado recursos, gozado de privilegios o derrochado el presupuesto, argumentó.
El diputado Zoé Alejandro Robledo Aburto (Morena) expresó estar a favor de la iniciativa estableciendo que es una oportunidad de desmontar esta idea popular de que “el político gana mucho y hace poco o que el funcionario está en ese solamente para servirse”.
Expuso que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó datos sobre el tema de la pobreza salarial señalando que en el país, en el primer trimestre de este año, el ingreso promedio de los mexicanos que viven en las ciudades fue de 2 mil 300 pesos al mes.
Mientras, “en el campo la gente está ganando mil 340 pesos al mes, siendo esto lo que se gasta alguien en una comida, en un regalo o en un vuelo de avión; esta es la brecha que estamos intentando vencer”, argumentó.
Para hablar en contra, el diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) dijo estar de acuerdo con el espíritu de esta regulación, “pero tenemos la responsabilidad de procesarla con apego a la legalidad y a las precisiones. No es una ley desvinculada, está ligada a muchas otras, inclusive el capítulo de sanciones no viene bien redactado, y lo hemos revisado y visto cuál es la solución”.
Refrendó su compromiso de apoyar que no haya excesos con los recursos en el ejercicio público. “Vamos a estar en éste y en otros temas que puedan traer consecuencias”, subrayó, al tiempo que apuntó que la iniciativa aprobada en la colegisladora tiene “errores graves legales”.
Esta ley “puede tener problemas si tal cual la aprobamos”. Pidió corregir esos errores “para darle a México lo que nos piden a todos, que apliquemos leyes para la transparencia, para la rendición de cuentas, para las sanciones”. Explicó que hay tres documentos de seis grupos parlamentarios, que solicitan que las observaciones se procesen de aquí al 30 de septiembre.
Para hablar a favor del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que hay regidores, síndicos, alcaldes, ministros de la Corte, funcionarios de la Cámara que no son legisladores “y un largo etcétera, que ganan mucho más que el Presidente”.
Señaló que no se ha buscado corregir el dictamen del Senado y en el momento que se discute el tema, argumentan “graves errores”. Afirmó: “tienen que quitarse la careta, dejar los eufemismos y decir que quieren salarios superiores a lo establecido por el compañero presidente electo; tienen que decirlo, con toda verdad y que el pueblo sepa que lo único que les interesa es servirse y no servir”.
En México, cinco de cada 10 niños viven en pobreza extrema y el 50 por ciento de los niños de este país se está muriendo literalmente de hambre, “y vienen a defender salarios exorbitantes de funcionarios públicos”. Refrendó que hay un mandato y una responsabilidad que cumplirle al pueblo, que reclama detener excesos. “No son privilegios, son francos atracos a la nación, negocios al cobijo del poder”.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) aseguró que con la discusión de esta minuta que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 127 y 75 Constitucionales, en materia de remuneraciones de servidores públicos, inicia la Cuarta Transformación, pues forma parte de la columna vertebral del proyecto del próximo gobierno, que implica austeridad republicana y racionalidad de gasto público, en especial en lo referente a salarios y prestaciones de altos funcionarios.
México es el país con los sueldos más altos en este ámbito, por lo que deben terminar privilegios y sobresueldos “y esa tendencia que permea la administración pública, de ver a la política como un botín”. Advirtió que los servidores públicos serán remunerados por su trabajo con un pago digno, acorde con sus responsabilidades.
Se tiene una deuda histórica con 53 millones de mexicanos pobres, y más de 8 millones en condiciones extremas, sin presente ni futuro, por lo que los ahorros que resulten de estas y otras medidas de austeridad serán canalizados para hacer justicia a jóvenes, adultos mayores, el campo, la infraestructura ferroviaria, 15 ciudades con altos índices de marginalidad, y bajar el IVA y predial en las zonas fronterizas.
En contra, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) aclaró estar de acuerdo en bajar los salarios pero con una propuesta seria y establecer a dónde será destinado el recurso de manera puntual, “porque tampoco se vale que se pierda entre proyectos y programas de la nada y que son puras ocurrencias”.
Al pronunciarse a favor, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) subrayó que esta ley estuvo siete años en la congeladora, “lo que es una anormalidad democrática republicana en cualquier país del mundo y no es posible que ahora se diga que las deficiencias son el pretexto para no avanzar en una reforma de esta naturaleza”.
Habrá una armonización con muchas leyes, pero se necesita esta norma reglamentaria para tener el Presupuesto de Egresos de la Federación dispuesto con el ordenamiento que se requiere para transitar a una nueva etapa en la vida del país.
A partir de la remuneración del presidente de la República, se modificarán los tabuladores y el país entrará en un proceso de ordenamiento general en los ingresos de los funcionarios de la administración pública; las diferencias entre los niveles salariales se reducirán y habrá condiciones para frenar el abuso.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) afirmó que los abusos cometidos por funcionarios públicos durante las pasadas administraciones provocaron un sinfín de privilegios utilizando los recursos del erario público para fines personales.
Consideró que en vísperas de la discusión del Paquete Económico de 2019, el tema de las remuneraciones de los servidores públicos cobra mayor relevancia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento interno y externo que conduce al uso eficiente de los recursos disponibles al gasto público.
Esta es la oportunidad para eliminar privilegios y reducir los altos sueldos en los segmentos de alta burocracia gubernamental, sentar las bases de una verdadera austeridad república al tiempo de sostener el financiamiento público en políticas sociales que garanticen el bienestar de los mexicanos.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) señaló que ha pasado mucho tiempo para aprobar las reformas que se requieren para acabar con los privilegios y ya es tiempo de cumplirle a la gente.
Estimó que vale la pena modificar la minuta, “hacerlo bien porque la ciudadanía lo que demanda es que esta mayoría, por la que votó, beneficie a la vida y el día a día de todos los ciudadanos”.
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adiciones al Código Penal Federal, a fin de regular las percepciones de los empleados federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
Para la discusión en lo particular se reservaron los 17 artículos contenidos en cinco capítulos de la minuta, aprobados en sus términos, por 246 votos a favor y 111 en contra, luego de la participación en tribuna de 28 oradores y la presentación de 13 propuestas de modificación. El documento se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Esta ley, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que todo servidor público no puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se adiciona al Título Décimo Libro Segundo “Delitos Cometidos por Servidores Públicos” del Código Penal Federal, un Capítulo V Bis denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos”, en el que se establecen sanciones económicas hasta de 3 mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por 14 años.
El ordenamiento considera remuneración a toda retribución en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra cosa, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
En tanto, define como servidor público a quienes desempeñan una función, empleo, cargo o comisión en los Poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, entes públicos incluidos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia, tribunales administrativos, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, dependencias federales y organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal.
El documento plantea que ningún funcionario puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, siempre que éste cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales.
Asimismo, por el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo, cuando su desempeño exija una preparación, formación o conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, entre ot ros. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las remuneraciones no podrá exceder la mitad de la percepción establecida para el Ejecutivo.
Estipula que las remuneraciones y tabulaciones son públicas, por lo que no puede clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Los ejecutores del gasto público federal y demás entes públicos las darán a conocer en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente.
Se establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá hacer observaciones, iniciar procedimientos para el financiamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas, determinar los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal, promover denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando procedan.
Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control respecto de las conductas de los servidores públicos contrarios a las disposiciones de esta ley para que se inicie procedimiento de responsabilidad.
Cuando la denuncia se refiere a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 Constitucional, podrá presentarse denuncia también ante la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento de juicio político.
Previamente a su aprobación, la Mesa Directiva informó que dicha minuta fue aprobada por el Senado de la República el 8 de noviembre de 2011 por unanimidad de 95 votos, y remitida a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política.
La minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones y se venció su plazo para ser dictaminada el 23 de mayo de 2013. Sin embargo, en la LXIII Legislatura se autorizó prórroga a la minuta en cuestión hasta el 29 de abril de 2016, toda vez que el plazo para que este proyecto fuera dictaminado ha precluido.
En términos del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en reunión celebrada el pasado lunes 3 de septiembre, solicitaron a la Mesa Directiva que con fundamento en el artículo 184 del mismo ordenamiento, acordara la presentación de esta minuta ante el Pleno en sus términos por vencimiento de plazo, conforme a lo dispuesto por el artículo 95, numeral 2, fracción II del Reglamento.
Por ello, en el orden del día de este jueves se incluyó el apartado correspondiente a la discusión y votación de esta minuta.
Antes, se desechó la moción suspensiva de la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI), quien expresó estar a favor de regular las remuneraciones de los funcionarios; sin embargo, consideró que el documento que se propone aprobar no tiene actualizado el marco jurídico en siete años. “No cometamos el error de aprobar esta propuesta con las notorias inconsistencias para que otros nos corrijan la plana”.
Durante los posicionamientos, el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, enfatizó que no se trata sólo del salario máximo del Presidente. Es acabar con los elevadísimos sueldos ilegales y abusivos porque se ha convertido a México en un país de privilegios, y “si en algo habremos de concluir después de la histórica jornada del primero de julio es en convertir a México en un país sin privilegios, en un país de iguales y respeto a la ciudadanía donde el pueblo pueda ejercer con su voto la soberanía verdadera a través de los Poderes”.
Subrayó que harán valer la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos, porque ésta ha sido violada durante nueve años y se han puesto sueldos muy por encima de los topes.
“Hemos venido aquí a hacer algo que dijimos durante toda la campaña. Vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones en todos los tonos, hemos venido a cumplir aquí, hoy”, afirmó.
Recalcó que se les acusa de legislar a la carrera, rápido y mal, por lo que cuestionó ¿por qué no dijeron eso hace siete años? Y agregó: “hemos esperado todo el tiempo, tenemos casi nueve años en omisión legislativa, pueden señores y señoras explicarnos esto. El PAN, PRI y PRD son responsables de esta omisión legislativa y por eso tienen que dar cuentas a la nación”.
Por el PAN, Laura Angélica Rojas Hernández dijo que votarán a favor de la minuta en lo general, pero agregó que presentaría reservas, porque su texto está totalmente desactualizado en relación a una diversidad de reformas que han sucedido en los últimos 7 años; anunció que a la brevedad propondrán una iniciativa al respecto.
“Lamentamos que siendo esta la primera ley que la Legislatura votará, el resultado será un texto anacrónico, con claros y evidentes errores en la forma e insuficiente en el fondo, ni siquiera propone los mecanismos ni los criterios técnicos por los cuales se fijarán los salarios. Es esta la Cuarta Transformación, de eso se va a tratar, de legislar rápido y mal, pues vaya cambio, el pueblo necesita leyes que le sirvan para ejercer los derechos”, afirmó.
Aseveró que el PAN está a favor de topar el salario de los servidores públicos; muestra de ello, dij, es su voto a favor de esta minuta en el Senado de la República. Recordó que la primera iniciativa en la materia no fue presentada por la izquierda, sino por el entonces diputado Felipe Calderón, en 2002.
El PAN, añadió, no olvida que este es uno de los temas más sensibles para la sociedad, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios de los distintos órdenes del gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en comparación con el salario de una familia promedio, por lo que la atención del mismo se convierte en un asunto de justicia social, transparencia y equidad.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) se manifestó a favor de una legislación que regule las remuneraciones de los servidores públicos; sin embargo, pidió que se haga bien. “Votaremos a favor del proyecto, pero no de la forma de una minuta salida del invierno legislativo; no compartimos que se apruebe sin cambios”.
Añadió que el documento genera incertidumbre jurídica y plantea problemas de aplicación. Las razones: obsolescencia legislativa y falta de armonización. La ausencia de consideración sobre regímenes especiales, apuntó, provoca choque presupuestario y genera conflicto constitucional.
Manifestó que, de 2011 a la fecha, el marco constitucional ha tenido grandes reformas que han fortalecido al Estado mexicano, generando una nueva estructura administrativa, como la creación de nuevos órganos autónomos y de nuevas figuras. “Aprobarla en sus términos, implicaría no incorporar un mecanismo de vinculación con el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción ni con la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, ni su armonización con la desindexación del salario mínimo”, advirtió.
Estimó que se requieren disposiciones transitorias que permitan operar la ley en coordinación con el nuevo Presupuesto de Egresos y lograr su aplicación efectiva. Consideró fundamental actualizar la minuta. “En lo particular, presentaremos reservas para que sea la norma que esperan las y los mexicanos y no un ejercicio demagógico o de simulación”.
Ernesto Vargas Contreras, diputado del PES, precisó que esta minuta tiene su fundamento en un reclamo de los ciudadanos, en relación con los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y los funcionarios públicos. “No es una petición, sino un grito de justicia, de desesperación y un reclamo justo”, expresó.
Preguntó a sus homólogos si no les duelen los 50 millones de pobres que hay en el país. “Muchos mexicanos no saben lo que significa comer tres veces al día; cinco de cada 10 niños se alimentan una vez al día. El pueblo se muere de hambre aquí cruzando la calle y en toda la nación”.
Se debe tener una legislación que obligue a los Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales a cumplir reglas y principios de austeridad, con el fin de edificar una sociedad más igualitaria y justa, puntualizó.
Aclaró que la reducción en los sueldos de los servidores públicos no se deriva de una imposición ni es una revancha política. “Es la exigencia de una nación que cada día tiene más pobres, mientras existen funcionarios públicos obesos y desconectados de la realidad. Necesitamos un cambio, nuestro voto es a favor de la familias mexicanas”, añadió.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que es fundamental ajustar los salarios y “ganar y vivir como lo quería Juárez, en la honrosa medianía”. Afirmó que el presupuesto público debe ser austero e invertir ese dinero en programas que beneficien a la gente y a los más pobres.
Se requiere, dijo, dar señales claras y hechos de que realmente se busca combatir la desigualdad en México. “A la gente le molesta que se regatee la baja de salarios de los altos funcionarios o se eliminen los lujos y las casas blancas, porque ofrecen desigualdad, que es tan grande en el país”.
Llamó a no ignorar la desigualdad, por lo que pidió a las fuerzas políticas de esta Cámara, a los miembros de los otros Poderes, de los organismos y demás dependencias, “a no aplicar una política de regateo, de anteponer su interés u ambición”.
Es fundamental, precisó, cerrar las brechas entre unos mexicanos que ganan como reyes y otros que sólo reciben recursos para sobrevivir. Hizo votos para abrir nuevas oportunidades legítimas y concluir negocios al amparo del poder público o ganancias a costa del dinero del pueblo.
A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla afirmó tener “un firme compromiso con el combate al derroche”, ya que hacen falta recursos para programas urgentes y atender múltiples prioridades. “No es justo que gran parte de los recursos públicos se vayan a privilegios salariales”.
Sostuvo que en términos generales, la minuta es positiva porque busca ordenar las remuneraciones de servidores públicos; sin embargo, tiene deficiencias, incluso hay excesos, y “debemos tener cuidado en discutir un tema tan importante, porque podemos dar paso a la judialización de esta reforma”.
La Constitución señala, desde hace años, que no debe haber remuneraciones por arriba del sueldo del Presidente; no obstante, cada año se aprueban presupuestos que permiten las partidas para que esos sueldos se sigan pagando en contra de dicho texto, aseguró.
También, por muchos años, se ha utilizado el Presupuesto de Egresos de la Federación como espacio para la simulación y otorgar privilegios discrecionales de toda la naturaleza, para garantizar ingresos muy por arriba de los tabuladores regulares. Expresó su preocupación por caer en demagogia y en un discurso de simulación en materia de austeridad, que no se distinga entre poner orden en las finanzas públicas y votar un decreto de forma pulcra y cuidadosa.
Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez sostuvo que se está generando un problema en la administración pública con la solicitud de separaciones voluntarias, renuncias, amenazas de amparo y jubilaciones adelantadas ante la expectativa de reducir los sueldos a altos funcionarios. Destacó que “no se cuida con responsabilidad una iniciativa que atiende una demanda popular y social, y que solo provoca la división del pueblo malo contra el bueno”.
Lo que hay en el fondo es que se quiere cerrar el círculo entre la aplicación constitucional, la ley reglamentaria y establecer las percepciones, para evitar que en la judialización que viene se genere el problema político, porque cumplir las promesas se les está complicando y no quieren entender que esto se hace con pulcritud política y procesal.
“Se pretende resolver las inconsistencias de la minuta mediante acuerdos en lo oscuro, reservas, cartas compromiso y, desde luego, será una ley con enormes inconsistencias en el proceso. La prisa en las labores legislativas significan desaseo, que conlleva serios riesgos a la legalidad. No solo es desaseo en las formas, en alguna palabra que hay que corregir, sino en el fondo”, afirmó.
Refirió que hay un vacío, porque es una minuta de hace casi siete años, desfasada y hay que actualizarla. “¿Qué hacer con ella?, Sigue viva, no se ha dictaminado, no se elimina y hay que resolverlo”. Indicó que la promesa de campaña que se quiere cumplir, la comparten: evitar los abusos de las remuneraciones públicas. Pero aseguró que el PRD ha presentado siete iniciativas para tratar este tema.
El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) afirmó que “hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía, sobre lo que debería de percibir un funcionario público. Bienvenida la reforma. Debemos de apoyarla, para reducir el sueldo como un mecanismo para que el funcionario público este más a la altura de lo que la gente aspira”.
No obstante, señaló que “no queremos ser omisos sobre las posibles consecuencias de establecer estos máximos de remuneraciones. Pudiera provocar el riesgo, de que salgan de la administración pública federal servidores altamente técnicos. “Preparémonos para esta realidad”.
Se tiene en la administración pública federal muchos funcionarios que no son políticos, que participan por su enorme conocimiento técnico de los temas, como Telecomunicaciones, energía, económicos e instituciones como el SAT, hay directores generales que están sin duda, por abajo de lo que percibe en este momento el presidente, que está en el rango de 207 mil pesos, pero que tenían sueldos de 150, 170, 180 mil pesos.
“Habrá consecuencias en espacios que no son netamente políticos, que requieren una formación altamente académica y técnica, donde habrá que encontrar y convencer a funcionarios mexicanos para que participen”, destacó.
En la discusión de la minuta, la diputada Julieta Macías Rábago (MC) manifestó su postura en contra señalando que la misma tiene errores de fondo y está completamente fuera de contexto. “El procedimiento legislativo es violatorio, no paso a discusión para hacer las adecuaciones necesarias pues carece de fundamentos actuales y además viola preceptos establecidos en la constitución”.
Aprobar esta ley implica también violar la autonomía de instituciones como la UNAM o la UAM quienes sin análisis y discusión se verían sujetos a estas normas, cuando particularmente estas instituciones se caracterizan por contar con servidores públicos de carrera, profesores de méritos que han dedicado su vida a la enseñanza y se podrían ver afectados directamente.
En el fondo esta ley no debe estar diseñada para afectar a los millones de servidores públicos que hoy trabajan en el gobierno federal. Diversas estimaciones afirman que hay cerca de 5 millones de trabajadores al servicio del estado que no son quienes han acaudalado recursos, gozado de privilegios o derrochado el presupuesto, argumentó.
El diputado Zoé Alejandro Robledo Aburto (Morena) expresó estar a favor de la iniciativa estableciendo que es una oportunidad de desmontar esta idea popular de que “el político gana mucho y hace poco o que el funcionario está en ese solamente para servirse”.
Expuso que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó datos sobre el tema de la pobreza salarial señalando que en el país, en el primer trimestre de este año, el ingreso promedio de los mexicanos que viven en las ciudades fue de 2 mil 300 pesos al mes.
Mientras, “en el campo la gente está ganando mil 340 pesos al mes, siendo esto lo que se gasta alguien en una comida, en un regalo o en un vuelo de avión; esta es la brecha que estamos intentando vencer”, argumentó.
Para hablar en contra, el diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) dijo estar de acuerdo con el espíritu de esta regulación, “pero tenemos la responsabilidad de procesarla con apego a la legalidad y a las precisiones. No es una ley desvinculada, está ligada a muchas otras, inclusive el capítulo de sanciones no viene bien redactado, y lo hemos revisado y visto cuál es la solución”.
Refrendó su compromiso de apoyar que no haya excesos con los recursos en el ejercicio público. “Vamos a estar en éste y en otros temas que puedan traer consecuencias”, subrayó, al tiempo que apuntó que la iniciativa aprobada en la colegisladora tiene “errores graves legales”.
Esta ley “puede tener problemas si tal cual la aprobamos”. Pidió corregir esos errores “para darle a México lo que nos piden a todos, que apliquemos leyes para la transparencia, para la rendición de cuentas, para las sanciones”. Explicó que hay tres documentos de seis grupos parlamentarios, que solicitan que las observaciones se procesen de aquí al 30 de septiembre.
Para hablar a favor del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que hay regidores, síndicos, alcaldes, ministros de la Corte, funcionarios de la Cámara que no son legisladores “y un largo etcétera, que ganan mucho más que el Presidente”.
Señaló que no se ha buscado corregir el dictamen del Senado y en el momento que se discute el tema, argumentan “graves errores”. Afirmó: “tienen que quitarse la careta, dejar los eufemismos y decir que quieren salarios superiores a lo establecido por el compañero presidente electo; tienen que decirlo, con toda verdad y que el pueblo sepa que lo único que les interesa es servirse y no servir”.
En México, cinco de cada 10 niños viven en pobreza extrema y el 50 por ciento de los niños de este país se está muriendo literalmente de hambre, “y vienen a defender salarios exorbitantes de funcionarios públicos”. Refrendó que hay un mandato y una responsabilidad que cumplirle al pueblo, que reclama detener excesos. “No son privilegios, son francos atracos a la nación, negocios al cobijo del poder”.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) aseguró que con la discusión de esta minuta que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 127 y 75 Constitucionales, en materia de remuneraciones de servidores públicos, inicia la Cuarta Transformación, pues forma parte de la columna vertebral del proyecto del próximo gobierno, que implica austeridad republicana y racionalidad de gasto público, en especial en lo referente a salarios y prestaciones de altos funcionarios.
México es el país con los sueldos más altos en este ámbito, por lo que deben terminar privilegios y sobresueldos “y esa tendencia que permea la administración pública, de ver a la política como un botín”. Advirtió que los servidores públicos serán remunerados por su trabajo con un pago digno, acorde con sus responsabilidades.
Se tiene una deuda histórica con 53 millones de mexicanos pobres, y más de 8 millones en condiciones extremas, sin presente ni futuro, por lo que los ahorros que resulten de estas y otras medidas de austeridad serán canalizados para hacer justicia a jóvenes, adultos mayores, el campo, la infraestructura ferroviaria, 15 ciudades con altos índices de marginalidad, y bajar el IVA y predial en las zonas fronterizas.
En contra, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) aclaró estar de acuerdo en bajar los salarios pero con una propuesta seria y establecer a dónde será destinado el recurso de manera puntual, “porque tampoco se vale que se pierda entre proyectos y programas de la nada y que son puras ocurrencias”.
Al pronunciarse a favor, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) subrayó que esta ley estuvo siete años en la congeladora, “lo que es una anormalidad democrática republicana en cualquier país del mundo y no es posible que ahora se diga que las deficiencias son el pretexto para no avanzar en una reforma de esta naturaleza”.
Habrá una armonización con muchas leyes, pero se necesita esta norma reglamentaria para tener el Presupuesto de Egresos de la Federación dispuesto con el ordenamiento que se requiere para transitar a una nueva etapa en la vida del país.
A partir de la remuneración del presidente de la República, se modificarán los tabuladores y el país entrará en un proceso de ordenamiento general en los ingresos de los funcionarios de la administración pública; las diferencias entre los niveles salariales se reducirán y habrá condiciones para frenar el abuso.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) afirmó que los abusos cometidos por funcionarios públicos durante las pasadas administraciones provocaron un sinfín de privilegios utilizando los recursos del erario público para fines personales.
Consideró que en vísperas de la discusión del Paquete Económico de 2019, el tema de las remuneraciones de los servidores públicos cobra mayor relevancia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento interno y externo que conduce al uso eficiente de los recursos disponibles al gasto público.
Esta es la oportunidad para eliminar privilegios y reducir los altos sueldos en los segmentos de alta burocracia gubernamental, sentar las bases de una verdadera austeridad república al tiempo de sostener el financiamiento público en políticas sociales que garanticen el bienestar de los mexicanos.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) señaló que ha pasado mucho tiempo para aprobar las reformas que se requieren para acabar con los privilegios y ya es tiempo de cumplirle a la gente.
Estimó que vale la pena modificar la minuta, “hacerlo bien porque la ciudadanía lo que demanda es que esta mayoría, por la que votó, beneficie a la vida y el día a día de todos los ciudadanos”.
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