Por: Redacción

La Comisión Ejecutiva Nacional de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, CNPA MN, que encabeza Francisco Jiménez Pablo y el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) anunciaron acciones de resistencia contra los mega-proyectos que dañan a las comunidades indígenas y campesinas así como en contra de los aumentos a las tarifas eléctricas y combustibles por lo que este lunes realizarán la toma consorcios mineros y secretarías de Estado.

Dicha protesta en oficinas de las empresas FRISCO, AUTLAN y LIVING WATER, es para reclamar el retiro de la industria minera de los territorios y simultáneamente en diversos estados del país paralizarán y clausuraran las minas e hidroeléctricas conjuntamente con los pueblos.

Lo anterior, indicaron Alberto Galindo y Roberto Rico, miembros del FICAM “porque el gobierno está violando de manera sistemática y reiterada los tratados internacionales”.

En conferencia de prensa, indicaron que el martes 17 se movilizarán en las secretarías de Energía, CNDH, CONAGUA y Semarnat.

Asimismo, comentaron que en una jornada del 18 al 20 de este mes, harán bloqueos en las secretarías de Desarrollo Social, Sedatu y CDI.

Los reclamos son armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales que contengan Derechos Humanos, la legislación nacional con el Convenio 169 de la OIT determinando el carácter vinculante de la consulta, con consentimiento previo, libre e informado, en los términos establecidos por la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También el FICAM exige, en voz de Alberto Galindo y Roberto Rico, que el Gobierno cumpla con las 14 Recomendaciones para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como resultado de la visita oficial al país en octubre de 2015.

Del mismo modo reclama un alto a los gasolinazo y al alza de los productos básicos como la tortilla así como un mayor presupuesto para las comunidades indígenas y campesinas.

Recordaron que desde el primer día de enero, la indignación popular se hizo presente en el país, desencadeno una enorme movilización popular, algunas de estas auspiciadas pero otras encontraron una válvula de escape de la sociedad, una gran ira acumulada broto desde lo más profundo de los tantos agravios a la población.

Sin embargo es un acumulado de derechos básicos violentados, las desapariciones y la criminalidad son el pan de cada día en México, según el Registro Nacional de datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas el RNPED los tres estados con más casos de desaparecidos son Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Aunado a esto los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son una parte del proyecto de muerte y crimen que el Gobierno quiere ocultar. Los Estados más violentos son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.

La violación sistemática y retirada de los derechos humanos está a la vista y la política de privatización del agua, la contaminación transgénica de los maíces criollos y la extracción de petróleo y gas mediante la tecnología del fraking (o fractura hidráulica), ha provocado zozobra, malestar e incertidumbre en las comunidades originarias debido a los altos impactos ambientales, culturales, sociales económicos, ecológicos y espirituales.

Lo más lamentable, indicaron, es que la construcción de presas hidroeléctricas en México responde a un proyecto del imperialismo norteamericano y canadiense para generar un gigantesco mercado de energía eléctrica que servirá para la minería, los puertos privatizados, las maquiladoras y otros proyectos de las trasnacionales.

Aunado a lo anterior está el malestar social ante el alza de la gasolina que demuestra una falta de sensibilidad social, mientras el salario mínimo subió un 7%, las gasolinas, 14.2%, la magna. 20.1% la Premium y el diésel 16.5%.

Esta política económica está generando una reacción inflacionaria de bienes y servicios bajando considerablemente el poder adquisitivo de las familias, en más de un 20% principalmente en las zonas indígenas y campesinas, concluyó el FICAM.