• En el documento se señala que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Gobierno Federal cuente con suficientes para enfrentar la crisis derivada de esta emergencia sanitaria.

Por: Redacción/

Con 65 votos en favor y 51 en contra, el Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen que extingue 109 fideicomisos, que representan más de 68 mil millones de pesos.

El debate y aprobación de esta minuta se llevó a cabo en la sede histórica de la Cámara de Senadores, ubicada en la Antigua Casona de Xicoténcatl número 9.

El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, modifica 18 leyes y abroga dos más, con la finalidad de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, así como fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad.

Señala que uno de los objetivos es ordenar el funcionamiento de algunos fideicomisos que deben subsistir y precisa que el monto reportado en disponibilidades se reasignará a atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía, además para garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.

En el documento se señala que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Gobierno Federal cuente con suficientes para enfrentar la crisis derivada de esta emergencia sanitaria.

El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que con esta reforma se permitirá una bolsa superior a los 68 mil millones de pesos para atender los efectos de la pandemia. Dejó en claro que no se acabarán los apoyos dirigidos a diversos sectores de la población.

Al presentar el dictamen, señaló que en el periodo 2000-2018 se aprobaron leyes de ingresos de la Federación que en su conjunto significaron una fuente de saqueo de 3.8 billones de pesos, los cuales no se acreditaron, “pero sí se destinaban a fideicomisos públicos en 70 por ciento”.

Así, acusó, nace en México el sistema de saqueo fiscal y presupuestal que se crea con los fideicomisos públicos y que generó una industria con empresas fantasma que en ese periodo emitieron 9 millones de facturas apócrifas. El legislador de Morena aseguró que con esta reforma “concluye hoy esa fase de saqueo en el país” y “se acaba el arte de desaparecer el dinero público”.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que no se afecta a la población que actualmente es beneficiaria, como lo pretenden hacer creer mediáticamente. La extinción de un fideicomiso no imposibilita al Estado para atender directamente a su objeto, explicó.

Comentó que la desaparición de fideicomisos no es ningún atentando ni una regresión, sino una oportunidad para optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos en el interés más importante: el social. Se trata de una acción histórica en el combate a la corrupción, aseveró la legisladora.

ASF y Fundar señalan irregularidades en el manejo de los fideicomisos

El dictamen indica que las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los fideicomisos señalan la falta de control, supervisión y fiscalización de los recursos públicos federales involucrados, que hacen que éstos se conviertan en una suerte de “dinero público invisible”.

Aunado a ello, la ASF halló que los fideicomisos no tienen la obligación de ser transparentes, rendir cuentas y registrar egresos e ingresos en la cuenta pública, en el Presupuesto de Egresos ni en ningún otro registro público, además encontró discrecionalidad y abierta opacidad en su manejo, lineamientos y entrega de información sin estructura, entre otras observaciones.

En el texto, se deja en claro que la extinción de estas figuras de ninguna forma significa erradicar los apoyos y el destino de recursos hacia distintos sectores de nuestro país. La propuesta está orientada a erradicar la opacidad y corrupción que se utilizó a través de la figura del fideicomiso, se subraya.

Además, se precisa que los fideicomisos públicos constituidos para el cumplimiento exclusivo de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social continuarán operando, con la finalidad de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores.

Refiere que un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reveló que 93 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos, es decir, 905 mil millones de pesos no cuentan con controles de vigilancia.

Dicho monto, se agrega, equivale al 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. Además, 60 por ciento de las solicitudes de información sobre el uso de los recursos en fideicomisos no son respondidas o los datos son declarados como reservados o inexistentes.

Menciona que existen 140 fideicomisos públicos federales administrados por instituciones bancarias privadas, “que manejan un monto de 68,123 mdp, de los cuales, 63,293 mdp están concentrados en cinco instituciones privadas”.

Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios sobre el dictamen

Por la bancada de Morena, el senador Rubén Rocha Moya dijo que se busca desaparecer la figura legal que representa a los fideicomisos, pero no el recurso. Aclaró que los beneficiarios seguirán obteniendo sus apoyos, sólo que de manera directa. “La razón para que desaparezcan es la corrupción, ya que se aplicaban con discrecionalidad”.

Nos propusimos acabar con la corrupción, y por ello, hay que terminar con todas aquellas instituciones putrefactas, vamos a reinstitucionalizar al país, con instituciones solventes y que tengan valores y principios, concluyó el legislador.

La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos aseguró que el dictamen no presenta elementos y razones suficientes que justifiquen la desaparición de los fideicomisos. “Esta absurda decisión es totalmente desproporcional e injustificada, ya que no se cuenta con evidencia y datos duros que puedan sustentar una acción de esta naturaleza”.

Expresó que la desaparición de los fideicomisos requiere de un análisis profundo, con evidencias y sustentos sólidos por parte de las instituciones públicas, donde expongan la situación de cada uno de ellos para conocer sus debilidades y el impacto que tendrán en el mediano y largo plazo en la vida pública de México. “Con tantas prisas legislativas es difícil hacerlo”.

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, consideró que el argumento de la corrupción es sólo un pretexto para desaparecer los fideicomisos, toda vez que existen mecanismos como las auditorias, las denuncias y otros procesos de transparencia para comprobar y sancionar irregularidades.

Hizo un llamado no aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados y cuestionó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no aparezcan los recursos en ninguno de sus capítulos, mismos que ascienden a más de 68 mil millones de pesos.

De Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado denunció que la desaparición de 109 fideicomisos es un agravio a luchas sociales históricas y a muchas causas ciudadanas que han contribuido al desarrollo del país. Ahora, dijo, desconocen los derechos alcanzados por las y los mexicanos.

Agregó que la reforma representa un atropello al Estado de derecho, más, cuando se está ejecutando sin distingo alguno. Sostuvo que votarán en contra de la desaparición de los fondos y expresó su respaldo a los sectores que resultan de la reforma.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT; propuso establecer mecanismos de transparencia, control, monitoreo y evaluación para que nunca más se desvíen recursos públicos sin la rendición de cuentas; sin embargo, dijo, no se debe generalizar que todos los fideicomisos se han empleado de manera equivocada.

Sugirió revisar 37 fideicomisos para mantenerlos, pues de extinguirlos se afectaría a sectores a los cuales no se les pude dar la espalda ni traicionar. “Hoy nos asiste la razón, por lo que consideramos que el dictamen en sus términos lacera el bienestar del pueblo de México, por eso votaremos en contra”, anunció.

En el lugar del PVEM, el senador Germán Martínez Cázares, de Morena, planteó regular la figura del fideicomiso a fondo y sin excepción, a efecto de acabar con la corrupción. Opinó que si se necesita dinero para atender la pandemia éste no se encuentra en los fideicomisos.

“El Secretario de Hacienda nos dijo que ahí sólo hay 29 mil millones de pesos; ese dinero, se los digo con certeza técnica, está en los fideicomisos privados, en esas arquitecturas fiscales que sangran al erario público, como los que no pagan impuestos”, expresó.

A su vez, la coordinadora de la bancada del PES, Sasil De León Villard, afirmó que la operación de los fideicomisos se ha desvirtuado de su origen, ya que se han utilizado para desviar el dinero público.

Dijo que es falso que los destinatarios se verán afectados, ya que la desaparición de los fideicomisos será sustituida por la modalidad de recurso presupuestal que será transferido directamente a las dependencias y unidades ejecutores del gasto que corresponda, lo cual permitirá hacer la entrega de los recursos de manera ágil y directa a los beneficiarios sin que se interrumpan los apoyos recibidos. “Su función y destino no cambia, sino su manejo”, aseveró.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, indicó que esta sesión será histórica debido a la preocupación con la que miles de mexicanas y mexicanos mirarán a la Asamblea y porque se le está dando la espalda a una forma de trabajo exitosa en esta Legislatura: la generación de consensos. “Eliminar los fideicomisos no resolverá los problemas que existen y existieron en la aplicación del gasto público”, sentenció.

Apuntó que la extinción de 109 fideicomisos públicos representa un duro golpe a la ciencia, la tecnología, medio ambiente, cultura, salud, derechos humanos, entre otros. Asimismo, pidió dejar de dar pasos hacia atrás con razonamientos mal fundados y mirar hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación que todas y todos los mexicanos merecen.

El senador Emilio Álvarez Icaza asentó: se trata de una reforma restrictiva, retroactiva y regresiva, que atenta contra los derechos humanos. Legislar para eliminar los fideicomisos, aseveró, es “darle la espalda a víctimas, braseros, periodistas, artistas y científicos”.

“Es una traición a los movimientos sociales que dieron su voto a este gobierno. Van a tener que dar la cara y ya empezaron a pagar los costos de los excesos, errores, soberbia y por no escuchar en Coahuila e Hidalgo”, advirtió.

Al presentar un voto particular en contra del dictamen, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que la reforma justifica la extinción de los fideicomisos para utilizar esos recursos en la atención del Covid-19, pero no hay una proyección del impacto de la pandemia y tampoco existe certeza de a dónde se canalizará ese dinero.

Señaló que se derogan los porcentajes que la ley marca para darle un destino específico a esos fondos, por lo que con los cambios ya no habrá manera de contar con ese presupuesto que atendía funciones específicas.

Luego de ser aprobado en lo general, inició la presentación de reservas al proyecto de decreto por el que se reforma las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil, y la Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Asimismo, modifica las leyes de Ciencia y Tecnología; Aduanera; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; General de Cultura Física y Deporte; Federal de Cinematografía; Federal de Derechos; del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático; General de Víctimas.

Además, la minuta abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.