Por: Redacción/

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aprobó interponer una controversia constitucional en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo, prevista en el artículo 28 de la Constitución.

A través de un comunicado el IFT señaló que desde su creación, ha cumplido con su mandato constitucional y ha ejercido el presupuesto asignado atendiendo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público.

El IFT sostuvo que los cambios observados en los últimos años en estos sectores han beneficiado directamente a la población, prueba de ello es que los precios de los servicios de comunicaciones en su conjunto cayeron más de 25 por ciento, y tan solo en telefonía móvil dicha reducción es de más del 43% en el periodo de junio de 2013 a junio de 2018; el acceso a banda ancha móvil se ha triplicado y hoy existe una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, solo por mencionar algunos.

El organismo autónomo indicó que la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos que contempla el recorte presupuestal de 280 millones de pesos respecto del monto solicitado por este órgano regulador para el cumplimento de sus funciones, mismo que ya incluía un decremento en términos reales de 14.8% respecto al Presupuesto Autorizado 2018.

Con la reducción adicional aprobada por los legisladores, la disminución en los recursos presupuestales del Instituto es del 25% en términos nominales, en relación al monto aprobado el año pasado y del 37.5% en términos reales acumulado desde 2014.

El IFT puntualizó que le corresponde promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión; la promoción, supervisión y regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de ambos sectores; así como ser autoridad en materia de competencia económica, para lo cual debe contar con un presupuesto que le permita el ejercicio eficaz y oportuno de dichas competencias constitucionales.

La controversia constitucional interpuesta por el instituto también es en contra de diversas disposiciones del Decreto del PEF 2019 relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos, por considerar que no se ajustan a lo dispuesto por la Constitución.

Con este recurso legal el IFT, dijo,  busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal en los términos establecidos en el artículo 28 de la Constitución y contar con los recursos mínimos que le permitan su operación, utilizando los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás Órganos y Poderes de la Unión.