Por: Redacción

La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 14 de la Constitución Política de la capital del país referido a la Ciudad Solidaria, en el cual se consagra el derecho a la salud, y como parte de él, el derecho al uso terapéutico y medicinal de la mariguana.

Sin embargo, el derecho al ingreso básico universal, que forma parte importante del derecho a la vida digna, no logró la mayoría calificada al manifestarse en contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES), y el tema fue regresado a la Comisión de Carta de Derechos para su nueva dictaminación.

En el mismo caso quedaron el apartado C, relativo al derecho a la alimentación, por una  reserva presentada por la diputada panista Cecilia Romero con la propuesta para eliminar de la Constitución la existencia de un organismo público que garantice el abasto de alimentos. De igual forma fue regresado a comisión el apartado D, numeral 6, relativo a la voluntad anticipada, en el que el PAN busca dar nuevo contenido al término “muerte digna”; y el apartado F, numeral 3 que versa sobre la gestión del agua como exclusivamente del Estado y sin fines de lucro.

En las partes del artículo 14 que fue aprobado, se establece un sistema público de cuidados para la atención de personas en situación de dependencia; y el derecho al acceso a un sistema de salud público local para los residentes de la capital, con trato digno, calidad y calidez.

Con respecto al derecho a la vivienda, el artículo aprobado incorpora el impulso de planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. De igual forma, la adopción de medidas contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.

También como parte de este artículo se aprobó el derecho al acceso al agua y la garantía de cobertura universal de acceso diario, continuo, equitativo y sustentable.

Quedó reconocido el derecho al cuidado de todas las personas, para lo cual se incorporó la creación de un sistema público de cuidados que garantice la atención a personas en situación de dependencia, en especial niñas, niños, adolescentes, enfermos y personas con discapacidad. También,  se estableció que las autoridades otorgarán un apoyo a familias y personas que, de manera no remunerada, estén a cargo del cuidado de personas.