Por: Redacción
Las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, aprobaron el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Este nuevo instrumento jurídico permitirá a las víctimas acceder a medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, así como dotar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con una estructura orgánica funcional para atender la demanda de la sociedad en esta materia.
Establece la naturaleza de la Comisión Ejecutiva como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica de gestión y la determinación de contar con los recursos que le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo plantea una organización equilibrada en la Junta de Gobierno, para lo cual se reconoce la incorporación de cuatro representantes de la Asamblea Consultiva.
Las modificaciones pretenden que la regulación de las comisiones estatales de víctimas operen de manera similar a la Comisión Ejecutiva en la respectiva entidad federativa, para generar la atención oportuna y eficaz de los afectados.
Los pagos a cargo de la Comisión Ejecutiva se realizan en términos de la Ley General como una obligación de asistir a las víctimas, y en su caso, de hacer frente de manera subsidiaria la obligación de los delincuentes de reparar el daño.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en términos de la presente ley.
Los servicios a que se refiere el dictamen, tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
Al respecto, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que se tuvieron diversas reuniones de trabajo e intercambio de opiniones y propuestas con colectivos de víctimas, organizaciones civiles y con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, para acordar un dictamen de reformas importante a la Ley General de Víctimas.
Reconoció que “este esfuerzo de conciliación y acuerdos” ha generado un nuevo instrumento jurídico para permitir a las víctimas acceder a medidas de apoyo y de reparación integral del daño de manera inmediata. Todavía ayer se escuchó la participación de diferentes organizaciones que trabajan todos los días incansablemente en la lucha por rescatar a sus seres queridos, añadió.
En tanto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que uno de los cambios acordados se enfoca a la forma en que se llevará a cabo la elección de quien estará al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En dicho cambio –agregó– se especifica que el Comisionado Ejecutivo, propuesto por el Presidente de la República, se someta a un proceso de auscultación pública por parte de colectivos de víctimas, especialistas y expertos; de tal manera que tenga el pleno consenso para tener una valoración y la búsqueda de los dos tercios en la Cámara de Senadores para ser elegido.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN, expresó que el objetivo es que las víctimas y los desplazados puedan acceder al fondo de recursos, el cual ha estado intocado y al cual no han podido acceder.
Señaló que las víctimas se revictimizan por una burocracia que les ha impedido llegar a ese resarcimiento, por lo que hizo votos para que este nuevo diseño que se está logrando evite esa burocratización y que sea más sencillo para las víctimas y sus familiares llegar a esos recursos de forma pronta y expedita.
Posteriormente, durante la sesión del Senado de la República, la Mesa Directiva le dio primera lectura al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
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