Por: Redacción 

El Senado de la República aprobó los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política y que establece a la Ciudad de México como un estado más de la República Mexicana con autonomía en su régimen interior y en su organización político-administrativa.

El proyecto de decreto fue aprobado con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, y fue remitido a los congresos de los estados para sus efectos constitucionales.

En el documento se especifica que la colegisladora hizo tres modificaciones al proyecto enviado por los senadores; una de ellas, para sustituir la referencia al “salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México” por el concepto de “valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, acorde a la reforma en materia de desindexación del salario.

Asimismo, para incluir que la fecha en que el Instituto Nacional Electoral (INE) expida la convocatoria para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sea “a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación” de este decreto.

También, respaldó la propuesta para que los ciudadanos que deseen ser candidatos independientes en la integración de la Asamblea Constituyente, tengan como plazo hasta que concluya el mes de marzo de 2016 para no encontrarse en el registro de algún partido político.

Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que se trata de adecuaciones que obedecen a una estricta armonización con otro decreto de modificaciones constitucionales que están en proceso.

De igual modo, precisó, estos cambios responden a adecuaciones necesarias por el paso del tiempo, con el propósito de evitar que se establezca un plazo de imposible cumplimiento.

El senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal, anunció su voto en contra del proyecto, debido que se diseña un Constituyente bajo la lógica del control político; es decir, existe detrás un deseo por seguir influyendo en los destinos de la ciudad y no dejarla que decida libremente.

Señaló que el diseño de la Asamblea Constituyente tiene un doble propósito: cerrar la puerta a la ciudadanía y distorsionar artificialmente la distribución actual de las fuerzas políticas de la ciudad, mediante la designación directa de constituyentes por parte del Ejecutivo federal y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas propuso al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que el proceso de elaboración de la iniciativa de Constitución Política, sea abierto, plural y permita la participación de ciudadanos y organizaciones civiles. “Espero que el Presidente le dé la misma celeridad a la aprobación de esta reforma en los congresos locales, como se le dio a la reforma energética”, comentó.

Emplazó al Presidente de la República y al Jefe de Gobierno a que incorporen el principio de igualdad de género en los seis constituyentes que les corresponde designar a cada uno; y que asuman que no serán una representación de ellos, sino una plural y de la sociedad.

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz señaló que la propuesta para formar la Asamblea Constituyente tiene su origen en la Constitución mixta; ésta es medieval y beneficia a la oligarquía partidista.

Dicha Asamblea, advirtió, no es democrática y provocará una sobrerrepresentación del PRI, de aproximadamente 25 diputados, y será la primera fuerza en el Constituyente; lo que significa “la negación de la realidad política electoral en la Ciudad de México, donde el PRI no tiene representación”, señaló.

Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna aseveró que su bancada continuará demandando que se cumplan los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México.

Enfatizó que gracias a la reforma, la capital de la República logrará su autonomía política y administrativa y se igualará en derechos con el resto de las entidades del país; se mantiene como la capital de todos y, además, su aprobación es un buen mensaje para el conjunto del país.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que la virtud de la reforma es que abre la puerta a cambios deseables, aunque es insuficiente, pues carece de una visión metropolitana y se corre el riesgo que su ejecución sea una simulación o una transformación cosmética.

Expuso que está en los legisladores que las transformaciones legales se traduzcan en los cambios que la gente exige para mejorar su calidad de vida; la reforma política del Distrito Federal, comentó, no debe ser una concesión al gobierno, sino una vía eficaz para darle satisfacción a la gente.

Al fijar la postura a favor del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo apuntó que “mayores facultades deben conllevar mayores responsabilidades”, y deberá haber un trato equitativo con respecto al resto de las entidades federativas, especialmente en la repartición de recursos y rendición de cuentas.

Ello, acotó, porque en 2015 la Ciudad de México ocupa el último lugar en información presupuestal para competitividad; se suma la “histórica inequidad” en lo presupuestal y fiscal, pues en temas fundamentales como costo del suministro de agua, que en términos reales es de 20 pesos por metro cúbico, pero a la capital federal sólo se le cobran dos pesos, en tanto que a Guadalajara se le imponen 12 pesos por metro cúbico.

Al iniciar el debate en lo general, el senador por el PAN, Víctor Hermosillo y Celada, se pronunció también porque se apliquen en la Ciudad de México las mismas reglas fiscales y presupuestales que a los estados, “y entonces veremos si son o no suficientes”.

“Si los capitalinos ya se decidieron a ser un estado más, pueden tener la seguridad de que los demás estados van a vigilarlos”, advirtió al exigir que la Ciudad de México pague sus propios servicios en Educación, Salud y otros servicios, sin gozar con un subsidio privilegiado por parte del presupuesto federal.

El senador del Grupo Parlamentario del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, declaró que votará en contra del dictamen porque no hay equidad en la repartición de las representaciones que tienen que ver con el Congreso constituyente. Las fuerzas vivas actuales de esta ciudad no están representadas, subrayó.

Advirtió que en el Distrito Federal no se dan dádivas, que los beneficios son programas sociales “que ojalá hubiera en todo el país”. “Quisiera que le preguntaran a los 300 mil ancianos –personas de la edad adulta– que reciben una pensión alimenticia equivalente a medio salario mínimo si les parece que lo que les dan es una dádiva, por supuesto que no”, señaló.

En tanto, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, recalcó que la Constitución del D.F. que se va a generar recae en la Asamblea constituyente, en sus integrantes. No se trata de repartir representación, sino de ganarla “y si alguien ha pensado que se van a regalar espacios, están equivocado” argumentó.

La reforma no concierne solamente a la Ciudad de México, desde los estados iniciamos la lucha por la transformación del país, aseguró. Es una victoria eminentemente política, resultado de la lucha política; no tiene que ver con cuestiones económicas sino con reivindicaciones políticas de los habitantes de la ciudad capital.

La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, criticó la integración de la Asamblea Constituyente, al considerar que prepara el terreno para que el PRI retome el control político del nuevo estado, al nombrar “por dedazo” al 40 por ciento de la Asamblea y el 60 por ciento por el voto de la ciudadanía.

Reprochó al jefe de Gobierno la “porosidad” de sus convicciones políticas, pues antes de dirigir la Ciudad, se decía de izquierda. Dijo que se hizo un atraco y un despojo a los capitalinos ante el “amasiato” electorero.

Por su parte, la senadora de la Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que es uno de los avances de la historia política más importantes de la ciudad, ya que es un instrumento que reconoce y otorga derechos a los más de nueve millones de personas que viven en ella.

Con la autonomía, la ciudad podrá elegir sobre el nombramiento del procurador o del secretario de Seguridad Pública. “Ya no más Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México y contará con el pleno reconocimiento de sus órganos e instituciones”.

El senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, destacó la necesidad de reconocer los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México, “pero con equidad al resto de los estados que forman parte del Pacto Federal”.

Afirmó que el Fondo de Capitalidad “tuvo que ver con una transacción política para lograr la aprobación de la Ley de Ingreso de 2013, que tiene agobiado al país, desde el punto de vista del desarrollo económico, particularmente a la frontera con el aumento del Impuesto al Valor Agredo del 11 al 16 por ciento.

En tanto, la senadora independiente, Martha Angélica Tagle Martínez, expresó que no se le puede “regatear” al Distrito Federal la oportunidad de avanzar hacia la construcción de una Constitución propia y a la ciudadanía plena para sus habitantes.

Sin embargo, mencionó que “con este dictamen se traiciona la vocación democrática de todo proceso constituyente que se legitima con la participación ciudadana”, porque le niega el derecho de intervenir en las decisiones públicas que les afecta y configura una Asamblea Constituyente definida en su integración por los partidos políticos y poderes instituidos del Estado.

A favor del dictamen, el senador Armando Ríos Piter, del PRD, acusó al PRI de imponer que el 40 por ciento de los constituyentes sean elegidos por el Ejecutivo federal y el Jefe de Gobierno, como condición para aprobar la reforma política del DF.

Aclaró que el PRD estuvo en contra de esta medida hasta el último momento; sin embargo, dijo que tienen que ser los capitalinos quienes estén atentos y exigir al Presidente de la República que no imponga constituyentes “personeros” ni a modo.

Su compañero de bancada, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes mencionó que en diferentes grados y opiniones todos están de acuerdo en que la ciudad tenga su constitución, pues es un avance significativo.

La reforma política del DF, agregó, es uno de los pendientes que se tienen desde hace muchos años, dentro del proceso de transformación constitucional del país.

En su intervención, el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que la reforma constitucional no es perfecta, ni todo lo que merece la sociedad del Distrito Federal; sin embargo, no se puede jugar “al todo o nada”, y sí representa un paso para otorgar derechos plenos a la ciudad.

Confió en que la aprobación en los congresos locales sea rápida, como ocurrió con la reforma en materia energética, y no se convierta en un proceso legislativo lento o quede congelado.

La senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la reforma no es política, sino administrativa, porque sólo se distribuye el poder de una manera distinta. Además, carece de federalismo, debido a que no existe fortalecimiento municipal.

En el mismo sentido, “le hace falta ciudadanía”, ya que no se concede más voz o un nuevo voto a los ciudadanos en la toma de decisiones que repercuten a la Ciudad de México, señaló la legisladora.

El senador del PRI, Ernesto Gándara Camou, consideró que ha llegado el momento de que la gran demarcación, el Distrito Federal, cuente con una Constitución, un congreso local, alcaldes, la participación de alcaldes y demarcaciones territoriales, consejos de participación plural como cabildos y regidores, y sobre todo una gran participación ciudadana.

Señaló que la reforma representa un avance fundamental en la toma de decisiones, en mayor autonomía y sobre todo avances en el futuro; leyes en todos los niveles, leyes ordinarias, reglamentos, normas que no tienen que ser estáticas, porque lo que le urge a la ciudad de México es el reconocimientos de los derechos ciudadanos, autonomía, como un estado más de la Federación.