Por: Redacción/

Con 74 votos en favor y 29 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana la cual sustentará una política administrativa para optimizar los recursos con que cuenta el Gobierno.

El dictamen devuelto a la Cámara de Diputados, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.

Con ello, se busca aportar elementos técnicos que sustenten posibles ajustes al contenido de los marcos jurídicos por parte del Congreso, a fin de reducir riesgos, irregularidades y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental.

Con su aplicación se obtendrán ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos, ya que se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto, ahorros que derivarán de diversos rubros.

Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.

Con el nuevo ordenamiento quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.

También limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Su cumplimiento tiene fines de utilidad pública y de servicio directo a la población para reducir el costo al erario federal.

Además, norma la constitución, extinción y funcionamiento de fideicomisos, fondos o mandatos encaminados a un manejo más transparente de los mismos.

Los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos tomarán las acciones necesarias para cumplir con la ley, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana.

Con ella, se prohíben las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado mexicano en el exterior corresponde únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Queda prohibido remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo, así como el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Púbica a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.

Además, establece que ningún servidor público podrá disponer de seguridad personal de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos en la normativa que regule su actividad.

Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Presentación del dictamen

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, señaló que se aplicarán medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez.

Se transitará, dijo, hacia un Estado de Derecho que garantice una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas. Se incorpora, además, la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público.

El senador de Morena afirmó que el Gobierno tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, como resultado de la optimización de los recursos. Se busca mejorar la calidad de vida de la población en situación de precariedad, así como desarrollo sostenido y sustentable, manifestó.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, criticó que la función del servicio público en México se ha concebido como un espacio de privilegio social patrimonial. No como un auténtico mandato democrático de servicio para el bien común.

Ante ello, expresó, la minuta representa una manifestación de voluntad política, sin precedentes en la historia, dirigida a revindicar el manejo de los recursos económicos del Estado para el verdadero servicio de la sociedad, con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

Dijo que se pretende impulsar una política de Estado, basada en la austeridad republicana. Entendida esta como una directriz que obliga al Gobierno a combatir la desigualdad social y la corrupción, además de garantizar que los bienes y recursos sean administrados conforme a los principios constitucionales para los que están destinados.

Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios

El senador del PRD, Antonio García Conejo, aseguró que con la reforma se le atribuyen competencias que no le corresponden a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Es necesario, dijo, generar verdaderos contrapesos, así como disminuir las decisiones discrecionales, políticas o populistas que no se sustentan con evidencia o análisis sus impactos.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, refirió que la Ley Federal de Austeridad Republicana marca un inicio para retomar el sentido social del servicio público, permitiendo generar ahorro, atender de manera eficiente las demandas sociales y destinar mayores recursos a los programas que generen un desarrollo más incluyente.

En su turno, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, afirmó que la austeridad republicana significa dignificar el servicio público, una obligatoria reingeniería institucional, y debe, por antonomasia, combatir el derroche y el dispendio. Señaló que se traducirá en no más opulencia en los gobiernos federal, estatal y municipal.

El senador Samuel García Sepúlveda afirmó que Movimiento Ciudadano está favor de la austeridad, pero “estaremos buscando la acción de institucionalidad” en contra el dictamen porque, entre otros puntos, la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos suscritos con empresas extranjeras o nacionales viola el artículo 25 de la Carta Magna.

Para la senadora Vanessa Rubio Márquez, del PRI, el candado de cinco años para que los servidores públicos no puedan laborar en la iniciativa privada después de dejar el cargo “pasa por encima por el artículo 5º de la Carta Magna, que dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Del PAN, la senadora Minerva Hernández anunció el voto en abstención de su bancada. Dijo que en la discusión del dictamen en comisiones faltó valor al Grupo Parlamentario mayoritario para escuchar y ser tolerante a las advertencias que se hicieron sobre los innumerables vicios que tiene la ley. “No mostraron voluntad para construir consensos. Por el contrario, en su afán de darle gusto al Presidente, están mandado al diablo a las instituciones, pues hicieron a un lado la técnica jurídica, la práctica parlamentaria y el mínimo de sentido común”.

Al fijar el posicionamiento de Morena, la senadora Lucía Meza afirmó que con la aprobación de esta ley se acabará con un cáncer histórico y se ahorrarán 50 mil millones de pesos que serán destinados al ahorro y a los más pobres del país. Señaló que han pasado décadas y sexenios de una clase política y de Poder, llena de privilegios, “y esa pésima cultura se acabará a partir de hoy. El derroche de la llamada burocracia dorada la vamos a extinguir”, advirtió.

Modificaciones al dictamen

El Pleno aprobó la reserva presentada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, para que en el artículo 17 se estableciera que los fideicomisos o mandatos sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Pleno también avaló una reserva presentada por el senador de Morena, Félix Salgado, al artículo 24 para precisar que los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información “privilegiada” en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Es decir, aumentó cinco años, respecto del dictamen original.