Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa del Ejecutivo federal, para establecer la Estrategia Nacional de Inclusión, como un mecanismo de coordinación de las políticas y programas públicos de los tres órdenes de gobierno.

Su objetivo general es contribuir al acceso de los derechos sociales y a la disminución eficiente y efectiva de las carencias que inciden sobre las condiciones de vida de las personas y el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

La Estrategia Nacional de Inclusión estaría dentro de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, que es regulada en la Ley General de Desarrollo Social.

El documento surge de una iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió en el pasado mes de octubre, la cual adiciona una fracción V Bis al artículo 5; se reforma la fracción I del artículo 11., y, se reforma el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social.

Se aprobó por 222 votos a favor, 46 en contra y cero abstenciones y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

En el documento se señala que la complejidad de las problemáticas sociales y la multicausalidad de la pobreza hacen necesaria la coordinación entre los sectores y órdenes de gobierno.

“La multidimensionalidad de este fenómeno, al tomarse como eje para resolver problemas concretos de política pública, lleva implícita la necesidad de incorporar la coordinación como componente esencial de la resolución”, añadió.

La Comisión de Desarrollo Social, que elaboró el dictamen, coincidió con el Ejecutivo federal “en que se requiere un mecanismo de coordinación”.

Estimó procedente aprobar la iniciativa del Ejecutivo, pero con modificaciones, para contar con un mecanismo de coordinación y cooperación entre las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores empresarial y académico.

Esta medida tiene el propósito de “favorecer el ejercicio efectivo de los derechos sociales establecidos en la Ley Fundamental, los instrumentos internacionales de los que México es parte y la Ley General de Desarrollo Social”, añadió.

En la fracción V Bis del artículo 5 de esa Ley se precisa que la Estrategia Nacional de Inclusión se entiende como un mecanismo de coordinación de las políticas y programas públicos de los tres órdenes de gobierno.

Estipula que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá evaluar y emitir recomendaciones a las acciones y programas derivadas de la Estrategia Nacional de conformidad con el artículo 72 de la presente Ley.

En un segundo artículo transitorio se precisa que el Ejecutivo federal llevará a cabo las modificaciones conducentes al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, en un plazo que no exceda los 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.