Por: Redacción/

Integrantes de las comisiones de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos, se reunieron con empresarios del sector minero y con representantes del próximo gobierno, para analizar la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.

Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, reconoció que en el sector existe preocupación e inquietud por la iniciativa presentada, de ahí que pidió participar en el análisis a profundidad “de las consecuencias que podría tener la aprobación de una propuesta de esta naturaleza”.

Indicó que la reforma plantea una serie de opciones adicionales con las que podrían perderse concesiones, lo que “nos causa incertidumbre. Está en todos los agremiados la preocupación de qué va pasar con la Ley Minera y si seguirán existiendo las condiciones en el país para seguir invirtiendo”.

Refirió que México ha perdido mucho la atracción de inversiones. En 2012 ocupaba el número 11 en esta materia. En el último estudio, de febrero de este año, bajó al lugar 44.

El empresario informó que la industria minera genera 371 mil 500 empleos directos en el país y 2 millones de forma indirecta; paga 14 mil 446 millones de pesos por el derecho minero, establecido en 2014, y erogó por impuestos 35 mil millones de pesos el año pasado.

Para seguir creciendo, dijo, la minería necesita certidumbre, pues son inversiones a largo plazo con 10 años de maduración. Es muy importante tener certidumbre jurídica para seguir generando inversiones, empleo y bienestar en las comunidades donde operamos.

En tanto, el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, comentó que la contribución de la actividad minera ha sido muy importante para la economía pero, dijo, se tiene que señalar que hay una serie de factores que afectan la buena marcha de la economía y que no es culpa ni de la política económica del Estado ni de la legislación. “A veces es muy fácil acusar a cualquier iniciativa o propuesta de lo que pasa en el mercado”, apuntó.

En este sentido, señaló que no se ha mencionado que casi una tercera parte del territorio nacional ya está concesionado, que hay un acaparamiento brutal de la tierra y del suelo mexicano en manos de las grandes empresas mineras. Además, que muchas de las concesiones no terminan en desarrollos mineros sino en otras actividades.

La ley, abundó, se ha ido flexibilizando y ahora se dan concesiones hasta por 50 años, prácticamente sin ninguna condición para poder ser canceladas, ni cuando se incurran en casos graves de contaminación, violación a derechos laborales y humanos ni por la falta de oportunidades a personas y comunitarios.

Se requiere certidumbre ¿para qué? ¿para continuar la actividad minera en los términos en los que se viene dando? ¿en la gran concentración de tierras? ¿cuál será el límite al acaparamiento de las tierras?, preguntó a los empresarios.

Gómez Urrutia dijo que tiene que existir una regulación de las actividades mineras con gran responsabilidad para garantizar el futuro y desarrollo del sector, sin abusos ni contaminación y de manera pacífica.

A nombre del clúster minero de Zacatecas, Jaime Lomelí Guillén dijo que están interesados en formar parte de las decisiones que se tomen en el recinto legislativo para impulsar una minería moderna, compatible con el medio ambiente, con beneficios compartidos con las comunidades y generadora de certeza jurídica para las empresas.

Ante la falta de apoyos, el presidente de la Asociación de Pequeños Mineros de Sinaloa, Huascar Peña Inzunza solicitó una “amnistía fiscal” para aquellos que no han recibido apoyos y están en riesgo de perder sus predios por no poder pagar sus derechos de explotación.

Asimismo, solicitó se impulse la creación de una Comisión Nacional de Pequeña Minería, que brinde protección a los pequeños mineros del país.

La senadora Verónica Martínez García, del PRI, advirtió que la iniciativa contiene inconsistencias de facultades entre organismos y contempla una doble tributación para las empresas mineras.

Francisco Quiroga Fernández, próximo subsecretario de Minería, dijo que existen retos para lograr un desarrollo balanceado, la inclusión, la justicia social, la pacificación y reconciliación, así como para reconocer los derechos políticos y sociales de más vulnerable.

Al término de la reunión, la presidenta de la Comisión de Minería, Geovanna del Carmen Bañuelos, decretó receso para continuar el análisis y discusión de la iniciativa. Queremos escuchar su opinión y conocer los distintos puntos de vista desde la óptica empresarial, de medio ambiente y laboral, explicó.

Solamente se puede lograr el perfeccionamiento de un marco jurídico o del sistema de gobierno cuando se es incluyente, tolerante y se apuesta a la pluralidad y al conocimiento de todos los involucrados, puntualizó.