Por: Redacción

El Senado de la República aprobó con 98 votos a favor, siete en contra y una abstención, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de permitir en el país el uso medicinal de la cannabis.

El proyecto faculta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.

Asimismo, entre los cambios que propusieron las comisiones dictaminadoras, se elimina a la nabilona y al cáñamo de la lista de las sustancias que se consideran como un problema grave para la salud pública.

Los senadores consideraron pertinente que la Secretaría de Salud sea quien otorgue las autorizaciones para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis, entre los que se encuentra el THC, sus isómeros y variantes estereoquímicas.

Se establece que los productos que contengan concentraciones del 1 por ciento o menores de THC, y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.
También se indica que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización, que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

En el documento, los senadores precisan que en el dictamen no se aborda el tema relacionado con la dosis máxima de cannabis para consumo personal, ya que este asunto se analizará, discutirá y dictaminará cuando se considere por parte de las comisiones dictaminadoras.
Lo anterior no significa que los artículos de contenido penal relacionados con la modificación de la dosis máxima de cannabis propuesta por el Ejecutivo federal, hayan sido rechazados o desaprobados por dichas comisiones, se puntualiza.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud, su presidente, el senador Francisco Salvador López Brito explicó que “los costos que podría alcanzar el traer estos medicamentos del exterior no generaría una homologación a todo el sector social”, de ahí, que se permita en una primera etapa su importación.

No obstante, agregó, en una segunda etapa, cuando concluya la investigación científica de su aplicación en el país, se permitiría la producción nacional. Se ha demostrado que el uso terapéutico de esta planta puede coadyuvar en el tratamiento de 40 distintas enfermedades, refirió.

El legislador del Grupo Parlamentario del PAN dijo que en México se prohibió el uso del cáñamo, al cual no se le ha encontrado efectos psicotrópicos, por lo que es fundamental reformar la ley para evitar las prohibiciones que en este momento existen para el uso médico, científico y terapéutico de los derivados de la cannabis.

Para la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, con la aprobación de este dictamen se da un paso histórico, firme y profundo que abrirá la puerta para resolver una urgencia médica que aqueja a los mexicanos que no pueden acceder a medicamentos derivados de la cannabis.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI dijo que con estas modificaciones “estamos sentando las bases para establecer en nuestro país una industria de producción nacional de medicamentos con cannabis” y se abre la puerta a científicos mexicanos para realizar protocolos de investigación de esta planta; esto nos pondrá a la vanguardia internacional”.

Destacó que se elimina el riesgo de lagunas legales, al reconocer de manera puntual la posibilidad de los usos industriales de los derivados de cannabis que contengan 1 por ciento o menos de THC, lo que dará certidumbre al desarrollo de amplias actividades económicas, apoyando así a familias y pequeños empresarios que se dedican a ello.

La senadora Angélica de la Peña Gómez mencionó que existe el consenso de “hacer algo distinto en la política de drogas”, pues el régimen prohibicionista “ha generado altos niveles de violencia, más de cien mil muertos y la violación sistemática de derechos humanos”.

Agregó que, en las audiencias públicas sobre esta materia se enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas, sin estrategia clara y sin imposición de límites, ha contribuido a violaciones graves de derechos humanos, incluidas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

Algunos expertos, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, argumentaron que el principal problema de salud, derivado de las drogas, no proviene del consumo de marihuana sino de una política regresiva, que también ha implicado un gasto estratosférico, por parte del gobierno, al tratar de contener el mercado criminal.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que la reforma representa un avance importante, pues miles de pacientes tendrán acceso a medicamentos derivados de la cannabis y podrán disminuir dolores crónicos, mejorar la coordinación motora, atender y controlar la esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer y el sida.

Sin embargo, acotó, “el Senado, el Poder Legislativo en su conjunto, quedó muy por debajo de las expectativas de la sociedad en lo que se refiere a la regulación del uso de la marihuana”. El Presidente de la República, advirtió, envió una iniciativa de avanzada, pero ante los reclamos de grupos de interés permitió que sólo transitara lo concerniente a su uso medicinal.

Consideró que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó claro que la prohibición para consumir marihuana se sustenta en valoraciones morales y no en estudios científicos, por lo que es necesario transitar a un nuevo paradigma en donde se defiendan plenamente los derechos y las libertades de los individuos.

Al presentar su voto en particular en contra, el senador Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que no se le deben quitar méritos al dictamen, pues es un avance “pequeñito”, que traerá beneficios a pacientes que tendrán acceso a medicamentos y productos para enfermedades dolorosas, pero “celebrar que estamos haciendo un cambio en materia de marihuana, es vernos la cara a todos a estas alturas del partido”.

En el Senado, precisó, se está claudicando el poder civil a las responsabilidades de darles seguridad pública a los ciudadanos. “No podemos ver el tema de la seguridad nacional y del fracaso de la política de combate al crimen organizado con querer pasar un dictamen en materia de seguridad nacional de bote pronto y sobre las rodillas”, eso dijo, no es serio. La discusión de las drogas no se queda en la marihuana, se debe revisar la goma de opio y la amapola, añadió.

El senador Mario Delgado Carrillo, del mismo Grupo Parlamentario, resaltó que ganó el miedo y los prejuicios. La reforma, agregó, no tiene un impacto real en la dinámica de los cárteles de la droga y la violencia, no descriminaliza la posesión para uso personal de la marihuana ni permite portar los 28 gramos propuestos por el Presidente de la República.

Quien no está dispuesto a hacer un cambio mayor apoya el estado actual de las cosas, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en el país, señaló y agregó que se llega 55 años tarde a regular el uso médico del cannabis, porque está permitida desde 1961 en los tratados internacionales.

Layda Sansores San Román, senadora del Grupo Parlamentario del PT, dijo que la droga que más se consume en México es la marihuana; la mayoría de los sentenciados es por posesión de ésta, y el haber quitado el gramaje de la discusión, promueve que muchos presos pasen hasta 15 años en la cárcel, por un problema que debería considerarse como una falta administrativa.

El senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que no es una reforma completa, pero por lo menos brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida a los niños que sufren de epilepsias refractarias, es decir que son resistentes a otros tratamientos.

La senadora Martha Angélica Tagle Martínez aseguró que el dictamen no es viable, ya que no contempla el autocultivo, tampoco libera la cannabis no psicoactiva, y no mueve de grupo a la psicoactiva. “Es mentira que esta reforma vaya a posibilitar realmente el acceso a los medicamentos derivados de la cannabis medicinal”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PVEM, María Elena Barrera Tapia, dijo que esta reforma es un primer paso para favorecer la investigación y dar la oportunidad a muchas personas para que mejoren su calidad de vida, “pero tenemos que seguir trabajando para que sea México el que gane por su regulación y comercialización”.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que detrás de esta regulación hay “muchísimos intereses económicos” de algunas personas públicas y de otras que no lo son. Están empezando ya a saborearse esas concesiones en las que van a poder producir, cosechar, transportar y obtener grandísimas ventajas económicas; va ser un negocio.

Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Andrea García García llamó a fundamentar las decisiones con respaldo científico, para que el uso de fármacos cannabinoides sea eficaz, seguro y con resultados superiores a los tratamientos convencionales, que no signifiquen daños colaterales a la salud; de ahí la conveniencia de emplearlos con fines terapéuticos, bajo el modelo de Medicina Basada en Evidencias.

El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, aseveró que no aprobar la reforma sería condenar al sufrimiento de miles de mexicanos que tienen un padecimiento y que se pueden curar con la mariguana o el cannabis, aunque expuso que el debate no se debe cerrar, puesto que se corre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corrija la plana.

La senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barron, al expresar su voto a favor del dictamen, dijo que éste se quedó corto: por un lado se mantiene la prohibición al cáñamo, que es una fuente de alimento –la planta tiene 34 por ciento de contenido de proteínas– e indicó que la única forma de combatir la violencia en el país es con audacia para ver más allá del cálculo electoral, por lo que pidió dejar la mezquindad cortoplacista y atender la crisis de violación de derechos humanos.

Para la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, el consumo de drogas debe ubicarse como un asunto de salud pública y “los consumidores tienen derecho a vivir una vida digna, aún bajo la enfermedad de la adicción”.

En opinión de Raúl Morón Orozco, senador del Grupo Parlamentario del PRD, quedan pendientes una regulación para la autoproducción con fines medicinales, lo relativo a la reinserción social y la descriminalización por el consumo de marihuana.

A favor del dictamen, el senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, advirtió que México necesita que su clase política confronte ideas, debata sobre realidades, combata el crimen organizado y tome posturas claras respecto al tráfico de estupefacientes y su legalización, así como su utilidad médica. Agregó que se debe celebrar una consulta pública para profundizar el tema y aceptar su liberación; pues con esta reforma se sigue en la política de criminalización de ésta.

El senador Héctor David Flores Ávalos, del PAN, destacó que el 8 de noviembre en Estados Unidos algunos estados se pronunciaron por permitir el uso lúdico de la marihuana, lo que se pone a nuestro país en una contradicción seria. Debe reflexionarse sobre qué pasará en los estados fronterizos, pues si no se tiene la capacidad de avanzar en la discusión de estos asuntos, estaremos perdiendo una gran oportunidad.

El senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el mercado negro de la marihuana representa 40 por ciento de los ingresos del crimen organizado; sin embargo, la legalización no va a desaparecer la violencia en el país, pero sí reducirá sensiblemente sus ganancias.

Posteriormente, la senadora Martha Tagle Martínez propuso modificaciones a los artículos 245 de la Ley General de Salud y al 198 del Código Penal Federal, las cuales fueron rechazadas por el Pleno.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.