Por: Redacción/

La diputada Cynthia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación, afirmó que la aplicación del eventual programa del gobierno federal “La escuela es nuestra” sería “un error de consecuencias catastróficas”.

“El nuevo ordenamiento genera lagunas jurídicas preocupantes, principalmente en materia de supervisión de la seguridad estructural de las escuelas, con lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en las escuelas y hace recaer toda la responsabilidad en los gobiernos estatales”, dijo en un comunicado.

El pasado 16 de julio, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, anunció el programa “La escuela es nuestra”, mediante el cual se entregarán 20 mil millones de pesos directamente a las escuelas de las comunidades más pobres, para el mejoramiento de su infraestructura.

“Esto pone en grave riesgo a los alumnos, pues no se prevé el cumplimiento de estándares mínimos de calidad ni supervisión técnica suficiente”, consideró, al tiempo que aseguró que el 60 por ciento de los daños registrados en el sismo de septiembre de 2017 fueron en aulas autoconstruidas.

Explicó que con esta nueva modalidad se busca asignar recursos de manera directa y asigna facultades de decisión a los consejos escolares de participación social, lo cual es un impulso a la participación social, pero deja a un lado la inversión regular en infraestructura y mantenimiento.

Aunado a ello, apuntó, “se eliminan algunos lineamientos como garantizar condiciones mínimas de calidad, seguridad, funcionalidad, oferta suficiente de agua potable y estipula una distribución de atribuciones entre los tres órdenes de gobierno”.

Advirtió que ésta es la antesala para desaparecer el Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa y su entramado jurídico, a través del cual se garantizaba que los recursos se apliquen con transparencia y no se desvíen a otros rubros.

“Aprobar esta modificación en el marco jurídico –en el próximo periodo extraordinario- haría a los legisladores que lo avalen, corresponsables de accidentes fatales en las escuelas, como consecuencia de esta mala política”, subrayó.

“Al desaparecer al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, la responsabilidad sobre la seguridad de los planteles recae exclusivamente sobre las autoridades estatales”, finalizó.