La Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas acordó convocar a representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) para que amplíen la información sobre la solicitud de 103 comunidades indígenas para integrarse al listado de comunidades indígenas reconocidas oficialmente y acceder a políticas públicas y apoyos para los pueblos originarios.

En reunión de trabajo atestiguada por Juan Alfredo Bello Chávez y Eder Méndez Eleno, vocal ejecutivo y subdirector de Desarrollo Cultural Indígena del CEDIPIEM, respectivamente, el diputado proponente y presidente de la Comisión, Braulio Álvarez Jasso (PRI) y la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) coincidieron en la oportunidad de trabajar por un mayor presupuesto en materia indígena para 2024.

El diputado Braulio Álvarez coincidió con su compañero de bancada, el legislador Iván de Jesús Esquer Cruz, en abrir la oportunidad de admitir más peticiones de comunidades locales de reconocimiento de esta condición, pues han expuesto su interés de ser tomadas en cuenta y reconocidas también como indígenas.

Recordó que desde la publicación en 2013 del decreto que enlista las comunidades mayoritariamente indígenas, 875 solicitaron también este reconocimiento, de las cuales precisamente 103 reúnen los requisitos para alcanzarlo. No obstante, agregó, del estudio de otras solicitudes este número podría ampliarse. Apuntó que varias comunidades pertenecen a cinco municipios que no se consideraban con población originaria: Chalco, Ecatepec, Nicolás Romero, Polotitlán y Teotihuacán.

La legisladora Anais Burgos, quien pidió también se invite a representantes de comunidades ya reconocidas a que expongan si ha tenido beneficios por su condición originaria, señaló que la deuda con estos pueblos no se resuelve por decreto, y que es necesario escucharlos y construir las políticas públicas del caso para ellos y con ellos.

Consultó a los servidores presentes sobre los beneficios para las poblaciones indígenas, si sus condiciones de vida han mejorado, si el estado cumple su obligación de garantizar el disfrute de sus derechos, por cómo se les apoya con el programa Familias Fuertes, si se defienden sus derechos humanos y si el CEDIPIEM cumple con sus funciones.