Por: Redacción/

En la segunda jornada de las audiencias públicas para analizar la minuta que crea la Guardia Nacional, senadores, organizaciones y colectivos sociales intercambiaron puntos de vista sobre los efectos que la nueva corporación podría ocasionar a los derechos humanos.

La presidenta de la Comisión respectiva, Kenia López Rabadán, subrayó que la situación actual de inseguridad en el país y el hecho de contar con más de 40 mil desaparecidos, mil 200 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, “nos hace conscientes de la necesidad de realizar acciones que permitan combatir este flagelo”.

Sin embargo, objetó, debemos contar con todos los elementos para poder decidir, sin margen de error, sobre la estrategia que debe ser aprobada en este cuerpo colegiado. Reconoció que el proyecto es el documento más importante que se ha analizado en el Congreso de la Unión, por lo que su discusión debe ir acompañada de la sociedad.

Las audiencias para analizar la propuesta, aseveró, “no son causa suficiente para afirmar que nos encontramos en un verdadero ejercicio democrático, ya que la Cámara de Senadores deberá ser receptiva de las opiniones y conclusiones” de los ponentes, para que sean plasmadas en el documento final.

La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de Morena, destacó que “el tema de los derechos humanos es algo que nos ocupa de manera importante” y por ello queremos escuchar a quienes, a lo largo de los últimos años, han sido víctimas.

Destacó la importancia de que el Senado de la República abra sus puertas para que todos podamos opinar en un tema tan relevante. Sin duda, dijo, éste es uno de los ejemplos de la transformación que se vive en nuestro país.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que la propuesta para crear la Guardia Nacional “no es pertinente ni viable. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno, ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad”.

Dijo que después de los espacios abiertos para expresar opiniones sobre la reforma, preocupa que los ajustes que se le han realizado “no sean suficientes para fortalecer la institucionalidad civil, acotar la participación de las Fuerzas Armadas y brindar certeza sobre los tiempos y los términos para ello”.

Es, subrayó el ombudsman nacional, “una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se le deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza”.

González Pérez propuso un grupo de análisis especializado y plural, que construya una ruta para corregir las deficiencias, impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles para que asuman las tareas de seguridad pública, y contemple un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a sus funciones.

José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pidió a los legisladores rechazar cualquier proyecto que militarice la seguridad pública temporal o permanentemente. Les recordó que tienen la obligación de impedir una “atrocidad jurídica” que ponga “en riesgo los derechos humanos”.

Señaló que el modelo de seguridad propuesto por Morena descansa en instituciones integradas por cientos o miles de funcionarios involucrados en hechos delictivos, incluidos asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, delitos contra la salud y de corrupción, entre otros.

Acusó a integrantes de las Fuerzas Armadas de cometer delitos graves relacionados con la producción y tráfico de drogas. No obstante, concluyó, desconocemos el nivel de involucramiento de estos funcionarios, pero pesará sobre ellos una sombra de desconfianza.

En tanto, el padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos, explicó que debido a la situación de emergencia en que administraciones anteriores dejaron al país, en el caso de la Guardia Nacional no se puede elegir entre lo bueno y lo malo. “Estamos escogiendo el mal menor”, sentenció.

Hay que recordar que partimos de un país en crisis, violento y corrupto, donde las instituciones de seguridad y de procuración de justicia están infiltradas por el crimen organizado y la corrupción. Hemos recibido un narcoestado, advirtió.

El activista aceptó que las Fuerzas Armadas han cometido abusos y atropellos a los derechos humanos pero, recalcó, no se olviden que en el ejército hay cadenas de mando y los comandantes supremos han sido civiles “corruptos”. Es decir, indicó, las instituciones no son intrínsecamente malas, sino que han sido mal manejadas.

Sí, nos encontramos ante una situación excepcional y lo ideal debería ser que los militares ocuparan el lugar que les corresponde. Pero qué alternativas tenemos ante la falta de policías bien formadas, capacitadas y que no estén infiltradas por el crimen organizado, preguntó.

Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad sin Guerra, advirtió que el Congreso de la Unión está a punto de “destruir” el modelo de país que el Constituyente de 1917 estableció para vivir en democracia. “Todo bajo el argumento de que la emergencia nacional justifica cambiar para siempre el paradigma de la seguridad pública”.

Subrayó que el modelo de seguridad que pretende constitucionalizarse es de corte militar. Debido a ello, este Congreso no tiene facultades para realizar esta reforma constitucional.

Nuestra constitución, puntualizó, podría ser destruida o sustituida de concretarse esta reforma. El modelo de seguridad ciudadano, de aprobarse la minuta que hoy se discute, señaló, sería destruido al establecer un régimen de subordinación de civiles a militares y una expansión ilimitada de las funciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, refirió que desde hace muchos años en México “estamos ante un Estado abierto hacia un proceso de militarización, que ha empobrecido y causado una situación de ingobernabilidad”.

Sabemos cómo funcionan, cómo detienen, cómo interrogan y cómo someten a la población. “Por eso, nos preocupa mucho que se simule que la Guardia Nacional empezará con Ejército inmaculado. Hablan de que va a tener un mando civil, cuando la cuestión operativa seguirá en mandos militares y ahí es donde está problema”, expresó.

Alicia Rabadán Sánchez, madre de Jorge Antonio Parral, aseguró que su hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial durante un operativo militar en Nuevo León. Este caso, denunció, “representa el proceder del Estado mexicano para perpetuar la impunidad, protegiendo a los victimarios que son militares y forman parte de la elite intocable de nuestro país”.

Estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses. En este sentido, expresó, solicitamos su intervención para impedir la implementación de la Guardia Nacional.

En su turno, Antonio Magaña, integrante de autodefensas de Michoacán, aseguró que de ninguna manera se militariza al país con la Guardia Nacional. Dijo que esta reforma es un complemento a la solución del problema tan complejo que se vive en el país, pues el cuerpo policiaco salvaguardará la vida, seguridad y derechos humanos de las personas.

Sin discurso escrito, Hipólito Mora, fundador de autodefensas en Michoacán, habló desde la tribuna con el corazón -como él mismo planteó-, para suplicar y exigir a los senadores que por un momento se olviden de sus partidos, “se olviden de pensar nada más en sus intereses personales y piensen más en México y en los mexicanos, porque los necesitamos unidos, sin diferencias”.

Cuando el crimen organizado toca algún hogar la visión de esa familia cambia, “sigan con esa idea de no autorizar la Guardia Nacional y cuando le toquen a un familiar, van a decir, ¿qué hice? Entonces recurrirán a las Fuerzas Armadas para que los cuiden y los protejan”.

Con voz en momentos entrecortada y un lenguaje sencillo, Hipólito Mora hizo un llamado a los legisladores para aprobar la minuta y crear la Guardia Nacional. “Entre policías y entre presidentes hay buenos y hay malos, ya calamos a otros presidentes ¿por qué no calamos a López Obrador?

El ganadero michoacano, quien perdió a un hijo en manos de sicarios del crimen organizado, insistió en que es esencial dar seriedad al problema de inseguridad y corrupción. “Casi todos ustedes tienen la capacidad de darle solución a las complicaciones que tenemos en México, apoyando al presidente de México, si ya nos equivocamos con otros, démosle la oportunidad a López Obrador”.