Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de armonizar este marco jurídico con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

El Pleno avaló el documento por unanimidad, con 378 votos a favor, y se turnó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.

El documento surgió de una iniciativa que presentó la presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), en octubre pasado, modifica el artículo 11, fracción I, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la PGR.

Se sustituye la referencia que se hace en el artículo 11 sobre el precepto 10 abrogado del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, para que en su lugar se haga referencia al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sostiene que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita a los periodistas víctimas de agresiones, ya que la actual redacción del texto vigente del citado artículo deja en incertidumbre jurídica a éstos, estando a lo dispuesto en una legislación que ya está abrogada.

El texto actual establece que “en todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad establecida en el párrafo quinto del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta”.

La propuesta sugiere indicar que “en todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad (de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión) establecida en el artículo 21 del Código Nacional Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta”.

La proponente expone que durante el tercer trimestre de 2016 fueron asesinados tres comunicadores y en ninguno de los tres casos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de periodistas.

Refiere que “de diciembre de 2016 a junio de 2017 han sido asesinados 10 periodistas en el país, ante la incapacidad del Estado de garantizar su seguridad”.

Agrega que el 99.7 por ciento de las agresiones a periodista quedan impunes, pues de las 798 denuncias presentadas ante la FEADLE, soló se han emitido tres sentencias.

“La omisión de las autoridades judiciales para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos, envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información plural”, expone la legisladora.