Por: Redacción/

La Comisión de Gobernación y Población aprobó en lo general y en lo particular, con 20 votos a favor y cinco en contra, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de actualizar la estructura y funcionamiento del gobierno, así como crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También modifica el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el de Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), indicó que el documento se remitirá a la Mesa Directiva, junto con el voto particular presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, para su discusión y votación en sesión el Pleno.

El dictamen precisa que corresponderá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes y proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de la estrategia entre las dependencias de la Administración Pública Federal.

Asimismo, coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales y salvaguardar la integridad de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

También, organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia, como un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, para dar sustento a la unidad nacional, resguardar la cohesión social y fortalecer las instituciones de gobierno.

De igual manera, presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente de la República; proponer a éste el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Respecto a la Secretaría de Bienestar, el documento indica que deberá instrumentar políticas que den atención preponderante a los derechos de la niñez, juventud, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, impulsará programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada.

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) explicó que un cambio de régimen implica la reorganización de la Administración Pública Federal (APF). “No puede ser la misma ley, ni parecida a otras”, pues la distribución de competencias que había, la falta de mecanismos de coordinación y la casi nula supervisión, derivó en ineficacia”.

Aseguró que en el dictamen se hace eco de las preocupaciones que se manifestaron en esta Comisión sobre las delegaciones de programas de desarrollo y sus padrones; Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y energía. Además, respecto a las facultades de la Oficina de la Presidencia en materia de memoria histórica y comunicación social.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) resaltó que el propósito de esta reforma es facilitar la operación del Ejecutivo en un nuevo diseño de gobierno y busca modificar su estructura administrativa; “podemos estar de acuerdo o no con las funciones, pero lo importante es fortalecer un nuevo esquema de seguridad pública y que cuente con los elementos al combate a la corrupción”.

Mencionó que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno demanda una estrecha coordinación institucional; el presidente de la República encabezará el gabinete de seguridad y, en segunda instancia, las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana, junto con la coordinación de las secretarías de Marina y la Defensa y, con carácter de invitado, la Fiscalía General de la República.

Subrayó que la Secretaría de Bienestar tendrá que ver con las políticas de asistencia a los pobres y cambiar la concepción de los programas sociales.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) dijo que las modificaciones discutidas se realizaron a través de un esfuerzo en conjunto con el Presidente electo, no tiene un cronograma de trabajo y no significa un mandato que venga a faltar al respeto a otro Poder.

Su correligionario, diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría manifestó que los principales problemas del país son la inseguridad y la corrupción; esta última, causada principalmente por la contratación de obra o servicios públicos. Con estas reformas, afirmó, se logrará combatir a estos flagelos.

Además, continuó, se buscará dar seguimiento y supervisión a los programas sociales. “Los que hemos tenidos hasta hoy, han sido insuficientes, debemos reorganizar el servicio público federal”.

Adriana Dávila Fernández, diputada del PAN, coincidió en que no se puede mantener la misma ley; sin embargo, sostuvo que “el dictamen va no sólo en contra de principios constitucionales, sino muestra una serie de desconocimiento de lo que es el trabajo en la administración pública”.

Señaló que nombrar como secretarios técnicos de los Consejos Estatales de Seguridad a los delegados, es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Además, “se estarán repartiendo programas en una estructura electoral que conlleva a la casi desaparición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) señaló que el sistema que se implementa para el próximo secretario de Seguridad, ya existía. Antes, indicó, se mezclaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es decir, lo político con lo policial, “donde la policía no sólo perseguía el delito, sino también a los políticos que no coincidían con el sistema. Es exactamente el mismo diseño”.

Consideró que el sistema de seguridad se debe modificar de fondo y discutir la reforma buscando una solución, porque “nadie está conforme con lo que está pasando en el país y que haya personas desaparecidas”. Afirmó que desde el Congreso se puede hacer más a la Ley de Administración Pública Federal, de lo que se presenta en el dictamen, por lo que valdría la pena debatir de fondo cada artículo y coincidir en una mejor norma para el próximo gobierno.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) manifestó desconocer el papel de los llamados súper delegados, respecto a si o no son de confianza o civiles. Estimó que si es de confianza, puede presentar examen de control.

De la misma bancada, el legislador Miguel Alonso Riggs Baeza pidió ser objetivo respecto a que un súper delegado no va a tener la capacidad de aterrizar programas sociales y, al mismo tiempo, participar en los consejos estatales de seguridad. “¿Qué persona podrá llevar a cabo estas tareas, sin tenerle la plena confianza?”, cuestionó.

“Lo frustrante es que no se plantea una estrategia en materia de seguridad ni una en desarrollo para el bienestar de la familia” indicó.

La diputada del PRI, Lucero Saldaña Pérez expresó preocupación porque la gran mayoría de inquietudes, opiniones y propuestas presentadas no fueran consideradas en el dictamen, cuando el objetivo era contribuir a hacer una ley más equilibrada y ordenada, y que no sólo tuviera las banderas de la anticorrupción, la eficacia o bienestar, sino que fuera un instrumento para la gobernabilidad, con el propósito de que no recibiera inconformidades posteriores y pueda echarse atrás.

Sostuvo que “hay muchos temas preocupantes como la centralización, duplicidad, tortuguismo, falta de eficacia y el impacto que esto tendrá en otras leyes y ordenamientos, y su repercusión presupuestal”. Por ello, dejó constancia de que tienen más de 62 propuestas que se presentarán como reservas en el Pleno para discutirse.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) afirmó que esta reforma permitirá un cambio profundo de régimen, para terminar con la desigualdad, porque hoy la riqueza esta acumulada en el uno por ciento de la población. “Esa es la madre de la inseguridad y la corrupción y compadre de la impunidad. Si no la combatimos no vamos a avanzar”.

Aseguró que esta nueva ley se diseñó para que los recursos de los programas no sean manejados por los delegados. “No van a manejar un sólo peso, el dinero va a ir directamente a los que los necesitan”.

Su compañero de bancada, diputado Silvano Garay Ulloa, expuso que el dictamen pretende terminar con los sindicatos corporativos, donde se impone al dirigente.

La diputada Julia Prudencio González (MC) lamentó que el dictamen no tome en cuenta los Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, los cuales comprenden las opiniones de las víctimas de delitos, así como las propuestas de los especialistas del conversatorio realizado por la Comisión, quienes sugirieron aclarar de la seguridad pública, el tema de reinserción social e integrarlo a la Secretaría de Gobernación.

Apuntó que el dictamen tampoco específica la función de los delegados. “Es un error, pues se requieren personas especializadas que cumplan los controles de confianza que la misma ley establece”. Anunció que presentará un voto particular y 15 reservas.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) comentó que las oficialías mayores se convierten en unidades de administración que dependerán de la Oficialía Mayor de la SHCP, como una medida para concentrar las adquisiciones y compras en una sola persona, pero exceptúan de esta obligación a la Sedena y a la Marina, “pensando que en ellas no habrá corrupción en las compras”. Pidió establecer controles de confianza.

Estimó grave establecer, como facultad de la Secretaría de Seguridad, organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción el Centro Nacional de Inteligencia, el cual fungirá como un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. “Eso lo tenía antes un órgano colegiado y ahora se está dando a un ente de inteligencia que depende de dicha Secretaría”.

El legislador Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) dijo que las reglas de operación de programas sociales establecen en el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social, que los delegados son servidores públicos y están sujetos a la responsabilidad del artículo 134, respecto del manejo imparcial o no de estos programas. “¿En donde está el riesgo de una injerencia de estos programas con fines electorales? Si el temor es ese, que se cambie la Ley antes mencionada para hacerla más sólida”, comentó.

“Es falso que el delegado tenga que hacer exámenes de confianza, debido a que el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que solo el personal de confianza se sujetará a los exámenes de control y, por ende, el artículo 12 del mismo ordenamiento instituye que civiles podrán participar en los consejos de seguridad que se establezcan”, expresó.

Avalan reformas al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Previamente, la Comisión aprobó, con 21 votos a favor y 3 en contra, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual plantea que para mejor despacho de los asuntos a su cargo, el Presidente de la República podrá construir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.

Dichas comisiones serán para despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado o funcionarios de la administración pública federal.

El documento especifica que serán comisiones consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por el Presidente de la República, con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objeto de su decreto de creación. Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo y sus conclusiones no serán vinculantes.

Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los párrafos anteriores, así como ex servidores públicos y servidores de otros poderes u órdenes de gobierno. Se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deban servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de creación.

El decreto de las comisiones deberá contener, al menos, las siguientes disposiciones: su denominación, nombre de integrantes y sus cargos, así como definir quien la presidirá.

Tendrá que describir su objeto y funciones asignadas; ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del Presidente de la República o de alguna secretaría de Estado.

Periodo de existencia, que podrá ser prolongado por acuerdo de titular del titular del Ejecutivo; cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, que provendrán de la entidad pública de la cual dependan.

Finalmente, el dictamen establece que el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.

Al respecto, la diputada Martha Tagle (MC) manifestó que “entendemos que el próximo gobierno quiera rediseñar las instituciones, pero el dictamen atropella el federalismo y todas las responsabilidades recaen en una sola persona. Consideró que no hubo intenciones reales de modificar el proyecto original; está reforzado pero con propuestas que no estuvieron en el análisis del proyecto.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena) comentó que el proyecto está relacionado con los derechos humanos, pendiente en el que no se ha estado a la altura de las circunstancias. “Hay que voltear a ver a todas las víctimas de desaparición u otros problemas graves de inseguridad. Es importante no volver a faltar a la verdad, pues necesitamos saber qué ocurrió con todas esas personas”.

Vicente Alberto Onofre Vázquez, diputado del PES, dijo que el dictamen sienta las bases de la reconfiguración del régimen político, a fin de establecer nuevas reglas que den paso a un gobierno abierto y eficiente. Consideró que el proyecto adelgaza la burocracia, pero no su efectividad; se pronunció a favor del documento. En materia de seguridad, apuntó, se plantea una institución capaz de combatir a la delincuencia y evitar el abuso de las autoridades.

Ricardo Aguilar Castillo, del PRI, señlaó que no hay oposición a la creación de comisiones intersecretariales, pero sí a que haya subordinación entre Poderes. Como bancada no estamos de acuerdo en la redacción del dictamen; las propuestas realizadas en el análisis, no se tomaron en cuenta.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) hizo votos por que la ley no sea letra muerta. Se trata de darle armas e instrumentos al nuevo gobierno, para que termine con la corrupción, la inseguridad y el estado de emergencia en el que se encuentra el país. “Requerimos una norma que se aplique y estar conscientes de que si le va bien al gobierno, le irá bien a México”.