Por: Redacción

La presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez (PRI), afirmó que aprobar la minuta avalada en el Senado sobre la nueva Ley General de Víctimas “sería un peligro, y traería más impunidad que beneficios; es una ley frágil, con errores y lagunas”.

Al inaugurar en San Lázaro, el foro “Sobre la Ley General de Víctimas”, expuso que el artículo 10 de la ley, que es el tipo penal, tiene que cumplir tres supuestos: que se prive la libertad de una persona; que sea con fines de explotación, y que se haga a través de los medios comisivos, que son amenazas, seducción o engaño. “Si estos tres no se cumplen entonces, definitivamente, no puede ser procesado el delincuente”.

“Si se accediera a este tipo penal nuevo, los más de 600 casos que hay a nivel nacional de procesos encarcelatorios, saldrían libres porque no cumplirían con el tipo penal como hasta ahora, y la ley es retroactiva para beneficio”.

Estos casos, -algunos están en la Segunda o Tercera Sala Penal, en trayecto de ser procesados- todos caerían. “Las averiguaciones y todos los procesos, en el momento en que entre en vigor la ley caerían, y sería una lástima”.

Refirió que “este tipo penal es exactamente igual al de 2007, año en el que no tuvimos ninguna condena; por ello, podemos evaluar que la ley no es de lo mejor”.

La ley, continuó, es frágil porque “tiene errores y lagunas”. Hay muchos abogados penalistas, especialistas en hacer este tipo de cuestiones. Por eso es que tenemos que analizar mucho más profundamente el tipo penal.

La Comisión Especial ya emitió una opinión sobre la minuta; falta por hacerlo la Comisión de Derechos Humanos, y la Comisión de Justicia tendrá que emitir su dictamen.

Fernández Márquez informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “refiere 20 mil casos anuales de trata en México. Pero no hay un dato concreto, porque en muchos estados ni siquiera es un tema relevante”.

“En algunas entidades hay dos averiguaciones previas, y sabemos que no son todos los delitos de trata que ocurren; hay muchas autoridades que todavía no lo toman como un delito relevante” comentó.

“Nosotros sabemos que hay muchas fosas clandestinas, y personas secuestradas, a causa de este delito. Esta ley, tiene una relevancia importante para poder restituir los derechos de las víctimas y poder mejorar la justicia en el país”.

Sobre el Fondo para las Víctimas de Trata, la nueva ley lo derogó. “La ley del Senado derogó este fondo, y nosotros seguimos peleando para que lo haya, por las muchísimas víctimas de trata que necesitan ser reparadas, y hoy por hoy no hay presupuesto, ni un peso, para esa Ley de Trata”.

La presidenta de Alto al Secuestro A.C, Isabel Miranda de Wallace, consideró necesario modificar los artículos 1, 8, 65, 67, 68 y 149 de la Ley General de Víctimas, a fin de dar un trato igualitario a los afectados, y tengan acceso a la reparación del daño.

Esa ley, dijo, “es letra muerta”, ya que únicamente 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal, y sólo 6 de ellos cuentan con un fondo de apoyo. Otra inequidad, agregó, es que no existe obligación de parte de las entidades, para contar con abogados victímales.

Samuel González Ruiz, quien fuera titular fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, comentó que el haber pasado la defensoría de las víctimas del modelo anterior, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con tan pocos abogados, generó dejar desprotegidos a los afectados.

El fondo de apoyo a víctimas no ha logrado la reparación del daño debido a los criterios burocráticos para poder acceder a él. “Contempla un monto de 2 mil millones de pesos; sin embargo, no se ha apoyado a las víctimas”.