Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó este día en lo general y en lo particular, diversas disposiciones que reforman tres artículos constitucionales en materia de fuero para funcionarios y servidores públicos, y desechó otros tres artículos durante la votación en lo particular.

Las reformas aprobadas fueron a los artículos 61, 74 y 108 de la Constitución Política, en tanto que los artículos desechados fueron el 38, 111 y 112 de la Carta Magna.

Las reformas aprobadas en lo general, por mayoría calificada, contaron con 469 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones.

Mientras que los tres artículos reservados para su discusión y votación en lo particular, fueron desechados al no alcanzar la mayoría calificada. Se emitieron 280 votos a favor, 171 en contra y 4 abstenciones.

Terminado el debate, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Cámara de Senadores lo aprobado para los efectos constitucionales; y lo no aprobado se tiene por desechado”.

Durante el debate, el coordinador de la fracción de Morena, Mario Delgado cuestionó a las fracciones que votaron a favor de la aprobación en lo general, pero en contra de los tres artículos reservados para su discusión en lo particular, con los que se eliminaría de manera total el fuero para funcionarios y servidores públicos, incluido el Presidente de la República, como lo proponía la iniciativa presentada por Morena.

“Me parece que está muy claro lo que está pasando aquí. Es la misma estrategia que en el caso de la Ley de Remuneraciones, votan a favor subiéndose a tribuna diciendo que están de acuerdo con la ley, pero reservan todos y cada uno de los artículos para votarlos en contra. Es otra vez lo mismo, es el mismo cuento de siempre: se quiere engañar al pueblo de México diciendo que están a favor de la eliminación del fuero y lo que quieren es resguardar sus privilegios”.

Por su parte, el legislador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que su grupo parlamentario “está cien por ciento de acuerdo en eliminar el fuero, pero de ninguna manera por quitar esta figura vamos a permitir que atropelle el derecho de todos los ciudadanos. El asunto de fondo es que no se permitió ni siquiera respetar uno de los derechos humanos que tienen todos los ciudadanos: la presunción de inocencia en un juicio, no hablemos de funcionarios, de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano vinculado a proceso iba a tener suspensión de derechos ciudadanos como mexicano. Esto vulnera totalmente las garantías constitucionales”.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), expresó que la motivación del dictamen atiende un reclamo de distintos sectores de la sociedad.

Puntualizó que más allá del fuero y la inmunidad persiste la impunidad, pues la realidad es atroz, sobre todo cuando se puede vincular a proceso a quienes han concluido su encargo y no son llamados a cuentas por la justicia, o cuando se trata de aquellos que saltan de un cargo a otro para esquivarlas.

Subrayó que la sujeción a proceso penal debe realizarse sin tener como requisito una declaratoria de procedencia como hasta ahora se establece, a condición de que el procesado se mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria, en cuyo caso perdería la inmunidad y el cargo.

Previó a la votación, el diputado Horacio Duarte Olivares (Morena) destacó que estas reformas constituyen un gran acto de democracia y congruencia. Significa “decirle a los ciudadanos que la Cuarta Transformación va en serio y no vamos a frenarnos por chantajes”.

Del PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera indicó que no basta una simple reforma de la ley para quitar privilegios, ya que para lograr la verdadera transformación, se requiere un cambio de conciencia y mentalidad para transitar en esta democracia y lograr la igualdad social y jurídica que los mexicanos.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) recordó que el Congreso Constituyente incorporó el fuero en la Carta Magna para garantizar la libre expresión de las ideas de los tres Poderes de la Unión, sin que ello fuera motivo de represión, persecución o censura; sin embargo, al paso del tiempo, “la irresponsabilidad con que esta figura ha sido utilizada por parte de algunos servidores públicos ha causado justificada molestia entre la población”.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado del PES, sostuvo que el reclamo más sentido de la ciudadanía es contra la corrupción y en esta Cuarta Transformación “no permitiremos que se atente contra el interés público nacional”.

La diputada Ana Ruth García Grande (PT) mencionó que en la Comisión Jurisdiccional existen 300 quejas contra servidores públicos, las cuales no tuvieron ningún trámite y se encuentran durmiendo el sueño de los justos.

Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez señaló que México se encuentra entre los países que otorgan la inmunidad a un mayor número de funcionarios, al menos 2 mil 543. “Quitemos el velo protector que ha cubierto y perpetuado a la clase política. Hagamos de un México, un país sin fuero”.

Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, expresó que se debe garantizar el libre funcionamiento de los poderes públicos, pero sin impunidad.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) dijo: “Aspiramos a que las posiciones de gobierno y representación popular se ejerzan sin la mayor suspicacia o sombra de duda sobre la probidad y honradez de quienes los ostentan”.

En el dictamen, el artículo 61 sustituye la palabra “fuero” por “inmunidad” constitucional, para señalar que “el presidente o presidenta de cada Cámara, velará por el respeto de la inmunidad constitucional de las y los integrantes de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario”.

El mismo artículo establece que las diputadas y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten o difundan, las propuestas legislativas o votos que emitan, durante el tiempo en que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser procesados ni juzgados por ellas.

La reforma al artículo 74, elimina como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del artículo 111 constitucional.

También, la de conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos, a que se refiere el artículo 110 de la Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

En tanto, en el artículo 108 precisa que la o el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado, en términos del artículo 111 de la Carta Magna; elimina las causales por traición a la patria y delitos graves del orden común.