Por: Redacción/

Durante la novena sesión extraordinaria del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), el Pleno aprobó, por mayoría de votos, el quinto Acuerdo para ampliar la suspensión de plazos y términos hasta el viernes 2 de octubre, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus del COVID-19.

En la sesión, que se realizó de manera remota, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos aprobaron por mayoría de votos -3 votos a favor y 2 en contra- que las actividades presenciales del Instituto se reanuden con la gradualidad que se requiera conforme a la situación de salud y al plan que para tal efecto emita este órgano garante.

El Acuerdo también establece que se reanudará el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana del Instituto, para la población en general y los sujetos obligados de la Ciudad de México, privilegiando la asistencia virtual o remota mediante la programación de citas, así como la entrega de la documentación por correo electrónico.

Asimismo, en caso de que las autoridades federales y/o locales competentes determinen medidas de restricción mayores como la suspensión de labores en general, el Instituto podrá sumarse a dicha determinación y realizará las gestiones que para tal efecto resulten necesarias, siempre en el ánimo de contribuir a la salud y el bienestar de las personas.

El Pleno del INFO CDMX coincidió en que el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos que nunca han quedado suspendidos ni congelados, con las medidas adoptadas se busca priorizar la salud y el derecho a la vida.

El Comisionado Presidente del Instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez, resaltó que desde que se registró el primer caso de Covid-19 en el país ya han pasado más de cinco meses, y la Ciudad de México aún presenta brotes de gran importancia, que, si bien se han logrado controlar, continúa siendo la entidad con el mayor número de contagios a nivel nacional.

“Consideramos pertinente ampliar la suspensión de plazos y términos al viernes 2 de octubre del año en curso, debido a las condiciones actuales de salud pública en la Ciudad de México; recordemos que la semana pasada se anunció que continuaremos en semáforo naranja con alerta de regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico, lo que se traduce en que aún no existen condiciones sanitarias para retomar las actividades presenciales como se había acordado el 29 de junio del presente año”, afirmó.

En su argumentación, Bonilla Gutiérrez refirió que, conforme a la Teoría de los Derechos Fundamentales, el derecho a la vida y a la salud de las personas tiene una ponderación mucho más clara frente al Derecho de Acceso a la Información Pública; destacando que el derecho de acceso a la información en ningún momento se ha descuidado y se protegerá en la mayor medida de lo posible.

A su vez, expresó que la densidad poblacional de la Ciudad de México es otro factor de riesgo que debe tomarse en cuenta, ya que, de acuerdo con el INEGI, hay 5 mil 967 personas por kilómetro cuadrado, por lo que su contexto económico, demográfico y social es diferente al de otras entidades federativas,

Enfatizó que esta decisión que hoy se toma con el Acuerdo, no es absoluta y se irá analizando conforme sea necesario: “Si hay una mejora en las condiciones vamos a regresar de manera ordenada y progresiva”, aclaró.

Al fundamentar su voto en contra del Acuerdo, la Comisionada Ciudadana Marina San Martín Rebolloso sostuvo que, en congruencia con el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que contempla estrategias para la reanudación paulatina de actividades, para el caso del Instituto consideraba posible reactivar la atención y tramitación de sus solicitudes y procedimientos que le corresponden sustanciar en el ámbito de su competencia, manteniendo las medidas necesarias para seguir protegiendo la salud de las personas, privilegiando el trabajo a distancia y el uso de herramientas electrónicas que ya se aplican en estos procesos.

Lo anterior, argumentó, dado que la labor sustantiva cuasi jurisdiccional que realiza el Instituto es esencial para la ciudadanía, pues como organismo autónomo tiene el mandato constitucional de garantizar dos derechos humanos: el acceso a la información y la protección de los datos personales, que son llave de otros, como la propia salud, misma que se potenciaría junto con otros derechos fundamentales, al permitir la consulta de información adicional a la que versa sobre Covid-19, dado la apertura progresiva de distintas actividades que ha venido ocurriendo y de otros procedimientos jurisdiccionales que se han activado.

San Martín señaló que no está en duda que la prioridad es la protección de la salud, pero que justamente contar con información oportuna y de calidad puede salvar vidas, y al salvaguardar la información personal, evitando intromisiones a la vida privada, se mantienen seguras a las personas.

Destacó que “la palabra clave es gradualidad; por eso, mi propuesta se centra en reanudar nuestros procedimientos –atender nuestras solicitudes y resolver nuestros medios de defensa”. Afirmó que el levantamiento de plazos permitiría el desahogo escalonado de los asuntos acumulados, favoreciendo la confianza ciudadana hacia los Sujetos Obligados tan necesaria en estos momentos.

Al argumentar su voto a favor, la Comisionada Elsa Bibiana Peralta aseguró que en el citado acuerdo se ponderó la salud y la vida de los servidores públicos de todos los sujetos obligados. Sus derechos, dijo, se deben valorar y ponderar por encima de cuestiones estructurales que tienen que ver con un procedimiento para permitir el acceso a información pública.

Tras asegurar que el derecho humano como tal es el de Derecho de Acceso a la Información, y no está suspendido, precisó que por igual se debe garantizar el acceso a información, lo cual así ocurre, pues siguen vigentes esquemas como los portales o el generar solicitudes, pero dijo que falta todavía la otra parte, que es el mecanismo que tiene que ver con la operación de los sujetos obligados.

“Ese mecanismo, esos procedimientos y esas unidades de transparencia, no están ahorita en condiciones de trabajar, dado que no han levantado sus procesos y sus actividades presenciales”, por ello, llamó a “tener la sensibilidad” para confiar en que de manera gradual los sujetos obligados vayan reactivando su actividad.

No estamos hablando –dijo– de deficiencias tecnológicas o de carga de trabajo sino de un caso que tiene que ver con un tema excepcional: las personas no están en la oficina ni haciendo su actividad, no porque no quieran, sino porque fueron confinadas a sus casas por un tema de salud, de resguardo, que es por lo que continuarán en su casa hasta octubre, y eso se debe respetar para salvaguardar su salud, su vida y la de todas las personas cercanas a ellos.

Para argumentar su voto en contra, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expresó que, si bien el INFO no ha dejado de laborar desde marzo y junto con los sujetos obligados se han solventado diversas actividades a distancia, es momento de que, a partir de las experiencias aprendidas en estos meses, se puedan implementar esquemas de trabajo a distancia que “nos permitan reanudar y no prorrogar la suspensión de plazos”.
Tras puntualizar que el cuidado de la salud de las personas es la prioridad, la Comisionada Ciudadana expuso algunas de las actividades que han trabajado desde las áreas que coordina: la campaña de “Apertura en Covid-19”; la construcción del “Decálogo de Apertura y Anticorrupción en Covid-19”; y la campaña de “Adopta un Compromiso”, entre otras.

Nava Polina subrayó que en su Ponencia ya tienen listas 78 propuestas de recursos para ser presentadas a consideración del Pleno; 142 están pendientes de recibir alegatos, de las cuales 46 son medios de impugnación turnados desde el 20 de marzo, además de que se han admitido tres recursos vinculados con el tema de Covid-19.

Agregó que, si bien el riesgo para la salud permanece no solo en la capital del país y México sino en todo el mundo, se han ido reactivando distintos organismos garantes y de los 33 que existen, 18 ya están activos, dos de los cuales tienen mayor incidencia de contagios (Estado de México y Guanajuato).

La Comisionada Ciudadana Nava Polina pidió no olvidar que detrás de los recursos de revisión o propuestas de resolución de denuncias y de cada expediente hay historias de personas y necesidad de información.

Al argumentar su postura a favor del Acuerdo, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García indicó que la suspensión de plazos no significa congelar el acceso a la información y dejar de contestar las solicitudes de información, ya que del mes de marzo a julio se han presentado alrededor de 38 mil solicitudes de información vía INFOMEX, de las cuales más de 16 mil han sido respondidas por los sujetos obligados a pesar de la pandemia.

Resaltó que muchos sujetos obligados siguen laborando de acuerdo con sus posibilidades y expuso que el Instituto sigue trabajando en lo que se refiere a sus actividades cuasi jurisdiccionales. “En mi Ponencia se ha seguido trabajando y ya tenemos resueltos 101 recursos de revisión, cuando se levanten los plazos habrá una sesión histórica de Pleno para resolver cerca de 400 recursos, enfatizó.

Guerrero García insistió en que el hecho de suspender plazos no significa “poner un sello de clausurado” en el INFO, sino que los sujetos obligados puedan responder de acuerdo con lo que la contingencia permite; la aprobación de este acuerdo es una medida para cuidar la salud, recalcó.

Respecto a las actividades relacionadas con la promoción y difusión del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, el Comisionado Ciudadano dijo que se siguen llevando a cabo diversas actividades a través de las tecnologías de la información y las plataformas digitales, con lo que se ha podido abarcar un mayor número de personas en diferentes partes del país, como fue el Seminario sobre Temas Selectos de Transparencia.

Se comprometió a seguir trabajando a distancia e incluso acudir al Instituto a fin de seguir avanzando en los temas que le atañen y para seguir garantizando la tutela de los derechos, al tiempo que invitó a los sujetos obligados a contestar la mayor cantidad de solicitudes de información posibles.