Por: Redacción/

El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Ejecutivo Federal. La votación en lo general obtuvo 71 votos a favor, 20 en contra y una abstención; en lo particular se registraron 72 votos en favor y 14 en contra.

La propuesta tiene el objetivo de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

Para ello, establece la definición de agentes extranjeros, a fin de especificar que se trata de funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado.

Plantea que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

Asimismo, los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Defensa Nacional y de Marina (SEDENA), resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate, aplicando para tales efectos, el principio de reciprocidad bilateral.

A fin de fortalecer el manejo de información e inteligencia, planeación y ejecución de operaciones, plantea que los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entreguen a las autoridades correspondientes, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de estas.

Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a hacer detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y las leyes nacionales aplicables, por lo que deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. Finalmente, se les autoriza portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la SEDENA.

En el caso de que se compruebe que un gobierno extranjero por conducto de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, nuestras autoridades suspenderán la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional.

En materia de inmunidad, señala que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

Además, establece un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de los convenios, programas, acciones o acuerdos de cooperación suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que el objetivo principal de la propuesta es preservar la cooperación internacional para llevar la justicia a los delincuentes que cometen delitos de la más elevada peligrosidad contra la seguridad nacional de dos o más países.

Apuntó que también busca fortalecer el marco jurídico mexicano en el que se ha sustentado esta cooperación, para que su regulación se defina con una Ley aprobada por el Congreso de la Unión y no únicamente por acuerdos de dependencias del Poder Ejecutivo. “La propuesta fortalece al Estado mexicano, en tanto que reafirma su soberanía como poder de mando supremo dentro de la república mexicana frente a funcionarios de otros países que pretendan la aplicación extraterritorial de sus leyes”.

La senadora del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, dijo que la propuesta podría provocar que se inhiba el intercambio de información entre ambos países en materia de delincuencia y crimen organizado. Además, afirmó que se eleva la posibilidad de filtraciones voluntarias o involuntarias y se pone en riesgo la seguridad de funcionarios de la SRE, quienes pueden ser susceptibles a sobornos

Coincidimos en la necesidad de redefinir la actuación de los agentes de Estados Unidos, pero no puede hacerse de forma unilateral, pues parecería una confrontación reaccionaria, por ello votaremos en contra, expresó.

Por su parte, Noe Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que se fortalecerá la cooperación para combatir los delitos internacionales y el narcotráfico. Representa un avance para proteger la soberanía y el orden constitucional bajo los principios de no intervención, autodeterminación, soberanía y reciprocidad internacional, apuntó.

La senadora Verónica Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista, afirmó que la reforma beneficia la soberanía ante la actuación de los diplomáticos que vienen al país. Eso, resaltó, no está en la ley sino en un acuerdo, por lo que, si hacen algo diferente a lo que inscribieron, el Estado mexicano podrá hacer el apercibimiento correspondiente.

Al respecto, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional, dijo que la reforma es arbitraria con los socios de México en el combate al crimen organizado y está empeñada en favorecer la desconfianza entre México y el cuerpo diplomático acreditado.

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN, dijo que uno de los temas delicados de la reforma es que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en nuestro país deberán informar a la Cancillería los hechos de los que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Del Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Israel Zamora Guzmán dijo que “el crimen organizado no conoce fronteras y los delincuentes han desarrollado una cooperación internacional”, que hacen necesario una regulación transparente en temas estratégicos como la seguridad y que impida la intervención extranjera en México.

Por Morena, el senador Gilberto Herrera Ruiz aseguró que se trata de un paso importante para asegurar la soberanía del país; sin embargo, manifestó su preocupación y cuestionó: por qué tenemos que estar aceptando agentes externos para tratar temas que sólo competen a los mexicanos.

Miguel Ángel Lucero Olivas celebró que la administración actual haya tomado cartas para corregir la negligencia y abandono de gobiernos anteriores que, con conocimiento previo, permitieron la acción irresponsable y criminal de parte de agencias extranjeras. El senador del PT dijo que la falta de regulación en esta materia trajo varios problemas, como el fallido operativo “Rápido y Furioso”.

El Pleno del Senado admitió reservas a los artículos 68, 71 y 76, presentadas por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para que las embajadas y los agentes extranjeros informen a las autoridades correspondientes sobre sus actividades y no a la SRE, como el dictamen original establecía.

Además, se promueve la confidencialidad de la información conseguida por agentes extranjeros en nuestro país. Se busca que la FGR no tenga ningún detrimento de su autonomía y se reducen las atribuciones de la SRE, para que no está por encima de ninguna institución de seguridad.

Aseguró que esta propuesta no tiene precedentes, ya que han pasado más de 100 años sin regular la actividad de los agentes extranjeros en territorio nacional. Apuntó que ningún gobierno mexicano se había atrevido a emitir un ordenamiento de esta naturaleza, por lo que es de aplaudirle al Presidente de la República que haya presentado esta propuesta.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.