Por: Redacción/

En el foro “La Regulación u Operación de las Agencias Calificadoras de Riesgo, Experiencias Internacionales”, legisladores y economistas analizaron el papel de estos instrumentos financieros en la economía mundial y consideraron indispensable que trabajen bajo parámetros que garanticen su objetividad y confiablidad

El encuentro tuvo como objetivo conocer las experiencias y los distintos modelos de regulación y operación aplicados a las agencias calificadoras de riesgo en el mundo. Además de reflexionar sobre los escenarios y alternativas para perfeccionar o fortalecer el marco jurídico en México.

En la inauguración, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, destacó que los temas que influyen en la vida pública de nuestro país deben ser motivo de reflexión, sobre todo cuando se busca impulsar el crecimiento económico para beneficio de la sociedad.

Dejó en claro que en la Cámara de Senadores no se ha planteado ninguna reforma legislativa sobre las calificadoras. El tema, agregó, no forma parte de la agenda del periodo extraordinario ni está en la de los Grupos Parlamentarios.

“No vislumbro que sea un tema madurado para que pueda tomarse alguna decisión. Entonces este es, sobre todo, un ejercicio de reflexión. Tenemos todo el derecho de hacerlo porque se trata de la obligación de cuidar a nuestro país”, apuntó.

Nos llama la atención que en la búsqueda de la reactivación del sector público energético, particularmente del petrolero, haya motivado las preocupaciones de estas agencias. Naturalmente tenemos que analizarlo, porque el objetivo del gobierno, de echar a andar la infraestructura petrolera pública construyendo refinerías, ha motivado decisiones de las calificadoras en contra de la economía mexicana, expresó.

No obstante, “el objetivo del gobierno, de combatir el robo de combustible, que ha derivado en la mejora de las finanzas del sector público energético, no ha motivado una calificación nueva, positiva, mayor, por parte de estas agencias calificadoras. Ambas cosas nos sorprenden mucho”.

A su vez, el senador Salomón Jara destacó que es necesario, oportuno y legitimo realizar un análisis sobre el papel que este tipo de agencias han jugado en distintas partes del mundo. Se busca, agregó, abrir un debate sobre la metodología y operación con las que dichas instancias se pronuncian en torno a la producción y a la conducción económica de un país.

Consideró que en cualquier sistema que se precie de ser verdaderamente democrático no debe existir temas tabú o vetados. Plantear una discusión profunda sobre el papel de las agencias calificadoras no debe ser entendido como una simple ocurrencia o despropósito.

Refirió que la legislación mexicana ya regula, desde 2014, el trabajo de esos organismos financieros. A todos conviene que se generen mejores condiciones para que las calificadoras puedan seguir trabajando y contribuyendo, con base en parámetros que garanticen su objetividad y confiablidad.

Es precisamente la regulación, y la certidumbre que de ella se deriva, el factor que permite que las inversiones e inversionistas sigan operando con toda normalidad en aquellos países donde existen controles, aún más estrictos, para esos organismos, puntualizó.

A su vez, Arturo Huerta González, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que las calificadoras han adquirido “un poder tremendo”, incluso, más que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Expuso que esas instancias condicionan su calificación a cambio de políticas económicas que contemplen austeridad fiscal, lo que frena la actividad productiva, propicia menor recaudación y dependencia del capital internacional.

Las calificadoras, abundó, están por la mayor privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Dicen que el apoyo a tales empresas impactará las finanzas públicas y comprometerá el pago de la deuda; es decir están con la política de los anteriores gobiernos neoliberales”.

El académico recordó que los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en Pemex y la CFE para lograr la austeridad fiscal, a costa de ampliar la frontera de inversión al capital nacional e internacional en los sectores estratégicos de alta rentabilidad. Ahora que el gobierno quiere recuperarlo, le bajan la calificación. Trabajan para el gran capital internacional y nacional, advirtió.

Al hablar de la experiencia en Europa, el ex eurodiputado Ricardo Cortés Lastra aseguró que dichas agencias y sus calificaciones de riesgo fueron “un asunto estratégico” en el desarrollo de la crisis económica de ese continente.

A mediados del 2000, dijo, cometieron graves errores y no se dieron cuenta que había un enorme riesgo con una serie de actividades, empresas e inversiones que habían creado los bonos tóxicos.

Fueron responsables de ello, porque no calificaron determinados activos con el riesgo que debían. Se descubrió que esos instrumentos financieros acabaron resultando la ruina de miles de personas en la Unión Europea.

Ante ello, dijo que Europa decidió avanzar en 2013 en la legislación para regular de una manera más profunda a dichas agencias de calificación.

La senadora Ifigenia Martínez, de Morena, expuso que las agencias calificadoras internacionales, Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, operan en nuestro país desde hace 30 años. Sorprende, señaló, que no incluyeran en sus recientes evaluaciones el índice de recuperación financiera de Pemex, y a nivel económico dieron al país la calificación más baja de los últimos años, lo que nos sitúa en plano negativo para la inversión privada.

“Estoy consciente que se deben encontrar nuevas fuentes de recursos públicos propios, los cuales sólo pueden provenir de la reforma fiscal progresiva que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo los economistas, y que debería implementarse a la brevedad. Incluso, debe formarse una comisión mixta para éste propósito y que cada mexicano contribuya a los pagos (de impuestos) de acuerdo con sus recursos”.

Para evitar la corrupción, indicó, debe aplicarse un manejo estricto de las finanzas públicas.

Sobre las recientes evaluaciones de las calificadoras que afectan la percepción de México ante inversionistas, aseguró que los riesgos son generados por la suma de diversos problemas:

Primero, las calificadoras tienden a ser procíclicas. Es decir, si detectan un riesgo de deterioro económico lo magnifican. Dos, tienden a subestimar los resultados de los cambios estructurales. Tres, no tienen capacidad de anticipar shocks o ajustes fuertes, de modo que al calificar al país, optaron por predecir un panorama pesimista que no comparan con el análisis de resultados de los cambios de política económica promovidos por el nuevo gobierno.

Por esto, subrayó, se concluye que las calificadoras no fueron objetivas en su evaluación. Ni en la administración pasada ni en la actual. Hay que ver sus resultados con mucho cuidado. Se debe promover una mayor cercanía de ellas con el Congreso de la Unión, para que sus conclusiones sean más estandarizadas y previsivas en estadísticas, a fin que sus análisis sean estudiados por las comisiones legislativas en forma adecuada.

Por su parte, Claudia Villegas, reportera de la revista Fortuna, aseguró que las calificadoras internacionales no quieren entender cuáles son las prioridades de la economía sustentable, más allá de que se les tiene que dar información y pagarles muy caro por realizar su trabajo.

Se dedican, dijo, a observar las economías de los países para calificarlas en positivo o descalificarlas. Se trata de oligopolios con tarifas fijas, con las que cobran muy caros sus servicios. Cuando tienen algún problema o sus pronósticos no resultan como predicen, simplemente se hacen a un lado, “se lavan las manos”, manifestó.