Por. Redacción/

Con el objetivo de afianzar la imparcialidad institucional y contener cualquier intromisión de las instancias gubernamentales en los procesos elctorales, la senadora Angélica de la Peña propuso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimienos Electorales.

En su exposición de motivos, la legisladora por el Partido de la Revolución Democrática,  considera conveniente y fundamental para la vida democrática nacional establecer como infracciones a la Ley electoral por parte de las autoridades o los servidores públicos del ministerio público, el uso de información que tenga a su disposición para afectar a un determinado aspirante a un puesto de elección popular

Señala que esto permitirá dotar al INE de mayores facultades para garantizar que las contiendas electorales se desarrollen en igualdad de circunstancias para todas las y los actores políticos.

Apunta que la guerra sucia electoral adquiere otra dimensión cuando se fomenta desde las instituciones del Estado, particularmente de las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia.

Al respecto, la legisladora señala que un suceso que ha generado inquietudes respecto a la imparcialidad de las instituciones en el proceso electoral, ha sido la información difundida de que la Procuraduría General de la República inició una investigación que involucra a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.

Refiere que esto ha provocado  críticas entre la opinión pública por haber ocurrido dentro del periodo electoral y, en opinión de algunos analistas y periodistas, consideran que la instuitución de metió en el proceso de la elección presidencial con el fin de beneficiar al PRI.

Por lo anterior, la iniciativa de la senadora Angélica de la Peña propone reformar el inciso f) numeral 1 del artículo 442 de dicha ley, para incluir a la Fiscalía General de la República o sus homólogas de las entidades federativas, como sujeto de responsabilidad por infracciones a las disposiciones contenidas en ese ordenamiento.

También se propone reformar el numeral 1 del artículo 449 de la a Ley electoral para considerar como una infracción a  a la misma, la utilización del uso de información, recursos humanos, materiales, financieros que tenga a su disposición para afectar a determinado precandidato, candidato, candidato independiente, partido político o calición.