Por: Redacción

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, que preside la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, aprobó un dictamen para que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que solicite, de motu proprio, una visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, ubicado en Coahuila.

Asimismo, se busca que el Ejecutivo federal reconozca, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas para recibir y examinar comunicaciones, de conformidad los artículos 31 y 32 de la Convención sobre este ámbito.

En el apartado de antecedentes del dictamen se hace referencia a los reportes de prensa que relataron el hallazgo de más de tres mil restos humanos en el Ejido de Patrocinio. Dichos reportes señalan que este lugar era utilizado por miembros del crimen organizado para acabar con la vida de sus víctimas, “de maneras sumamente aterradoras”.

De acuerdo con los medios de comunicación, “las autoridades estaban conscientes de las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada y que ocultaron la información a la sociedad”.

Se agrega que las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y las que comenzó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, no han tenido avance alguno.

El dictamen refiere que, tras su visita en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias consideró que las víctimas de este delito “no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y las Fuerzas Armadas” y que “la impunidad es un patrón crónico y presente” en este tipo de casos.

Aunado a ello, se agrega, no se realizan los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación; “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

Por otro lado, se comenta que la preocupación sobre esta práctica continúa vigente, pues en las recomendaciones a nuestro país, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le solicita que reconozca la competencia del Comité.

Ante este panorama, los senadores integrantes de la Comisión señalaron que los hechos reportados en el ejido de Patrocinio son particularmente graves y requieren medidas extraordinarias, pues el hallazgo de más de tres mil restos humanos aunado al supuesto conocimiento de las autoridades locales, y la falta de acción de las mismas, es un hecho de extrema preocupación.

Las familias de miles de personas desaparecidas no han encontrado justicia a través de las investigaciones iniciadas por las autoridades nacionales; por ello, es necesario que las víctimas cuenten con un recurso adicional como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, puntualizaron.

En la misma reunión de trabajo, los senadores aprobaron un punto de acuerdo para solicitar a la SRE un informe sobre los sucesos y las razones que llevaron a la remoción del representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Andrés Roemer.

Asimismo, para que comparta con la Cámara de Senadores el estado que guarda la investigación ante el Órgano Interno de Control y los resultados de la SRE.